"Al final todo esto se reduce a que hay unos beneficios brutales y se mantiene el negocio". Así resume la problemática uno de los coordinadores e investigadores de la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil (Ucoma). El agente especializado en tráfico de especies se sienta junto a una de las sargentos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Sus respuestas evidencian compenetración. Hace años que trabajan en equipo combatiendo el crimen contra el medio ambiente, incluyendo los delitos que afectan a los animales protegidos internacionalmente. "Es un fenómeno global e implica a tantos países que hay que coordinarse con Europa", expresa la oficial del Instituto Armado.
Por eso, para velar por ciertos ejemplares es necesario contemplar el marco normativo europeo e internacional. Es lo que ocurre con la fauna CITES. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) está entre las más de 2.000 leyes que maneja esta Unidad especializada de la Guardia Civil. Se trata de un acuerdo internacional que salvaguarda a alrededor de 5.950 especies amenazadas de extinción debido a la sobreexplotación de su comercio. En consecuencia, el Seprona ha decomisado en los últimos siete años 8.379 ejemplares CITES. Fueron víctimas del mercado negro o de tenencias ilícitas y unos estaban vivos, otros muertos y en ocasiones sólo había partes sueltas del cuerpo del animal.
Son los dos mercados que dibujan los registros del Seprona sobre el estado de las especies protegidas interceptadas. El más numeroso es el que involucra a animales vivos, heridos o los que han muerto como consecuencia del tráfico. De menor volumen es el que corresponde a las partes y derivados de ejemplares. En este último grupo se encuentran, por ejemplo, los 44 cráneos y cabezas de especies CITES intervenidas desde 2015. Las cifras siguen siendo "prácticamente las mismas de siempre", asegura la oficial del Instituto Armado haciendo referencia a la pandemia.
A pesar del riesgo que entraña delinquir contra especies protegidas internacionalmente, la agente del Seprona y el de la Ucoma no tienen dudas. A los criminales les es "rentable siempre". Se trata del tercer mercado negro más lucrativo del mundo. Sus beneficios económicos están aumentando y ya superan a los generados por el crimen organizado con seres humanos, según Interpol. La mayor organización policial internacional señala que sólo el narcotráfico y los productos falsificados producen mayores ganancias. Aunque los datos económicos sean estimaciones, Interpol calcula que el negocio ilícito contra la vida silvestre mueve más de 16.500 millones de euros anuales en todo el mundo.
En la rentabilidad que mencionan los agentes subyace un factor más: "La reprensión penal, incluso la administrativa, son muy bajas, mínimas", lamenta el oficial de la Ucoma. A lo largo de sus 23 años en la Unidad Central Operativa Medioambiental ha comprobado que "es muy difícil conseguir un efecto disuasorio para la gente que se dedica al tráfico ilegal". Desde que inician una actuación hasta que finalmente hay una condena pasan años.
Hace dos meses, en octubre, el agente tuvo un juicio por tráfico con cuernos de rinoceronte; fueron unos hechos que sucedieron en 2010. "Hay reducciones penales porque ya ha transcurrido mucho tiempo. Y por aquel entonces era un señor mayor, ahora es diez años más mayor de lo que era", detalla. "Puedes quitar a alguien de la circulación durante unos meses, pero al final no hay ese efecto disuasorio que nos gustaría a todos". El hombre podría haber obtenido por un kilo de cuerno de rinoceronte alrededor de 270.000 euros en el mercado negro. Se estima que su precio triplica al del kilo de cocaína.
En los registros de la Guardia Civil el rinoceronte negro ha sido el más damnificado de su especie, pero no destaca sobre el total de ejemplares incautados. En los últimos siete años tan sólo se hallaron dos sin vida en Valladolid y al año siguiente una cabeza y un pie del animal en Pontevedra y Sevilla, respectivamente. El marfil de elefante es el que protagoniza desde 2018 más del 50% de decomisos de partes sueltas de animales.
El día a día de los delincuentes y de los oficiales del Instituto Armado se asemeja a una competición. España, también Portugal, son "una gran puerta de entrada del tráfico de especies protegidas", relata la sargento del Seprona. En ese recorrido que parte principalmente de regiones del Norte de África, Sudamérica o Centroamérica, surgen "nuevas metodologías para ocultar" a los animales. Para su detección, la autoridad especializada responde con más formación, nuevos medios y a través de la coordinación e investigación transnacional.
