Actualizado Jueves, 25 junio 2026 - 00:10

Como si se tratara de una profecía apocalíptica de Nostradamus, en Japón, la cuarta potencia mundial por PIB y que ocupa el puesto 16 entre las democracias plenas del globo según índices tan prestigiosos como el The Economist Intelligence Unit, llevan desde que comenzó este siglo enredados en un debate bizantino en busca de una salida al laberinto político que supone que el futuro de la dinastía reinante más antigua de la Tierra no está garantizado.

La escasez de varones en una familia imperial en la que las mujeres están excluidas del orden sucesorio se ha convertido en el mayor problema institucional en un país tan ultramoderno en lo económico y lo tecnológico como conservador en lo social y lo político. Y encontrar de una vez una solución es lo que parecen haberse propuesto tanto la actual primera ministra, Sanae Takaichi, como su formación, el Partido Liberal Democrático, que junto a su socio minoritario, el partido Ishin, arrasó en las elecciones legislativas de febrero superando la barrera de los 300 escaños en la Cámara Baja, lo que rebasa la mayoría de dos tercios que permite afrontar grandes reformas.

Y, así, días atrás la Dieta -la Asamblea bicameral- alcanzó un consenso sobre la reforma de la Ley de la Casa Imperial para garantizar un número sostenible de miembros de la dinastía. Y con ese borrador en la mesa, el Gobierno de Takaichi pretende elaborar un proyecto de ley para su aprobación ante el fin del periodo de sesiones en julio. De salir adelante, se trataría de una medida histórica. Sin embargo, es tal el debate en los medios, los partidos de la oposición y la misma ciudadanía sobre los planes anunciados, que cuesta creer que la revisión de la Ley de la Casa Imperial no vaya a acabar igual que lo han hecho todos los intentos anteriores desde principios de los años 2000, esto es, como agua de borrajas. Y mientras el tiempo pasa, al envejecimiento de la dinastía Yamato le acompaña la seria amenaza de su misma extinción.

Tras largos debates heredados de legislatura en legislatura, en lo único en lo que este mes de junio se han puesto de acuerdo Sus Señorías niponas es en aceptar dos de las propuestas barajadas para garantizar el número suficiente de miembros en activo de la Corona. Una, permitir que las princesas imperiales no pierdan su estatus y continúen como integrantes de la institución tras casarse. Y es que hasta ahora las féminas de la dinastía se convierten en ciudadanas anónimas y se ven obligadas a decir adiós para siempre a la Corte cuando contraen matrimonio. Tan draconiana es la ley sálica que rige en el país del sol naciente que ni siquiera la hija de los actuales emperadores, la princesa Aiko -quien por supuesto tiene vedado el trono-, seguiría formando parte de la familia imperial si el día de mañana pasara por el altar y la reforma mencionada no llegara a entrar en vigor. La otra medida que ha logrado el consenso de los partidos de la Dieta es, sin embargo, ininteligible para gran parte de la sociedad japonesa: se trata de permitir la adopción por parte de la Corona de varones descendientes de los 11 linajes que perdieron su estatus imperial en 1947, con la entrada en vigor de la Constitución impuesta por EEUU en Japón tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

Esto último, visto desde democracias occidentales como la nuestra, pareciera una ocurrencia disparatada. Y, de hecho, tampoco en Japón parece que sea una medida muy comprensible por parte de la ciudadanía. Pero como la clase política no se mueve de su rechazo a que las mujeres tengan derechos sucesorios y a que tampoco puedan transmitirlos, y hoy sólo queda un varón en la institución del que se espera tenga hijos como un semental imperial y engendre el mayor número de descendientes posibles, el príncipe Hisahito (19 años), llamado a convertirse en el futuro en el emperador, la conversión principesca de descendientes de antiguos allegados al Trono del Crisantemo se ve como una solución de emergencia.

Las dos medidas se antojan salidas para garantizar, como decimos, que la familia imperial cuente con un número de miembros suficientes que le permitan seguir desarrollando con normalidad las altas funciones de la Corona, que van mucho más allá del andamiaje de representación institucional propio de otras familias reales de Monarquías parlamentarias modernas. En Japón, sin ir más lejos, príncipes y princesas han de participar cada año en un sinfín de rituales y ceremonias sintoístas que exigen contar con el suficiente banquillo palaciego. Pero son medidas polémicas. Quienes cuestionan que las féminas sigan siendo princesas tras casarse se preguntan cómo afectará a la dignidad de la Corona el que sus esposos e hijos sean meros plebeyos -por no hablar de los posibles conflictos de intereses que surgirían; hay mucho temor a que se dieran en Japón casos como el de Urdangarin en España-. En cuanto a la adopción de descendientes de los antiguos linajes reales abolidos, de por sí resulta muy complejo que muchachos nacidos como ciudadanos anónimos en el Japón del siglo XXI fueran capaces de pronto de encajar en la rigidez del protocolo más estricto que existe en Monarquía alguna y poder representar con idoneidad a la nación.

Como es lógico, la preocupación en el seno de la familia imperial es indisimulada. Y, a pesar de que sus miembros no pueden realizar declaraciones de carácter político partidista, han puesto el dedo en la llaga en distintas ocasiones. El príncipe Akishino -hermano del emperador Naruhito, actual Heredero y padre del mencionado Hisahito-, ha expresado en público no pocas veces su preocupación por el número de miembros menguantes que sirven a la Corona. Y el propio soberano sorprendió a propios y extraños en la conferencia de prensa que protagonizó antes de viajar con la emperatriz Masako a Europa -con motivo de las visitas de Estado que están realizando a Países Bajos y Bélgica-, al reclamar que los esfuerzos para garantizar el futuro de la institución "cuenten con la comprensión del pueblo".

No fue más allá el siempre mesurado y prudente Naruhito. Pero seguramente en su pensamiento estaban tanto el borrador de la Asamblea como el hecho de que todos los debates políticos sobre el asunto dejen fuera el sentir real de la ciudadanía. Y es que el 72% de los japoneses se declara a favor de permitir reinar a las mujeres, y el 74% permitiría la transmisión de derechos sucesorios por vía matrilineal, según las últimas encuestas. Un deseo que se da de bruces contra el ultraconservadurismo y el inmovilismo de la élite gobernante. Sanae Takaichi hizo historia en febrero al convertirse en la primera mujer que alcanzaba la jefatura del Gobierno de Japón. Pero en su primer discurso como mandataria, la bautizada como Dama de Hierro nipona, dejó tan claro que era acuciante resolver el ineludible problema que aqueja a la dinastía como que rechazaba de plano incluir a las mujeres en el orden sucesorio.

Sólo a comienzos de los 2000 se llegó a plantear que Japón volviera a tener una emperatriz -cabe destacar que la férrea ley sálica es producto de las normas promulgadas durante la Era Meiji (1868-1912), ya que antes el país sí había tenido hasta una decena de soberanas-. Con la princesa Aiko como única descendiente del que aún era príncipe heredero Naruhito, y dado que su hermano Akishino sólo tenía entonces dos hijas, el primer ministro Junichiro Koizumi encomendó a un panel de expertos un proyecto para enmendar la ley de la Casa imperial. Pero la inesperada llegada al mundo de Hisahito en 2006 fue un respiro para la tradicionalista élite dirigente, y con ello se enterró el debate sobre la sucesión femenina, en contra de la opinión mayoritaria del pueblo. Un pueblo al que tampoco ahora se quiere dar voz ni voto a pesar de que la misma Constitución establece que la posición del emperador "deriva de la voluntad del pueblo, en quien reside el poder soberano".