Beatriz Biedma Rojano (Córdoba, 1977) se levanta cada día muy temprano. A las 7 de la mañana ya está en un gimnasio cercano a su casa, según atestiguan a Crónica otros deportistas que ejercitan allí sus músculos cada jornada. De allí, con las pilas cargadas de actividad y la mente despejada, marcha rauda y directa al Palacio de Justicia de Badajoz, en la ronda norte de la capital pacense, donde es titular del Juzgado de Instrucción nº3 desde 2011 tras haber ejercido como magistrada en Torrox (Málaga), Valencia de Alcántara (Cáceres) y Almendralejo (Badajoz).

Como la mayoría de matrimonios con hijos pequeños, se reparte con su marido las tareas. Él suele llevar a las niñas por la mañana al colegio —la mayor estudia este curso Primero de Bachillerato— y ella las recoge por la tarde. Algunas veces se cambian los turnos según las necesidades laborales. Es una rutina diaria, fácil de seguir y rastrear. Siempre los mismos horarios en una ciudad mediana de unos 150.000 habitantes.

Sin agobios de tráfico, en menos de 15 minutos cruza la ciudad. Va relajada. Y más cuando ni por asomo sospechas que hay ojos que te están siguiendo a todas partes, incluso cuando llegas a la escuela para dar un beso a tus hijas y les pides que te cuenten cómo ha ido la jornada. Así sucedió, según cuenta el círculo próximo a la magistrada. En ese momento, a ella le era imposible intuir que varios desconocidos habían comenzado a preguntar a sus vecinos por su forma de vida, sus gustos, por las actividades con la familia, sus aficiones... Eso se lo transmitirán luego, pasados los meses, y la dejarán ojiplática.

Al principio le parecerá una película de ficción, hasta que se da cuenta de que es la cruda realidad. Seguimientos e indagaciones con un objetivo: encontrar un resquicio, por pequeño que sea, para acabar con la credibilidad de la magistrada y tumbar la causa. Desde fuera y desde dentro. Lo hacen con ella y también con su mano derecha en la investigación del caso del hermanísimo, el teniente coronel Antonio Balas, que ha dirigido las operaciones de la UCO en Badajoz —así como los registros en la Diputación— a instancias de la magistrada.

Que Biedma es obsesiva, tenaz y disciplinada en el trabajo (aprobó las oposiciones a la judicatura en su primer intento) lo confirma la inmensa mayoría del ámbito judicial extremeño (jueces, fiscales, abogados, funcionarios...) y lo corrobora la estadística después de más de 22 años: firma una media aproximada de 300 sentencias anuales con un tiempo medio de respuesta y resolución de 45 días por causa, según las cifras oficiales del Poder Judicial. En noviembre del año pasado, una vez concluida la investigación del caso de David Sánchez Pérez-Castejón, fue elegida por sus compañeros de partido judicial como la nueva jueza decana de Badajoz, logrando una amplia mayoría (20 de los 25 votos posibles). Es la primera mujer en ocupar este cargo.

Cuentan en los mentideros sociales de Badajoz que no se la ve en actos ni tampoco suele salir con su marido los fines de semana a relajarse después de intensas y estajanovistas jornadas encerrada en su despacho. Y más en los últimos tiempos: también investiga la importante guerra de clanes de droga que existe en la ciudad, con tiroteos casi a diario. «Es meticulosa y muy rigurosa en el trabajo», cuentan algunos funcionarios, con los que tiene un trato exquisito. «La puedes ver la mayoría de las tardes encerrada de nuevo en el despacho». Las celebraciones familiares en su mayor parte las organiza en casa, donde suele invitar a sus amigos más íntimos. No se ha querido exponer, y menos desde que, hace justo dos años, arrancó su investigación del caso de David Sánchez Pérez-Castejón a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias el 27 de mayo de 2024.

Sin embargo, y muy a su pesar («es muy celosa de su vida privada»), la magistrada ha saltado a la fama. La reconocen más por su tono de voz que por su imagen porque hasta hace poco había muy pocas imágenes de ella. En la toma de declaraciones a los imputados el año pasado siempre apareció de espaldas. Era casi irreconocible para el gran público, que se quedó con su pronunciado tono cordobés, potente, grueso y punzante. Fue cuando puso contras las cuerdas a David Azagra, que, aturdido, no supo qué contestar: «¿Dónde está la Oficina de Artes Escénicas?». «¿Dónde se encuentra?». «¿A qué se dedica?». «¿Cuáles son sus funciones?». Y el músico respondía con silencio, dudas y titubeos. Se hizo tan viral aquel pasaje que luego sería imitado hasta en los Carnavales de Cádiz. Desde entonces, cuentan sus allegados, la reconocen cuando se para a echar gasolina y escuchan su peculiar tono de voz... Se ruboriza.

