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«Sorprende la falta de solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas». Era marzo de 2023, y la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trataba de apaciguar a golpe de tuit la polémica desatada tras conocerse que el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, o la líder de Más Madrid, Mónica García, cobraban la ayuda a la energía conocida como bono social. Dos años antes, Ribera ya había sugerido que este exigía una reformar para limitarlo a «quienes realmente lo necesitan». A día de hoy, 437.773 familias numerosas siguen percibiendo este escudo social sin ningún tipo de control económico. La mayoría de ellas se concentra en las autonomías más ricas, como Madrid, Baleares, Navarra o País Vasco.
A la rebaja de la luz (bono eléctrico) o de la calefacción (bono térmico) tienen derecho los hogares vulnerables. Este escudo social, cuyo coste varía mucho de un año para otro, lo financian el resto de consumidores a través de sus facturas, a modo de derrama. El coste del bono eléctrico rondó los 400 millones de euros en 2023 (unos 14 euros al año a asumir para cada consumidor). Bajó a 70 millones en 2024 (2,3 euros) y, previsiblemente, superará los 140 millones este año (4,65 euros).
El problema es que, en España, la condición de consumidor vulnerable puede acreditarse bien por criterios económicos (beneficiarios del SMI, rentas bajas o pensionistas con la pensión mínima), bien con un título de familia numerosa. Este esquema ha suscitado muchas críticas desde el mismo origen del bono social, que se remonta al 2009. Lo cierto es que el conjunto de los consumidores lleva desde entonces subvencionando la energía a familias numerosas a las que la Administración no aplica filtro alguno de ingresos ni patrimonio. En casi 20 años, ningún gobierno se ha atrevido a cambiar esto.
El mapa del bono eléctrico en España muestra agudos desequilibrios territoriales. Al cierre de mayo, último dato disponible, los registros del Ministerio de Transición Ecológica elevan a casi 1,7 millones de hogares los beneficiarios de esta ayuda. Del total de puntos de suministro subvencionados, el 25,8% son familias numerosas. El resto, 74,2%, corresponden a consumidores que, de un modo u otro, cumplen criterios de renta o circunstancias especiales (víctimas de terrorismo, violencia machista, discapacidad...). Pero hay autonomías donde esta proporción se rompe y las familias numerosas ganan peso en el reparto de ayudas frente a los hogares sin recursos.
Hay quince provincias con un volumen de familias numerosas subvencionadas por encima de la media nacional. En Baleares, Madrid, Girona y Navarra, estas acaparan más del 42% de los hogares con bono social. Con más del 35%, están Guadalajara, Guipúzcoa, Álava, Lleida, Tarragona y Barcelona. La mayoría de estas provincias ocupan los primeros puestos en la lista de territorios con mayor renta media por hogar, según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), y todas superan ampliamente el promedio nacional.
Si bien algunas de estas regiones también están entre los territorios más poblados del país, al anular el componente demográfico, llama la atención que muchas de las provincias donde más se subvenciona la luz a familias numerosas no son las que acumulan un mayor número de este tipo de unidades familiares en proporción a su población.
Soria, Albacete o Sevilla están entre las provincias con más familias numerosas por cada 1.000 habitantes, pero se mantienen por debajo del promedio nacional en ayudas eléctricas a este segmento. En el otro extremo, Baleares o Madrid lideran el reparto de ayudas a estas familias, pero ocupan el puesto 30 y 12 en número de hogares numerosos respecto a población total.
A consecuencia de su mayor reparto de ayudas entre las familias numerosas, estas regiones registran un menor volumen de beneficiarios del bono social eléctrico seleccionados por criterios de renta. Baleares, Madrid, Gerona, Navarra, Guadalajara y Guipúzcoa son las únicas regiones donde menos del 60% de los receptores del bono social han acreditado ser vulnerables por motivos económicos o circunstancias especiales.
Las promesas de Ribera de una reforma del bono social fueron un brindis al sol. Ahora, a Transición Ecológica se le ha abierto una ventana para retomarlas. El Ministerio que dirige Sara Aagesen está avanzando en la revisión de la Estrategia contra la Pobreza Energética.
Hace unos días se celebró su segunda jornada de trabajo. El objetivo de la hoja de ruta será garantizar la «equidad energética», pasando de las acciones «coyunturales» que se aprobaron por la crisis de Ucrania, a un marco de «medidas estructurales y sostenibles en el tiempo», explican desde el Ministerio. «Si se identifica que esa [reformar el bono social] es necesaria, se adoptará».
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