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Eliminar el «gasto superfluo» de las subvenciones a sindicatos y patronal, así como las ayudas a las asociaciones que promueven la cooperación internacional o la «ideología de género», además de derogar la Ley LGTBI de Extremadura, que se aprobó con el Gobierno de José Antonio Monago (PP) en el año 2015. Éstas son las principales exigencias de Vox para abstenerse en el debate de investidura de María Guardiola y facilitar así su investidura después de que la ganadora de las elecciones en Extremadura haya dado ya el primero paso para desbloquear la tensa relación con el partido de Abascal.
El martes, la presidenta de la Junta en funciones llamó a Óscar Fernández, candidato de Vox, para comprobar su predisposición para sentarse a negociar. «El tono fue cordial», apuntan fuentes del PP. «Sólo se trató de un contacto telefónico donde se trató la posibilidad de comenzar a negociar, nada más», aclaran desde Vox.
No se puso fecha para la primera reunión formal, pero al menos se abrieron vías de diálogo, que ya es un paso importante, teniendo en cuenta los antecedentes. «Se ha roto el hielo, que ya es mucho», reconocen con satisfacción en las filas populares. «Guardiola felicitó a Fernández por sus resultados y él lo hizo también con ella», explican valorando de forma muy positiva este rápido movimiento a las 48 horas de cerrarse las urnas.
En 2023, la primera conversación se mantuvo mucho después de la noche electoral porque Guardiola exploró entonces en primer lugar la posibilidad de abstención de Guillermo Fernández Vara. Con la dimisión el lunes de Miguel Ángel Gallardo y un PSOE descabezado, Guardiola no quiso perder el tiempo y ha comenzado a poner las bases para el acuerdo con Vox, teniendo en cuenta demás que, en la tarde de Nochebuena, Ferraz colocó a José Luis Quintana, delegado del Gobierno y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, como presidente de la Gestora.
Por si hubiera alguna duda, él mismo las disipó ayer en su primera intervención pública: «Sería un fracaso que Guardiola nos pidiera la abstención, nosotros no se lo vamos a ofrecer», dijo, negando así cualquier posibilidad al acuerdo que propuso el ex presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Así las cosas, Guardiola y Vox se van a sentar con un documento-base de 200 medidas que no es nuevo porque es el que la formación de Abascal le hizo llegar para negociar los Presupuestos y que la presidenta de la Junta rechazó al detectar medidas «fuera de la ley», según argumentó entonces la portavoz de la Junta, Elena Manzano.
A la vez, habrá que comprobar si Vox decide seguir fuera del Gobierno regional y de las instituciones. Hace dos años y medio, comenzó pidiendo en aquellas negociaciones hasta tres consejerías y la presidencia de la Asamblea de Extremadura, aunque luego fue bajando la apuesta para quedarse con una sola competencia, la consejería de Mundo Rural, que desdeñó al año de comenzar la legislatura. Entonces, tenían cinco diputados y ahora tendrá once.
En cualquier caso, sí parece claro que hay exigencias innegociables de la formación de Abascal que pasan por eliminar (en el 2023 la exigencia era «reducir») las partidas presupuestarias para los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). En el único año que gobernaron juntos y pactaron los primeros Presupuestos, los de 2024, la reducción se quedó en torno al 10%. En concreto, el pago por la participación institucional para estas entidades se redujo de 633.923 euros a 569.700 en cada caso, lo que se tradujo en una bajada de 64.223 euros con respecto a 2023.
Además, Vox pedirá derogar la Ley LGTBI y suprimir las ayudas a las asociaciones ligadas al fomento de la igualdad . A su vez, pedirán eliminar la ecotasa, es decir, el impuesto con el que graba la Junta a las empresas propietarias de Almaraz (unos 90 millones anuales). En este sentido, Guardiola prometió una rebaja gradual, cifrada en 15,5 millones en 2027, 27 millones en 2028 y 45 millones en 2029.
En otro orden de cosas, en su programa incluyen ayudas «contra el fraude» en los procesos de empadronamiento de inmigrantes en los municipios y un programa de reintegración a sus países de origen. En esta materia, exigen eliminar las plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura y un compromiso político para no acoger a ninguno más, además de aplicar pruebas de edad a todos ellos y eliminar subvenciones «que fomenten la inmigración ilegal».
Aumentar el número de médicos, especialmente en zonas rurales, y mejoras retributivas para sanitarios y docentes, además de suprimir el registro de objetores para practicar abortos voluntarios, ayudar a asociaciones pro vida y aumentar las ayudas a la natalidad. En Agricultura proponen librar de «burocracia» al sector, rechazar las «limitaciones» de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, así como aplicar controles sanitarios «exhaustivos» a productos de África y China.
Reclaman también rebajas en el IRPF, así como eliminar los impuestos de sucesiones y transmisiones; construir 5.000 viviendas de protección hasta el año 2030, comenzar el regadío de Tierra de Barros y crear un museo de la tauromaquia en Mérida, entre otras demandas.
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