Por el contrario, por encima de anécdotas más o menos graciosas, los algo más de 11 meses que duró el periodo de instrucción (el límite es un año si no se pide una prórroga) no han sido precisamente un cuento de hadas para ella. Biedma ha recibido asfixiantes presiones durante la investigación de la causa. No por las acusaciones constantes de lawfare, o por las arremetidas del ministro Bolaños o, entre otros muchos, del propio Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa y entonces en su esplendor como presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas extremeños.

Ella les respondía en sus autos, más de 15, y siendo capaz de encontrar, a pasos agigantados, cada vez más indicios para demostrar que la plaza de David Sánchez («no hay ninguna igual en el mundo», reconocieron los directores de los conservatorios ante ella) se la dieron a dedo y luego la adecuaron a sus preferencias. Pero fue justo comenzar a encontrar las miguitas, tirar del hilo, y comenzar a notar movimientos extraños a su alrededor.

REQUERIMIENTOS DE HACIENDA

Primero: el viraje de la fiscal en plena investigación. Durante las primeras actuaciones, Begoña García Boró había respaldado todos sus pasos, incluidos los registros de los correos en la Diputación. Pero de repente, justo cuando la causa ya no parecía un cómodo paseo para los imputados, comenzó a oponerse a sus actuaciones, ignorando incluso la denuncia de una de las aspirantes que le hizo llegar a ella directamente. Al final, la fiscal presentaría un escrito pidiendo el sobreseimiento con más páginas (125) que el propio auto de procesamiento de la jueza (71), una cuestión inaudita según expertos jurídicos consultados.

Segundo: también le pareció extraño que el informe que pidió a los principales responsables de Hacienda en Extremadura sobre los movimientos bancarios de David Sánchez y su residencia en Évora (Portugal) le fuera enviado sin firma. Nadie se hacía responsable. Era la primera vez que le ocurría —y los pide en buena parte de los casos— a lo largo de toda su carrera. Así que tomó la decisión de llamarlos a declarar como testigos y se lo afeó. Casualidad o no, en el último año, la magistrada ha recibido siete requerimientos fiscales, según cuenta su círculo próximo a Crónica.

Todos estos episodios «extraños» los iba encajando como «gajes del oficio». Al fin y al cabo, ella no había escogido la causa. En el juzgado pacense, cada vez que llega un asunto judicial se produce un sorteo aleatorio que realiza por ordenador un sistema telemático que reparte los casos a través de un sistema de equiparación de causas entre los cuatro magistrados de este órgano judicial. Así que ella tenía un 25% de posibilidades de que se le adjudicara la denuncia contra el hermanísimo... y le tocó. «Lo más fácil hubiera sido darle carpetazo, archivar la causa, no meterse en líos, pero ella no es así, no busca ascensos ni protagonismo, simplemente actuó como otra causa normal», apuntan estas mismas fuentes cercanas a la magistrada.

ALERTA ROJA

Sin embargo, a comienzos de junio de 2025, la magistrada tuvo conocimiento de una primera alerta roja: se le dio traslado de unos audios donde se escuchaba a la ya conocida por entonces fontanera del PSOE, Leire Díez. Conversaba con un ex juez que ejercía en el Juzgado de lo Penal nº3 de Ciudad Real y que fue apartado de la carrera profesional en febrero de 2019 tras una sentencia condenatoria de 2 años y 9 meses de prisión por un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de amenazas contra su ex mujer, residente en Badajoz.

Se trata de Luis José Sáenz de Tejada, reconvertido desde entonces en abogado, a quien se le escucha decir en un mensaje transmitido a Díez: «Está la Beatriz Biedma, por supuesto... confírmame si te ha llegado y cuándo voy a presentarla (la denuncia contra ella), la personación y la rueda de prensa». Aquella comunicación la publicó Libertad Digital, aunque Biedma ya sabía de su existencia desde fechas anteriores.

Desde que perdió su condición de magistrado, Sáenz de Tejada ha mostrado su ira en redes sociales con publicaciones contra la magistratura («sistema corrupto») y especialmente contra Biedma, que instruyó parte de esa causa donde la víctima era también jueza, en este caso del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz. Aunque no tenían trato entre ambas, y aunque la resolución de su expulsión la determinó el Consejo General del Poder Judicial, Sáenz de Tejada puso la diana en la magistrada cordobesa. Y si convirtió en cruel villana a Biedma, a la par colocó como héroe a David Sánchez Pérez-Castejón, al que ha defendido a capa y espada. De hecho, hasta se ha ofrecido para defenderle en la causa.