"Hasta hace diez años aparecía un objetivo francés y te olvidabas de esa parte de la investigación", rememora el coordinador e investigador de la Ucoma. "Ahora, aparece uno de cualquier país y ya no lo dejas", dice el experimentado agente. Disponen de la coordinación operativa y estratégica de la Europol, la Agencia policial de la Unión Europea.
Las operaciones se organizan mediante mesas donde se reúnen los investigadores de diferentes países que trabajan sobre el terreno. De este modo planifican estrategias conjuntas. "También puedes pedir a gente a Europol para que haga volcados de información en los ordenadores o para determinadas consultas sobre los antecedentes de una persona en cualquier punto de Europa", explica el agente. Así es el lado invisible de la lucha contra un tráfico "globalizado".
No sólo existen estructuras criminales organizadas tras los delitos contra la fauna protegida. En diversas partes del mundo su exotismo sirve como reclamo para obtener un beneficio económico. En Turquía o República Dominicana se utilizan a loros y guacamayos, a cocodrilos, iguanas y serpientes en Egipto o México... Las enumeraciones de una joven pareja que ha visitado países de los cinco continentes son extensas. Roberto A. Mejías y Elisabet C. González, autores del blog de viajes "Con arena en la mochila", sienten "impotencia y rabia". Recuerdan a los macacos de Berbería de la Plaza Jemaa El-Fna de Marrakech, Marruecos, en "pequeñas jaulas a la vista de todo el mundo y a pleno sol". Los primates en riesgo de extinción eran una atracción turística más. "El más pequeño estaba atado con una cadena al cuello y se posaba sobre los hombros del hombre que se ocupaba de ellos", relatan. Una fotografía con el animal a cambio de un puñado de monedas. "Lo más triste es que bastantes personas aceptaban la propuesta encantadas y sonrientes", lamentan.
Pero no es necesario buscar fuera de España para encontrar animales protegidos con historias similares. En Agüimes, una pequeña localidad de las Islas Canarias, todavía vive una chimpancé que sabe vestirse, comer con un cubierto o cerrar un tapón. La persona que la explotó tiene a día de hoy tres heladerías gracias a los beneficios que le proporcionó el animal y una antigua Polaroid. "Usó al ejemplar para que los turistas se hicieran fotografías", cuenta Dionisio Balser, la persona que acogió a Judith en su centro de rescate de especies CITES. La policía consiguió que el hombre la entregase en el año 1984, después de varias quejas y denuncias. También podía no haberlo hecho; no había una ley que amparase a Judith.
En aquella época tampoco existían las páginas web de compraventa de especies protegidas; no había foros especializados en internet o canales de Facebook. "Antes ibas a la tienda a comprar porque no había acceso a otros canales, ahora es mucho más fácil", asegura el miembro de la Ucoma. La vigilancia se ha extendido al mundo virtual, donde la discreción y el encubrimiento de la identidad son claves en este tipo de transacciones comerciales. Del mismo modo, el dinero que pone en circulación estas operaciones ilícitas queda oculto.
Calcular la cifra únicamente para el mercado negro español también es "muy difícil", afirma el investigador del Instituto Armado. Comprobando las cuentas de una de sus últimas intervenciones comparte un dato aislado e ilustrativo. En cuatro años, el tráfico ilegal con psitácidas, aves de la familia de los loros, proporcionó al detenido un millón de euros. Las aves protegidas son las protagonistas de las incautaciones de los últimos siete años, excluyendo los decomisos de partes sueltas de animales. El Seprona interceptó 1.409 sobre el total de ejemplares. También hubo reptiles y moluscos, arácnidos e insectos, mamíferos, peces, anfibios y equinodermos, pero el número de aves incautadas fue mayor casi en la mitad de las provincias del país.
Ejemplares totales decomisados en cada provincia entre enero de 2015 y septiembre de 2021
Según el grupo más numeroso
Los delitos que rodearon a los 6.645 animales aprehendidos desde 2015 fueron variados: tenencia irregular, documentación falsificada, falta de permisos, tráfico local e internacional, silvestrismo, actividades y ventas ilícitas... "La gente no exige unas garantías mínimas sobre la procedencia de los ejemplares. Estamos hablando de que gastan entre 3.000 y 10.000 en un bicho, no 50 euros". El investigador de la Unidad Central Operativa Medioambiental apunta a que detrás de algunos actos delictivos hay una plena consciencia. "Sabes que no puedes pedirle nada al que te pasa unas tortugas dentro de una caja en una gasolinera, conoces que es ilegal y que no va a tener documentación", dice con cierta frustración. Concretamente, la tortuga mora es la especie protegida más incautada en España en siete años, pero tan solo es una parte.
