El PSOE vuelve a situarse en el foco por acusaciones de acoso laboral y sexual. Esta vez en el Ayuntamiento de Tui (Pontevedra), a raíz de la denuncia de una funcionaria municipal que describe un clima de "hostigamiento, aislamiento y acoso psicológico" y relata episodios que derivaron en una "sexualización brutal". En su testimonio, la trabajadora vincula parte de esas conductas al alcalde socialista, Enrique Cabaleiro González, al que atribuye comentarios como "vaya escote" o "siendo tan guapa qué haces aquí".

La investigación se inició como unas diligencias por acoso laboral dentro del consistorio. En ese primer frente, el foco se sitúa en el concejal de Urbanismo, Miguel Méndez Moreira, que ya figura como investigado y cuya declaración ha sido señalada para el próximo 5 de mayo junto a varios testigos. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, en una resolución fechada el 1 de abril a la que ha tenido acceso EL MUNDO, ha ido un paso más allá y deja por escrito que "se aprecia la existencia de posibles indicios de delito de acoso sexual", lo que ha motivado la apertura de una línea de investigación diferenciada.

El relato de la denunciante sitúa el origen de los hechos en la llegada del actual equipo de gobierno en 2023 y describe desde entonces un escenario de aislamiento dentro del departamento. Sostiene que el concejal, uno de sus superiores directos, evitó dirigirse a ella en persona durante los dos años que lleva en el cargo y que la interlocución se canalizaba a través de auxiliares informativos, sin trato directo. Según explica, llegó a ser "la única funcionaria" a la que se le cursaban providencias, "que son la única manera de darme órdenes sin hacerlo de palabra como lo hace con el resto". La única excepción que recuerda se produjo cuando la llamó a su despacho y, según afirma, le gritó.

La situación dio un giro a peor tras reincorporarse de una baja laboral por motivos personales. A su vuelta, pidió expresamente que no se le siguiera cargando con tareas que no formaban parte de sus funciones, pero sostiene que nada cambió. Por el contrario, continuó asumiendo trabajos ajenos a su puesto, como la revisión de informes de otros técnicos, la corrección de irregularidades o la tramitación de expedientes fuera de su ámbito, en un contexto en el que la presión fue en aumento. En ese escenario, percibe además un trato desigual dentro del departamento: a otros compañeros se les toleraban errores, mientras que a ella se le exigía corregirlos. Una diferencia que vincula también al hecho de ser "la única mujer" del equipo.

Ese distanciamiento en el trato directo no impedía, sin embargo, un control constante de su actividad diaria. "El concejal me persigue; si voy a tomar café con alguien ve desde su despacho con quién voy, vigila si estoy o no estoy. Es una constante obsesión con matices de género". A ese seguimiento añade el contacto telefónico reiterado, con llamadas a su teléfono personal que, según relata, incluían episodios de tensión, hasta el punto de verse obligada a cortar esa vía ante el tono de las mismas, en las que asegura que le gritaba y hacía "mobbing": "Lo tuve que bloquear".

En paralelo, apunta a una actitud de hostilidad sostenida que, según le trasladaron otros miembros del equipo, el propio concejal habría reconocido y que respondía a una "inquina" y un "ánimo de persecución" hacia ella. En esa línea, añade que esa presión se extendía también a mensajes de WhatsApp con reproches que califica de ridículos, como si había "aparcado mal", y que, según sostiene, buscaban que se enfrentase a ellos para exponerla y ridiculizarla públicamente.

La actitud del alcalde fue de ir "en manada"

Ante esa situación, marcada por una sobrecarga de trabajo que asegura que no le correspondía y por un clima cada vez más tenso, la denunciante sostiene que trasladó lo ocurrido al regidor sin que se adoptaran medidas efectivas. "Al ser una situación reiterada en el tiempo tuve que hablar con el alcalde y me dijo que iba a limar asperezas", explica.

