Más de 20 años después de que se comenzase a levantar, la maraña judicial que ha mantenido en pie la enorme mole de hormigón del hotel Algarrobico, en Carboneras, empieza a despejarse, hasta el punto de que la demolición del edificio está hoy más cerca que nunca.
La llave que abre la puerta al derribo del Algarrobico es el dictamen que ha emitido este viernes el Consejo Consultivo de Andalucía, que avala la nulidad de la licencia de obras que en su día concedió el Ayuntamiento de Carboneras en 2003. La Comisión Permanente de este órgano ha concluido, por unanimidad, la nulidad de pleno derecho de dicha licencia, lo que obliga ahora al consistorio a certificar la anulación del permiso urbanístico en el próximo pleno que celebre.
Ese dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, respalda, además, la propuesta municipal para cumplir con las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2021 y por el Tribunal Supremo en 2022 que ordenron al Ayuntamiento de Carboneras a comenzar la revisión de oficio de la licencia de obras ante las múltiples ilegalidades que presentaba.
De acuerdo con la resolución del Consejo Consultivo, la parcela sobre la que se levantó el hotel estaba protegido como áreas natural de interés general y, por lo tanto, no era urbanizable, de modo que la licencia se otorgó vulnerando la normativa ambiental.
No solo eso sino que, dice el dictamen del Consultivo, esa licencia vulneró la Ley de Costas de 1988, que establecía una servidumbre de protección de cien metros desde la orilla del mar, mientras que el frustrado hotel se levantó a apenas 20 metros del agua, basándose en un plan parcial aprobado meses antes de la entrada en vigor de dicha ley. El Consistorio, añade, debía haber revisado y adaptado el proyecto a esos cien metros, pero no lo hizo incurriendo, en consecuencia, en una clara nulidad de pleno derecho.
En cuanto a los argumentos con los que la promotora del hotel, la empresa Azata del Sol, trató de frenar la anulación de la licencia, señala el Consultivo que no caben límites temporales para esta revisión, a pesar de haber transcurrido más de 20 años, puesto que eso se ha debido a la batalla judicial librada, de la que han participado todas las partes. Sobre una eventual indemnización a los dueños, la deja en manos de un procedimiento específico e independiente.
Con la anulación de la licencia se allana el camino a la demolición del hotel y, en esa línea, se han producido reacciones desde las administraciones públicas y desde la organización ecologista Greenpeace, que ha pedido la máxima celeridad al proceso para desembocar en el derribo del edificio de más de 20 plantas en pleno parque natural.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido a la Junta de Andalucía la solicitud de una convocatoria "inmediata" de la Comisión de Seguimiento del Convenio Ministerio de Transición Ecológica (Miteco)-Junta para abordar la "demolición" del hotel de El Algarrobico y la restauración del enclave, según han indicado fuentes ministeriales a la agencia Efe.
Mientras, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha pedido al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) "máxima celeridad y agilidad" a la hora de convocar el pleno en el que se aprueben los acuerdos para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de cara a su anulación y, de este modo, poder avanzar hacia la demolición.
El hotel de El Algarrobico, promovido por Azata del Sol en la playa del mismo nombre, en Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se ha convertido en uno de los mayores símbolos del conflicto urbanístico y medioambiental en el litoral español: su historia comienza el 13 de enero de 2003 cuando el Ayuntamiento de Carboneras concede la licencia municipal para la construcción de un hotel de 20 o 21 plantas y 411 habitaciones, apenas a 20 metros de la orilla del mar. Las obras comenzaron en mayo de ese mismo año y el edificio llegó a ejecutarse en un 95 %.
El permiso se basó en un Plan Parcial anterior a la Ley de Costas de 1988 que no se había adaptado a la obligación de respetar una franja de 100 metros de servidumbre de protección desde la línea de costas.
Diversos colectivos ecologistas denunciaron que el suelo estaba clasificado como no urbanizable protegido por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 y lograron que, en febrero de 2006, un juzgado de Almería ordenara la paralización de las obras. La suspensión fue ratificada en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
Desde 2008 se sucedieron resoluciones judiciales de distinto signo. En septiembre de ese año, un juzgado declaró la nulidad de la licencia concedida en 2003, aunque el Ayuntamiento anunció recurso.
Dos años más tarde, en octubre de 2010, el Tribunal Supremo dictaminó que el suelo del entorno era de máxima protección y en marzo de 2012 desestimó el recurso del Ayuntamiento contra el deslinde de 100 metros desde la línea de costa. Por su parte, en junio de ese mismo año, el TSJA restableció el paraje como espacio protegido no urbanizable.
No obstante, en marzo y julio de 2014 el TSJA dictó fallos favorables a la promotora, declarando urbanizable el suelo y válida la licencia, lo que prolongó la inseguridad jurídica.
En febrero de 2016 el Tribunal Supremo anuló una sentencia anterior del TSJA y falló que el hotel se edificó sobre terreno no urbanizable. En noviembre de 2017 reiteró que el sector era espacio protegido no urbanizable y obligó a la Junta a acudir a la vía civil para ejercer el derecho de retracto. En abril de 2018 el Supremo anuló el PGOU de Carboneras en lo relativo a los sectores donde se ubica el hotel.
En 2021 el TSJA, en sentencia ratificada por el Supremo en 2022, obligó al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar la revisión de oficio de la licencia de obras de 2003. Sin embargo, durante años el consistorio fue requerido en varias ocasiones para ejecutar las sentencias y adaptar su planeamiento, entre apercibimientos y recursos cruzados.
En abril de 2023 el pleno municipal acordó declarar el suelo como no urbanizable de especial protección, aunque nuevas resoluciones judiciales en 2024 volvieron a incidir en la necesidad de ajustar formalmente el planeamiento.
En febrero de 2025 el Gobierno anunció la declaración de utilidad pública e inició el procedimiento para expropiar los terrenos afectados por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, paso previo al derribo. El Consejo de Ministros aprobó dicha declaración y se abrió el trámite expropiatorio sobre 16.432 metros cuadrados.
Durante 2025 se sucedieron actuaciones administrativas: declaración de necesidad de ocupación, desestimación de alegaciones de la promotora y toma de posesión física de la finca por parte del Estado en octubre, tras la firma del acta de ocupación. La discrepancia económica entre el Gobierno y la empresa sobre el justiprecio quedó pendiente de resolución.
En julio de 2025 el Ayuntamiento inició formalmente la revisión de la licencia de obras en cumplimiento de las sentencias firmes.
El 16 de febrero de 2026 el TSJA decretó el archivo definitivo de la causa urbanística relativa a la clasificación del suelo, tras la publicación de la normativa municipal que declara los sectores donde se asienta el hotel como suelo no urbanizable de especial protección.
Ahora, con el dictamen aprobado hoy, parece que el futuro del Algarrobico se aclara: sigue en pie, pero sobre un suelo declarado no urbanizable, con la licencia anulada de pleno derecho e inmerso en un proceso expropiatorio ya iniciado por el Estado como paso previo a su demolición.
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