La lista de 14 acusados incluye al sobrino que sucedió a Juan Bernardo Fuentes Curbelo en la Dirección General de Ganadería de Canarias, a los ocho empresarios que aceptaron pagar a la trama, al que intermedió para ello y a otros dos cargos en la administración autonómica
Juan Bernardo Fuentes Curbelo con Pedro Sánchez.
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La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación del caso Mediador, en el que reclama seis años de prisión para el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. Le atribuye un delito continuado de cohecho y otro de pertenencia a un grupo criminal.
La solicitud de condena se extiende a su sobrino, Taishet, que le sucedió en el cargo de director general de Ganadería de Canarias. Para él se piden 11 años de cárcel, porque se le añade el delito de estafa. La pena más elevada que se reclama es para quien ejercía de mediador con los empresarios contactados, Marco Antonio Navarro Tacoronte: un total de 13 años.
El Ministerio Público sostiene que desde 2021, el ex diputado, su sobrino y el mediador "idearon un plan criminal en virtud del cual, previa concertación entre ellos y con una distribución de funciones claramente definida, proponían a empresarios fundamentalmente del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico y a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, importantes negocios en el sector privado, así como la celebración de contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público, todo ello localizado geográficamente en el archipiélago canario".
La acusación se extiende al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para el que se piden dos años por colaborar con la trama, a la que servía para dar una apariencia de seriedad en las ofertas. A los ocho empresarios crédulos que aceptaron pagar a la trama también los sienta la Fiscalía en el banquillo.
La lista de acusados incluye a dos cargos públicos para los que se piden altas penas de inhabilitación, aunque no de prisión. Se trata de Álvaro de la Bárcena Argany, que ejercía como Viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, y de Estefanía Margarita González Núñez, que ocupaba el cargo de Jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador.
Conforme al relato que la Fiscalía llevará a juicio, como requisito casi obligatorio los acusados reclamaban a los empresarios una mordida inicial de 5.000 euros camuflada como patrocinio a una la asociación deportiva que presidía el entonces diputado. Se han detectado constantes ingresos en cuentas bancarias de personas interpuestas del entorno del mediador.
El dinero se destinaban a sufragar gastos como cenas, billetes de avión y estancias en hoteles, incluso el pago recurrente de servicios de prostitución. Los acusados reclamaban en ocasiones dinero en mano. "Lo que te quepa en los bolsillos" reclamaron en una ocasión.