La Sindicatura de Cuentas presenta un nuevo informe en el que denuncia la falta de supervisión en las prestaciones de la cartera de servicios sociales en 2022
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.
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La consejera catalana de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado que la Generalitat "impulsará la condonación de la deuda" de las prestaciones para jóvenes ex tutelados pagadas indebidamente. Un paso que el Govern ya dio a finales del año pasado con una situación similar con algunos receptores de la renta garantizada de ciudadanía.
En junio, la consejería hizo un envío genérico de notificaciones a más de un centenar jóvenes ex tutelados, como mínimo, para iniciar un proceso de reintegro de las prestaciones recibidas para su emancipación al dejar de estar bajo guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
En las reuniones que los afectados tuvieron con algunos partidos políticos para abordar este asunto, los representantes de Comuns ya les avanzaron que una de las posibilidades que valoraba el Govern del PSC era la aprobación de un decreto ley específico para la quita de la cantidad adeudada, tal y como informó EL MUNDO.
La medida avanzada hoy por Martínez Bravo complementa la que anunció en julio el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, justo cuando se desencadenó la polémica por el envío de esas cartas. El Ejecutivo presidido por Salvador Illa acordó con sus socios de investidura, Esquerra Republicana y Comuns, una proposición de ley para modificar la norma que regula el funcionamiento de las Administraciones públicas.
Dos de los cambios sustanciales de este proyecto legislativo son el reconocimiento del "derecho de las personas a no resultar perjudicadas por errores administrativos o malas prácticas en la gestión pública, concretamente en relación a prestaciones vinculadas a la cobertura de necesidades esenciales de subsistencia" y la protección para los empleados públicos en caso de "errores cometidos que no serán sancionados si se ha actuado de buena fe y sin fraude".
Según ha explicado la consejera, el principal motivo que habría generado estos pagos indebidos en la prestación a jóvenes ex tutelados sería el inicio de la actividad laboral de los beneficiarios y la dilación en ajustar la cuantía de la ayuda pública a esta circunstancia.
Informe de la Sindicatura de Cuentas
Martínez Bravo ha anunciado la condonación en su comparecencia en la comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlament, con motivo de la presentación del Informe de fiscalización 6/2025 sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo correspondiente al año 2022, bajo el Govern de coalición de ERC y Junts per Catalunya.
En el documento, el ente fiscalizador autonómico denuncia la gestión de la Generalitat en las 17 prestaciones que la que la cartera de servicios sociales destina a personas en situación de necesidad que cumplen los requisitos.
Pagos indebidos, incompatibilidad entre prestaciones, expedientes sin revisar y conflictos de intereses en la externalización del servicio a entidades y empresas privadas son algunos de los reproches que la síndica Maria Àngels Cabasés ha expresado en su intervención en la comisión parlamentaria para presentar un informe que completa la anterior auditoría que el organismo ya había elaborado sobre un periodo más amplio: 2016-2024.
En ese documento, presentada en junio, la Sindicatura denunció "un volumen de importes pagados indebidamente" de al menos 167,56 millones de euros, de los cuales 7,17 millones forman parte de expedientes ya prescritos.
Con motivo del nuevo informe fiscalizador, Cabasés ha vuelto a señalar la "falta de transparencia" en la gestión y supervisión de las prestaciones y el "riesgo de conflicto de intereses" en la externalización.