Sin embargo, lejos de reconducirse, los hechos derivaron poco después en el episodio que acabó precipitando la denuncia. Se trata de una reunión que califica de "encerrona absoluta" y en la que estaban presentes el alcalde, el concejal, el arquitecto, el aparejador y el secretario municipal, y que se prolongó durante dos horas. En principio, el encuentro debía abordar la organización interna del departamento, pero terminó centrado en tres expedientes con irregularidades atribuidas a otros técnicos que se le recriminaron a ella. "Decían que yo tenía que corregir sus errores y salvar las omisiones de los técnicos, que no está dentro de mis funciones", afirma, y añade que durante la reunión recordó que "cada funcionario es responsable de los informes que emite, en el orden administrativo e incluso penal".

Durante ese encuentro, asegura, no solo se trataron cuestiones profesionales, sino que describe una actuación coordinada contra ella. "No era una reunión de trabajo espontánea, se llegó a hablar de temas personales, y el foco se ponía constantemente en mí. La actitud del alcalde fue de ir en manada, todos a por mí, de manera premeditada y bien articulada". En ese contexto, afirma haber percibido también "miradas intimidatorias y libidinosas".

En su denuncia, la funcionaria insiste en la existencia de comentarios de carácter personal por parte del Cabaleiro. "Yo tengo mensajes del alcalde en los que me dice por ejemplo 'vaya escote'... ese tipo de consideraciones, diciendo 'siendo tan guapa qué haces aquí'; una sexualización brutal". Y añade: "Aparte, quiero dejar constancia de que soy una persona muy formada, rápida y eficiente; eso como que revuelve ese machismo hacia mí. El alcalde y el concejal fueron los instigadores, porque me consta y lo sé, pero el secretario, el arquitecto y el aparejador también estaban alineados contra mí".

Tras ese episodio, acudió al médico por el estrés derivado de la situación, donde expuso lo ocurrido y este le recomendó actuar. "Me dijo que sabía lo que tenía que hacer, que no podía tolerarlo, era una situación grave y el estatuto prohíbe cualquier discriminación por religión, sexo, etc.". "Yo no soy capaz de volver allí, hoy no dormí", relata.

El Ayuntamiento defiende sus mecanismos internos

El Ayuntamiento de Tui difundió el pasado 8 de abril un comunicado en el que asegura que "reafirma su compromiso con la protección laboral y la transparencia administrativa" tras las informaciones sobre el procedimiento judicial en curso. La institución subraya su "máximo respeto al procedimiento judicial y a la presunción de inocencia de todas las personas implicadas" y señala que, por responsabilidad institucional, no realizará valoraciones sobre hechos que están siendo investigados.

En ese mismo texto, el Ayuntamiento sostiene que dispone de "mecanismos de intervención técnica plenamente operativos" en materia de personal, que, según afirma, ya han sido aplicados "con éxito en ocasiones anteriores" y que permiten actuar para analizar y esclarecer cualquier incidencia, garantizando que las relaciones laborales se ajusten a la normativa.

El comunicado destaca además que la Concejalía de Igualdad mantiene un "compromiso firme" con la actualización de las herramientas de protección. En este contexto, recuerda la aprobación en diciembre de 2025 del IV Plan de Igualdad entre hombres y mujeres y señala que se encuentra en la fase final de tramitación un nuevo "Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Laboral y Sexual", cuyo texto ya ha sido negociado con la representación sindical.

Un posicionamiento institucional que convive con el hecho de que el protocolo específico contra el acoso no estaba aún aprobado en el momento de los hechos y se encuentra en fase final de tramitación, mientras que el plan de igualdad para el personal municipal sigue en elaboración, con la relevancia que ello puede tener en materia de prevención y actuación frente al acoso.

Cabe destacar que la decisión del juzgado de separar esta línea de investigación supone, en la práctica, que los hechos descritos en la denuncia presentan, al menos en esta fase inicial, una entidad suficiente como para ser analizados de forma independiente en el ámbito penal, sin que ello implique prejuzgar el resultado del procedimiento ni la eventual responsabilidad de los implicados.