Como no había ningún resquicio que aprovechar en su vida privada, los fontaneros del PSOE se intentaron meter en la causa. El ex juez ha intentado personarse en reiteradas ocasiones durante el periodo de instrucción. Ni la propia Beatriz Biedma ni la Audiencia Provincial lo permitieron. La intención era bloquear la instrucción desde dentro. Tras ello intentó que accediera su hermana, también jurista, y como no conseguía ninguno de sus objetivos, recusó a la jueza para quitarle la investigación, aunque infructuosamente.

Hay otro personaje clave en esta insólita historia, aunque está por determinar su participación en la persecución orquestada por la cloaca contra la jueza indomable. Sáenz de Tejada conocía, porque había sido su abogado, a Joaquín Parra, empresario andaluz, ex presidente del CD Badajoz y propietario de gasolineras. Los hidrocarburos siempre parecen estar presentes...

Parra arrastra desde hace años graves problemas judiciales y hasta estuvo en prisión preventiva durante un año, desde julio de 2021 a julio de 2022. Pendiente de recurso, ha sido condenado por estafa a siete años de cárcel por la Audiencia Nacional por delitos de fraude del IVA con hidrocarburos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Además fue candidato a la Alcaldía de Badajoz por Juntos por Extremadura en 2023, pero no consiguió representación. La de la condena no es la única causa en la que está inmerso. El pasado 11 de mayo comenzó otro juicio contra él, en Málaga, donde el empresario sevillano se sentó en el banquillo acusado de presunto blanqueo de capitales durante su etapa como mandatario futbolístico.

Mientras tanto, la jueza aprieta el acelerador cada vez más y la causa judicial contra el hermanísimo, lejos de cerrarse, va tomando cuerpo. La cloaca decide actuar y ve en Parra el personaje clave para acechar a Biedma. La propuesta concreta consistía en que utilizara sus contactos adquiridos como presidente del Badajoz (llegó a quedarse muy cerca del ascenso a Segunda División en 2021) para obtener todo tipo de información sobre ella. En julio del año pasado se reveló que Leire Díez y el abogado penalista Jacobo Teijelo (también investigado por Santiago Pedraz) deciden actuar y se presentan ante Parra asegurando que son emisarios de Pedro Sánchez. Le prometen «beneficios judiciales» en sus causas abiertas. Le aseguran que «el fiscal general (entonces Álvaro García Ortiz) es nuestro aliado».

Lo confirma otro audio publicado por El Español el año pasado. En la conversación se puede escuchar como el propio Parra reclama a la fontanera mayor contundencia: «¿Cuándo va a empezar Pedro a dar hostias [contra la Guardia Civil]?», a lo que ella responde: «Hasta que no tenga todo claro, no lo traslado». Las grabaciones se publican y Parra reacciona en Cuatro desmarcándose de la trama después de varios meses : «Ella (Leire) es la que me pide ayuda. Cuando salta el caso, me amenaza con denunciarme porque dice que yo había filtrado. Yo tenía que tener pruebas de que Leire tenía acceso al poder y confirmo que lo tenía y lo tiene. Cosas que ella hablaba, pasaban días después. Supe de la detención de Aldama seis días antes y lo voy a demostrar cuando llegue el momento», afirmó en el programa Todo es Mentira.

El empresario andaluz también se guarda grabaciones que ha mantenido con la cloaca porque pensó desde un primer momento que el ofrecimiento de la fontanera era un chantaje en toda regla. Tiene horas y horas de audio. Desde el primer contacto en Tarifa a otros muchos en Madrid: en el bufete de Teijelo en la calle Felipe II, en un piso en Diego de León o en diversos restaurantes. Parra confesó que Díez recibía llamadas de Santos Cerdán en su presencia y «trasladaba todo» al PSOE.

LOS INDICIOS DEL JUEZ PEDRAZ

Con todos estos datos, y otros muchos que están por llegar, el juez Pedraz ordenó expresamente a la Guardia Civil en su auto del pasado martes, cuando puso patas arriba Ferraz, que recabe con urgencia toda la información posible sobre estos dos personajes (Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada), a los que cita expresamente para que se les investigue por su presunta participación contra Beatriz Biedma para «destruir» el procedimiento contra David Sánchez Pérez-Castejón.

El juez de la Audiencia Nacional tiene indicios, a través de los informes de la UCO, sobre la existencia de vídeos con el seguimiento a la jueza por Badajoz durante los meses que duró su investigación. Estarían alojados en carpetas y depositados en varios discos duros. Ahora toca investigarlo. Por increíble que parezca —y todavía no ha aflorado la historia completa— estos hechos han sucedido en Badajoz y no son ciencia ficción.