La problemática afecta casi a la totalidad de España -Vizcaya, Álava y Guipúzcoa- no se incluyen en los registros del Seprona. También involucra a "muchas especies y de manera muy distinta", en palabras del oficial del Instituto Armado. "No es lo mismo el comercio que afecta a la fauna autóctona que el de ejemplares que proceden de otros países, el tráfico con reptiles que el de angulas", menciona. A estos factores hay que incluir una legislación "complicada de cumplir". El investigador piensa que es otro motivo por el que la gente se dedica al comercio ilegal, que es "más rápido, sencillo y con mejores beneficios". Es una de las razones que impulsan actuaciones como el cierre de acuerdos de cesión de especies protegidas en servilletas. "No es ninguna broma, muchas veces hemos llegado a verlos", indica.
En España, establecimientos y particulares forman parte de una actividad clandestina al margen de la legalidad. Comercializan ilícitamente con fauna protegida viva o muerta.
En el interior de una tienda de antigüedades de Madrid luce la concha de una Strombus gigas de procedencia desconocida. El caracol rosado -también conocido como caracola reina- no está en el escaparate, permanece oculto a las miradas del exterior. Una vitrina atesora al ejemplar protegido internacionalmente.
La parte suelta del espécimen se anuncia para compradores de España en internet, espacio donde se oferta una gran variedad de animales protegidos, incluidos pequeños primates. La circulación de especies discurre a pesar de la irrupción del coronavirus.
El precio de salida de la caracola reina es de 13,50 euros. El vendedor, un autónomo que trabaja en un local del madrileño distrito de Salamanca, la rebajó casi a la mitad en el portal online de subastas Todocoleccion y espera que próximamente alguien se interese por ella: "Tal y como está yendo, no creo que haya pujas", dice sin demasiada esperanza. Faltan dos días para que la subasta finalice y no han llegado ofertas. Mientras tanto, la caracola Strombus gigas continúa colocada en una vitrina acristalada invisible desde el exterior del establecimiento.
En el interior de la tienda, una gran variedad de antigüedades expuestas acompañan en el camino hacia la pieza que se subasta en internet. Tras bajar los peldaños de una pequeña escalera, el trayecto por diferentes épocas históricas culmina casi al final del local. Sobre la estantería del mueble reposan los 1.138 gramos de peso de la concha que protegía el cuerpo del animal.
"No podemos venderla fuera de la puja porque entonces tendríamos que pagar una comisión a Todocoleccion", lamenta el propietario de la tienda. El portal online de subastas que el tendero utiliza para anunciar sus productos también lo frecuentan particulares que venden su mercancía, muchas veces ocultos bajo perfiles anónimos. Tras preguntar a cinco personas seleccionadas para indagar cómo funciona ese mercado negro de fauna protegida, dos aseguraron tener la documentación legal de las partes de especies que vendían; uno dejó de responder cuando se le hizo la misma pregunta; un cuarto aseguró que tenía que consultarlo; y el último subastaba como amuleto una pezuña de tortuga sin saber a qué especie pertenecía. Su precio: 30 euros.
A excepción del usuario que vendía el amuleto, los otros cuatro perfiles escogidos ofertaban partes de animales protegidos internacionalmente por la CITES. Disponiendo de las autorizaciones para su tenencia y de los permisos correspondientes para una comercialización regulada, serían actividades legales. Las restricciones están motivadas porque son especímenes cuya supervivencia está amenazada por la sobreexplotación de su comercio; por ello están incluidas y amparadas por el citado acuerdo. Esta es la razón por la que los usuarios seleccionados, al igual que el vendedor de la caracola reina de la tienda, deben acreditar la procedencia legal de sus artículos. En caso contrario, los comerciantes estarían realizando transacciones ilícitas.
