Los inmigrantes que reciban una resoluci�n negativa a su proceso de regularizaci�n extraordinaria permanecer�n en Espa�a tal y como estaban: en situaci�n irregular. El Gobierno, que calcula un total de 500.000 beneficiarios finales de esta medida, no expulsar� a las personas que no obtengan los papeles tras haber iniciado el tr�mite.

As� lo han afirmado fuentes del Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, que llevado al Consejo de Ministros el real decreto que regularizar� de forma extraordinaria a estas personas. De acuerdo con las observaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha endurecido el texto, que ahora obliga a que los extranjeros certifiquen que no tienen antecedentes penales para legalizarse, toda vez que el Ejecutivo colaborar� con ellos para maximizar el n�mero de beneficiarios de esta medida.

Desde ahora, los interesados en acogerse a la regularizaci�n disponen de un mes para solicitar un certificado de antecedentes que demuestre que carecen de ellos en Espa�a y en el pa�s de origen desde los 5 a�os anteriores a la presentaci�n de la solicitud. Las fuentes del Ministerio consultadas precisan que, en el caso de haber vivido en otro pa�s diferente a los ya citados, tambi�n deber�n solicitar este certificado en esos lugares. Si no consiguen recabar esta documentaci�n, el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podr� solicitarla por la v�a diplom�tica en un plazo de tres meses.

Los extranjeros podr�n presentar sus solicitudes de forma telem�tica o presencial, con cita previa y en oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjer�a, entre este jueves 16 de abril y el pr�ximo 30 de junio de 2026.

Adem�s del certificado de antecedentes, deber�n acreditar que llegaron a Espa�a antes del 1 de enero de 2026, que han permanecido en el pa�s al menos cinco meses consecutivos y que no representan "una amenaza para el orden p�blico". Adem�s, deber�n acreditar uno de estos tres requisitos: tener alg�n v�nculo laboral en Espa�a, que permanecen en el pa�s junto a su familia si hay hijos menores o personas dependientes o que se encuentran en una situaci�n de vulnerabilidad.

Este �ltimo criterio deber� acreditarse "siempre y cuando est� accediendo a la regularizaci�n por la disposici�n adicional vig�simoprimera [referente a los solicitantes de protecci�n internacional] y no cuente con un proyecto laboral, ni circunstancias para acceder por los aspectos familiares", explican fuentes de Migraciones. Ser� una entidad del tercer sector inscrita en el Registro de Colaborades de Extranjer�a la encargada de certificar esta situaci�n, reflejando en dicho documento "el nombre, la entidad, y las circunstancias que dan lugar a esa situaci�n de precariedad. Por ejemplo: la situaci�n de precariedad, el riesgo psicosocial o la imposibilidad de acceder a una vivienda, entre otros".

Pero la obtenci�n del certificado de antecedentes es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los extranjeros que deseen legalizarse. De ah� las colas que se formaron frente a consulados en cuanto se anunci� la puesta en marcha de esta medida. En principio, el primer borrador del Ejecutivo planteaba la presentaci�n del justificante de petici�n de dicho documento, as� como una declaraci�n voluntaria en la que el interesado aseguraba no tenerlos. Tras las consideraciones del Consejo de Estado, esto �ltimo ya no basta en caso de no ser capaz de recabar el documento. As�, el nuevo texto del Gobierno, adelantado por la Cadena Ser y El Pa�s, prev� un modelo menos permisivo que el anterior.

No obstante, para no mermar el n�mero de beneficiarios, la norma alarga los plazos para obtenerlo, colaborando as� el Gobierno con los inmigrantes. Si despu�s de un mes desde la solicitud del certificado de penales �ste no se ha recibido, el Ministerio de Presidencia podr� de recabarlo por v�a diplom�tica, siempre que el extranjero aporte la documentaci�n necesaria. Se abrir� entonces un plazo de tres meses para recibir esa documentaci�n y, si no llega, el extranjero dispondr� de 15 d�as adicionales para intentarlo de nuevo. Si no lo consigue, no podr� optar al proceso.

Por su parte, el socio minoritario del Gobierno discrepa de la seria exigencia planteada por el Consejo de Estado e implementada por el Ejecutivo respecto a la necesidad de presentar un certificado que acredite la ausencia de antecedentes penales tanto en Espa�a como en cualquier pa�s en el que hayan residido en los �ltimos cinco a�os.

Para Sumar, como ha advertido su portavoz en el Congreso, Ver�nica Barbero, "los problemas administrativos o de plazos no deber�an obstaculizar la regularizaci�n de todas las personas". Y, en consecuencia, insiste en que el Gobierno tendr� que poner cuantos instrumentos est�n en su mano para conseguir que el objetivo del reglamento de regularizaci�n se cumpla �ntegramente. Esto es as� porque, seg�n Barbero, los inmigrantes "se lo merecen y se lo han ganado".

Con esta respuesta, la portavoz parlamentaria, se ha referido tambi�n al anuncio de Comisiones Obreras de convocatoria de huelga en las oficinas de extranjer�a por la sobrecarga de trabajo que supone la regularizaci�n masiva. Sumar asegura respetar y respaldar el derecho de huelga de estos trabajadores e insiste en que este anuncio "interpela al Gobierno" que es, afirma, el que debe poner todos los medios a disposici�n de las oficinas de extranjer�a para que todo el que lo desee pueda ejercer su derecho a pedir la regularizaci�n.

Comprom�s coincide en que la regularizaci�n masiva hace de Espa�a un "Estado m�s justo". "Estas personas forman parte de nuestra sociedad y negarles derechos b�sicos es una anomal�a que no nos podemos permitir". No obstante, esta formaci�n denuncia que los ap�tridas, en concreto, los inmigrantes saharauis, quedan fuera del objetivo del Reglamento, informa Marisa Cruz.

Solicitantes de asilo

Por otra parte, en los primeros borradores hab�a cierta confusi�n con respecto a los solicitantes de protecci�n internacional, a los que se exig�a renunciar a estos procesos para adherirse a la regularizaci�n. De nuevo, tras las consideraciones del Consejo, s�lo se les exige abandonar la v�a de la protecci�n internacional si el permiso de residencia por regularizaci�n extraordinaria les ha sido concedido.

El Ejecutivo aprobar� as� la iniciativa pactada con Podemos el pasado 26 de enero que, pese a las aseveraciones del Gobierno sobre el consenso logrado, ha suscitado numerosas cr�ticas. Entre ellas las del propio Consejo de Estado, que apreciaba en el texto de la norma que le fue remitido "un considerable desorden y falta sistem�tica en sus estructuras y distribuci�n de materias".

Las estimaciones del Gobierno apuntaban a que medio mill�n de inmigrantes en situaci�n irregular podr�an beneficiarse de esta medida, pero un an�lisis de Funcas apunto que el n�mero de benecificiarios podr�a acercarse mucho al mill�n: 870.000. Sea como fuere, el Ejecutivo est� decicido a maximizar el n�mero de personas que se acojan a la medida por "una cuesti�n moral", ha se�alado esta ma�ana desde Pek�n el presidente, Pedro S�nchez, as� como "desde un punto de vista de inter�s econ�mico" de cara a hacer frente al "invierno demogr�fico" que atraviesa el pa�s.