La mañana del 8 de octubre de 2018, Juanma Moreno y un grupo de diputados de su círculo más estrecho convocaron a los periodistas a las puertas de un chalé de la avenida de la Palmera de Sevilla, sede durante años de un club de alterne, el Don Angelo, a donde, según un atestado de la Guardia Civil, acudía un ex alto cargo socialista de la Junta y abonaba la cuenta con una tarjeta de la Faffe, una fundación pública creada para reactivar el empleo en Andalucía. Moreno utilizó el informe policial para dar un nuevo aldabonazo sobre la corrupción con una imagen que se ha quedado grabada en las hemerotecas como un hito en el comienzo del fin de la hegemonía socialista andaluza. Aquella misma tarde, Susana Díaz disolvió el Parlamento y fijó las elecciones para el 2 de diciembre.

Han pasado casi 7 años y 7 meses desde aquella fotografía a las puertas del puticlub y los abusos de la etapa socialista en la Junta siguen siendo objeto de investigación en los juzgados. Pero hoy hay otro caso de corrupción que se ha instalado como telón de fondo de la campaña electoral del 17-M y es el vinculado a la red de comisionistas formada en torno al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que tiene una derivada andaluza cuyos efectos en el ánimo de los electores están por determinar.

A los andaluces -y muy particularmente a los sevillanos- les va a doler especialmente recordar que una de las obras que fueron objeto de atención de la trama corrupta fue la ampliación del Puente del Centenario, que, según se conoció este miércoles, horas antes del inicio de la campaña electoral, ha quedado suspendida indefinidamente tras la renuncia de la UTE adjudicataria. El Puente del Centenario es un paso estratégico para la movilidad en la capital andaluza. Cada día miles de sevillanos sufren atascos en el viaducto. Las obras, ejecutadas al 83%, no tienen de momento fecha de reanudación. Los conductores tendrán ahora una razón más para acordarse de la gestión negligente y presuntamente corrupta de ese proyecto.

Juanma Moreno sabe que ese puente se puede convertir en un nuevo símbolo de la corrupción como lo fue en 2018 el Don Angelo. Y no tardó ayer en interpelar al respecto a la candidata socialista, María Jesús Montero, que ha sido vicepresidenta de Pedro Sánchez hasta la convocatoria de las elecciones andaluzas. Montero concurre a estos comicios con una doble mochila que, aunque a priori podría resultarle incómoda, el PSOE ha querido convertir en un activo político. De hecho, la campaña socialista, diseñada íntegramente desde Ferraz, abunda en esas dos experiencias que definen el currículum político de su candidata: por un lado, sus vínculos con el viejo PSOE andaluz (el que está inevitablemente relacionado con los ERE y la Faffe); y, por otro lado, su compromiso con el PSOE de Sánchez.

Montero no ha hecho ningún ejercicio de distanciamiento para marcar un perfil propio en el PSOE. Todo lo contrario. A diario, sigue ejerciendo como la sanchista más fiel y abnegada, a sabiendas de que cualquier otra actitud podría resultar poco creíble e incoherente. «Sánchez es el hombre más valiente que conozco», dijo en un mitin en Córdoba. El entorno de Montero está convencido de que la cartera social del Gobierno y la agenda internacional de Pedro Sánchez siguen siendo la mejor carta de presentación para la candidata, hasta el punto de que el presidente viajará a Andalucía en cuatro fechas durante la campaña, tras haber estado presente en dos actos en las vísperas.

Sánchez es el mejor reclamo electoral del PSOE, muy por encima de Montero, defienden los socialistas, que confían en que, al igual que ocurrió en las generales de 2023, el presidente actúe como un agente movilizador del voto progresista.

Esa implicación personal del presidente del Gobierno ha convertido las elecciones del 17-M en una suerte de primera vuelta de las generales. Es el PSOE el que, de alguna manera, ha transformado las andaluzas en un primer plebiscito sobre el sanchismo.