Entre los que afirmaron tener la documentación en regla, uno ponía en venta un coral blanco de las Islas Salomón -Acropora florida- con un supuesto permiso CITES y otro una tortuga de Carey disecada. El usuario que subastaba una pareja de caballitos de mar disecados aseguraba haberlos "adquirido legalmente en una tienda de Madrid" hacía ya un tiempo y "como mucho podría conseguir una factura" tras consultarlo. El último, un artesano, mostraba un collar confeccionado con cinco colmillos de lobo tibetano y dejó de responder cuando se le preguntó si podía acreditar de dónde procedían. En el plazo de un mes ya había vendido el colgante.
Como el artesano, el propietario de la tienda de antigüedades de Madrid también ha conseguido vender la caracola reina en Todocoleccion. El día que finalizaba la subasta, dos personas se interesaron por la concha. Una pujó por su precio de salida -13,50 euros- y otra por medio euro más. El tendero, a pesar de tener una "situación familiar un poco complicada" por cuestiones médicas, estaría dispuesto a abrir incluso un sábado por la tarde para que la caracola reina abandone su vitrina. La vendió a la reportera, que no se identificó como tal.
"No la sacamos directamente del mar para vender, sería de una casa vieja", explica mientras la envuelve. Cuando termina, no hay opción a obtener un recibo de compra. "Nos acordamos de usted y no será necesario el tique", se justifica así el vendedor. Tampoco proporciona referencia alguna del número de permiso de importación. Es una especie CITES procedente de otro país -la que vendió dice que vino de las Antillas de Florida en Estados Unidos- y en Europa no existe cría en cautividad de Strombus gigas. Por ley, está obligado a evidenciar que el origen es legal.
En referencia a ello, un miembro de la Ucoma indica que "si el propietario de la tienda no puede demostrar esa trazabilidad, entonces será su responsabilidad". El oficial explica que "si emite una factura legalmente establecida con el IVA y una referencia a un número de permiso de importación, no se necesita más como comprador". El dueño del establecimiento no proporcionó nada.
La caracola subastada en Todocoleccion y vendida en un local del madrileño distrito de Salamanca está amenazada y pertenece a una población diezmada por la pesquería industrial y la explotación con fines artesanales que también practican los lugareños en el Caribe. "Su carne se come cruda o hervida y el caparazón se vende a los turistas", comenta Rafael Arujo, especialista en bivalvos y conservador de la colección de Malacología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. "Esto ha motivado una pesca desmedida que amenaza la supervivencia de la especie", indica el experto.
Sus ojos negros miran a uno de los miembros de la familia del criador mientras le hace una fotografía. En todas las imágenes, sus patas se aferran a los dedos de la mano de la persona como si estuviera asustado. Es normal, podría llegar a vivir más de diez años, pero todavía es un bebé de seis meses. El tití pigmeo es un pequeño simio procedente de las selvas amazónicas; su tamaño es tan diminuto que también es conocido como mono de bolsillo.
Este ejemplar está puesto a la venta en un tablón de anuncios de internet. "350 euros con todo", dice finalmente el propietario en un mensaje de Whatsapp que nos envía desde un teléfono con prefijo francés. El hombre, que dice vivir en Palma de Mallorca y que vende titíes en un portal web, nos ha hecho una rebaja de 80 euros sobre el precio inicial. Aun así, afirma que entregará al pequeño simio con un microchip implantado, el historial clínico completo, los certificados veterinarios, el pasaporte y el documento de transferencia de la propiedad. Tiene prisa por recibir el dinero.
El tití pigmeo con el que pretende lucrarse es una especie catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su población está menguando rápidamente debido en gran medida a su comercio ilícito, razón por la que la citada actividad con la especie protegida está regulada por CITES. En el interior del territorio español, las transacciones de compraventa entre particulares, como la que quiere realizar este criador de titíes, son ilegales.
"La compra, venta o tenencia de primates por parte de particulares está prohibida por razones sanitarias", apunta un oficial de la Guardia Civil. Los simios son transmisores de enfermedades zoonóticas y los intercambios de estos mamíferos están restringidos a organismos oficialmente autorizados, según establece el artículo quinto del Real Decreto 1881/1994.
La cría de primates sólo está permitida en España si se dispone de un permiso específico de núcleo zoológico, que lleva aparejado un certificado de cría en cautividad y el alta como criador de especies CITES. Esta serie de autorizaciones, que son necesarias, incluyen inspecciones rutinarias de instalaciones, del estado de los animales, y deben ser emitidas por la Autoridad Administrativa CITES España, según explica el propio organismo, el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE). Pero el criador de titíes pigmeos no tiene el permiso principal de núcleo zoológico que legalizaría su actividad.
