Las 40 diputaciones -incluidas las forales-, los tres consejos insulares y los siete cabildos insulares suponen un gasto, sólo en sueldos públicos, de más de 1.100 millones de euros al año. Es el resultado de sumar las percepciones de los presidentes, diputados, consejeros y funcionarios de estos organismos, que en muchos casos tienen un papel muy relevante y tangible, como puede ser en el caso de los cabildos canarios, pero que en otros muchos casos, como en el de las diputaciones provinciales, no es ni mucho menos así.

Además, estos ámbitos intermedios de la administración son los que mayor gasto acumulan. Y en muchas ocasiones, la necesidad de su existencia ha sido puesta muy en duda dado que ya existen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que podrían asumir las labores de las diputaciones provinciales.

Los datos del Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) relativos a 2020 que ayer publicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública permiten observar, además, que se ha producido un notable incremento del 13,5% en el coste total respecto al año anterior a pesar de que el número de funcionarios se ha reducido. Lo que ha ocurrido, por lo tanto, es que los sueldos medios se han incrementado como consecuencia directa de las mejoras salariales que han registrado los trabajadores públicos. Un ejemplo: el sueldo medio entre los funcionarios de las diputaciones forales y provinciales en el grupo A-1, que es el más elevado, ha pasado de algo 53.400 a algo más de 56.000 euros.

Desde el departamento que dirige María Jesús Montero señalan asimismo que «los conceptos considerados son los vinculados directamente al puesto de trabajo, sueldo base, complemento de destino, complemento específico y las correspondientes pagas extraordinarias y adicionales». Pero «no están incluidos ni los complementos personales, como la antigüedad, ni los de percepción variable como la productividad por desempeño o las gratificaciones». Esto es, que la cifra final de desembolso total es incluso mayor ya que no se tienen en cuenta esas otras partidas.

Analizando los datos de manera más pormenorizada, se constata, por ejemplo, que en la Diputación de Barcelona es la más numerosa en cuanto a diputados y consejeros con un total de 50. De ellos, 29 tienen dedicación exclusiva y sus sueldos rozan incluso los 100.000 euros. La de Valencia, Alicante, Málaga Sevilla y La Coruña, así como el Cabildo Insultar de Tenerife, cuentan con hasta 30 diputados aunque, como en casi todos los casos, no todos tienen esa dedicación exclusiva. Pero entre los que sí la tienen, los sueldos más habituales superan con facilidad los 50.000 o 60.000 euros.

Más elevadas son las cifras entre los presidentes, y especialmente llamativas resultan los casos de las Diputaciones Forales de Vizcaya y Álava y, una vez más, en la de Barcelona. Unai Rementeria, que es el diputado general de Vizcaya y perteneciente al PNV, tiene un salario de 111.249 euros. Le sigue Nuria Marín (PSC), máxima responsable de la Diputación de Barcelona, con algo más de 106.000 euros. Y cierra esos tres primeros puestos Ramiro González, diputado general de Álava, también del PNV, y con una cifra que supera los 100.000 euros. Para contextualizar lo abultado que son estos datos en el ámbito público, basta con observar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobrará el próximo año 84.845 euros mientras que los ministros se quedarán en 76.000 euros.

En el lado contrario se encuentran los presidentes de los Cabildos de El Hiero y La Gomera, que no cuentan con dedicación exclusiva y perciben, respectivamente, 7.600 y 16.150 euros.

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