Los socialistas andaluces se darán por satisfechos si consiguen contener la sangría y Montero saca un voto más de los que consiguió Juan Espadas en 2022. Y si, además, Moreno pierde su mayoría absoluta y se ve obligado a pactar con Vox, el PSOE haría del 17-M una lectura victoriosa. En las generales de 2023 Pedro Sánchez sacó en Andalucía casi 500.000 votos más que Juan Espadas en las autonómicas de 2022. Y a esa comparativa se agarra el equipo de Montero para confiar en la estrategia impuesta por Ferraz.

Los socialistas intentan, por otro lado, sacar a Moreno de su zona de confort para colocarlo ante el espejo de las carencias de su gestión en materia de servicios públicos y ante las contradicciones del PP. No parece del todo casual que, en medio de la negociación entre el PP y Vox para desbloquear los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, el Gobierno abriera un proceso extraordinario para la regularización de medio millón de inmigrantes en España, agitando así el discurso antinimgración de la extrema derecha, al que se ha sumado, deshaciéndose de sus complejos, el PP de Alberto Núñez Feijóo. Aceptar la «prioridad nacional» en los acuerdos firmados con Vox supone discurrir justo en la dirección contraria al recorrido ideológico que ha hecho el PP andaluz para consolidarse en el centro político, donde se encuentra buena parte de los votantes que en el pasado apoyaban al PSOE.

Juanma Moreno ha aprovechado ese giro imprimido por Feijóo en su discurso para marcar distancias y reivindicar al PP-A como un partido de corte andalucista dentro de otro partido nacional. Incluso ha llegado a hablar con desdén de aquellos dirigentes políticos que no tienen margen de maniobra en la toma de decisiones y dependen de lo que les dicten desde Madrid. En ese saco incluye tanto al candidato de Vox, Manuel Gavira, como a la propia María Jesús Montero. «Las decisiones sobre Andalucía se tomarán en Andalucía», ha insistido. Moreno ha hecho bandera de la «vía andaluza», que empezó siendo un manual de buen entendimiento entre administraciones para conseguir acuerdos y desbloquear proyectos y podría acabar como una declaración de autodeterminación del PP-A dentro del PP.

Su estrategia pasa por mantener la hegemonía del centro político y cortar cualquier posibilidad de que el PSOE recupere apoyos por ese flanco. Defender su seña de identidad para conservar la mayoría absoluta es también el mejor servicio que puede prestarle al PP de Feijóo, porque infligiría un daño definitivo al PSOE de cara a las generales, y pondría en alerta a todos esos alcaldes socialistas que temen verse arrastrados por una concatenación de fracasos electorales de la mano de Sánchez.

Socavar los cimientos de la mayoría absoluta de Juanma Moreno es, en realidad, el objetivo del PSOE pero también del resto de los partidos de la oposición. Sobre todo, de Vox, que es la fuerza que más tiene que ganar en el caso de que sus votos sean imprescindibles para sacar adelante la investidura de Juanma Moreno.

Las fuerzas a la izquierda del PSOE, es decir, Por Andalucía y Adelante Andalucía, van a librar su propia batalla por el liderazgo del espacio. La coalición in extremis de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, con Antonio Maíllo a la cabeza, arrancó sin lograr superar las tensiones internas y, horas antes del inicio de la campaña, aún se desconocía qué grado de participación en la misma iban a tener Ione Belarra o Irene Montero, los referentes nacionales de Podemos que han boicoteado la confluencia hasta el último minuto.

Mientras tanto, los andalucistas de Adelante Andalucía (herederos de Teresa Rodríguez), con José Ignacio García al frente, sueñan con convertirse en el partido revelación, como lo fue la Chunta en las elecciones aragonesas, después de que el CIS apuntara incluso a un posible sorpasso en la izquierda, una posibilidad que el resto de sondeos descarta.

Al final, si se cumplen los pronósticos, las elecciones andaluzas van a pivotar en torno a 10.000 o 15.000 votos, que podrían mover hasta 6 o 7 escaños en favor o en contra de la mayoría absoluta del PP, situada en los 55 diputados. Eso sostiene Juanma Moreno, que resume lo que se juegan los andaluces en esta campaña con una disyuntiva sencilla: «O estabilidad o lío». Para el candidato popular los pactos de coalición con la extrema derecha en Extremadura y Aragón, lejos de ser un modelo, constituyen el mejor ejemplo de lo que él quiere ahorrarles a los andaluces.