"No tengo núcleo zoológico y no hay problemas con eso", garantiza. Su confesión destapa que el criador dedicado a la venta de pequeños primates no tiene regularizada su actividad. Al no disponer del denominado permiso de núcleo zoológico, ni está dado de alta como criador, ni tiene la autorización de cría en cautividad, ni sus instalaciones ni sus titíes pasan revisiones periódicas de la autoridad competente. Es todo ilegal. El hombre, que asegura vivir en un "nuevo apartamento" de Palma de Mallorca, no dispondría legalmente del pequeño primate sin ese permiso; tampoco puede realizar actividades de cría de la especie. Por ley, ni siquiera puede venderlo a otro particular.
Consciente o no de ello, quiere terminar rápido la compraventa del mono. Su "amigo", que usaba una agencia de transporte para enviar primates a la capital de España, le dirá cómo remitir al animal a una casa de Madrid. Una empresa de transporte especializada en perros y gatos sería la encargada de entregar en la misma puerta del domicilio al pequeño simio. "Cuando tenga los papeles del mono a su nombre los usaré para registrarlo en la agencia de transportes", dice en otro mensaje tras consultarle a su amigo, con mayor experiencia que él.
Preguntamos a la misma agencia si hace ese tipo de portes, pero niegan la posibilidad. Sin embargo, el vendedor confirma que la utilizaron para transportar titíes en otras ocasiones sin problema. Cada día pregunta cuándo se efectuará el pago para así "arreglar los papeles". Asegura tener varias personas interesadas y, para agilizar el proceso, facilita los datos para hacer el ingreso. Lo hace desde su teléfono de siempre, con prefijo francés.
El código postal que comparte corresponde a Lille. Lo envía junto al nombre y apellido de su mujer, una supuesta enfermera que trabaja en esa ciudad francesa. También comparte la pregunta y la respuesta de seguridad para hacer la transferencia mediante Western Union. A través de esta compañía estadounidense, el negocio quedaría cerrado.
"Cualquiera que adopte un tití sin todos los documentos que haré a su nombre tendría serios problemas cuando la guardia se entere", escribe el vendedor en un mensaje de Whatsapp en un español precario.
En realidad, si fuera descubierto, se enfrentaría ados años de cárcel o a 24 meses de multa. "Es ilegal vender un primate a un particular", manifiesta una fuente de la Guardia Civil. Además, los papeles que muestra el propietario del tití carecen de validez porque su actividad no está regulada. Según el SOIVRE, la autoridad competente, primero debe tener el permiso de núcleo zoológico. Sin él, ni podría criar titíes ni disponer de un certificado legal de cría en cautividad. Por lo tanto, tampoco es un criador de especies CITES dado de alta y vende unos mamíferos que no han pasado revisiones veterinarias físicas de la autoridad.
A pesar del riesgo sanitario que podría implicar, al dueño sólo le inquieta su documentación falsa. "Como tendrá los documentos no hay de qué preocuparse", asegura. Y da un consejo: "Mantener a un tití requiere un intercambio de amor y emociones".
Esta serie, formada por tres entregas, se presentó como trabajo final en el Máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de EL MUNDO. Durante más de seis meses, los periodistas MARCOS GARCÍA REY y PABLO HERRÁIZ CARBONARO ejercieron de tutores, editores y verificadores del contenido de todas las piezas. También fueron ese apoyo tan necesario que requiere todo profesional para mejorar y seguir aprendiendo.
Investigación
Para poder reflejar cómo transcurre la venta por internet de un tití pigmeo, un simio de pequeño tamaño, se simuló interés en su compra. No se pagó dinero alguno por una compra ilícita que jamás se realizó.
La caracola reina se obtuvo tras ganar una puja en internet e ir personalmente a cerrar la compra. De este modo, se comprobó que el comerciante no pudo acreditar su procedencia lícita. Por ética se optó por anonimizar el nombre del establecimiento de antigüedades de Madrid, ya que se trata de un autónomo.
Gráficos
Los datos de todas las piezas visuales se han elaborado con los registros facilitados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Para el mapa que contiene el gráfico el "Auge de los decomisos de marfil de elefante" se ha consultado el último informe mundial sobre delitos contra la vida silvestre, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También se utilizó la información de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA) para ver las rutas mundiales del tráfico con marfil de elefante.
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