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La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía abrirá expediente sancionador, tras detectar que no activó el protocolo correspondiente, al colegio privado concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla, donde era alumna Sandra Peña, la menor 14 años que se suicidó en octubre de 2025 víctima de un posible caso de acoso.
La consejera de Desarrollo Educativo en funciones, María del Carmen Castillo, ha informado este martes sobre este expediente al ser preguntada durante una visita al IES Antonio Machado para hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo por los centros educativos andaluces dentro del Plan de Confort Térmico.
Tras el archivo provisional -ya recurrido- de la querella que los padres de Sandra presentaron contra los responsables del colegio y la investigación abierta por parte de un Juzgado de Menores a las tres alumnas señaladas como presuntas acosadoras, Castillo ha explicado que la administración educativa abrirá el correspondiente expediente sancionador.
La consejera ha asegurado que, cuando se produjeron los hechos, ya detectaron que no se habían iniciado los protocolos y se puso en marcha la denominada comisión de conciliación, prevista en la ley reguladora del derecho a la educación y que ya ha finalizado.
"Estábamos pendientes también de cómo iba actuando la autoridad judicial. Esa comisión de conciliación ha terminado sin acuerdo y lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso por no abrir los protocolos", ha detallado.
En cualquier caso, ha precisado que la administración educativa esperará a que concluyan los procedimientos abiertos por parte de la justicia y, cuando tenga toda la información, se llevará a cabo la tramitación del referido expediente sancionador, cuyo alcance no ha determinado.
"Muchas veces no entendamos las decisiones judiciales. Creo que la familia de Sandra Peña esperaba una respuesta diferente de la autoridad judicial. Nosotros, desde el punto de vista administrativo, sabemos que no se abrieron los protocolos y, por lo tanto, hay una responsabilidad", ha recalcado.
Respecto a la posibilidad de que se le pudiera retirar al colegio su concierto educativo, ha indicado que dependerá de la calificación final del expediente, que podrá ser leve, grave o muy grave.
Si la falta es leve o grave puede tener un apercibimiento, una sanción económica y, si es muy grave, una sanción económica mayor y, en último término, podría implicar la retirada del concierto.
"Eso va a depender de la instrucción, de la propuesta que haga el instructor y del alcance de la responsabilidad, muy vinculada a las conclusiones a las que llegue la propia Fiscalía de Menores, el Juzgado de Menores y cómo quede al final la resolución judicial", ha declarado.
El juez instructor de la querella de los padres señaló en su auto, al que tuvo acceso EFE, que el colegio sí adoptó medidas de protección tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, como la separación de las presuntas acosadoras -investigadas por su parte en un Juzgado de Menores- y el seguimiento psicopedagógico, y se refirió a la falta de relación de causalidad entre la actuación del centro y el suicidio.
No obstante, los padres de Sandra Peña recurrieron el archivo al considerar que el caso se había cerrado sin completar su investigación.
Entre otros aspectos, piden que se tenga en cuenta la autopsia practicada al cadáver de la menor, cuyo cuerpo presentaba cortes y que reveló que había ingerido alcohol (0,59 miligramos), por si esto pudo producirse antes en el propio colegio, dado que se suicidó muy poco después de la salida de clase.
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