�Qu� se puede hacer hoy en d�a con 92 euros? Quiz�s pagar los suministros de una vivienda o llenar un dep�sito de 50 litros. Pero esta cifra no es un gasto cotidiano para Mar�a Dolores de Mayoralgo (75 a�os), es lo que recibe mensualmente por su pensi�n despu�s de haber trabajado como arquitecta t�cnica -o aparejadora- m�s de 50 a�os. "La Constituci�n dice que todo el mundo ha de tener una pensi�n digna... pues a ver d�nde est� porque me parece lo m�s indigno del mundo", denuncia. Con esta cantidad, se ha visto obligada a continuar ejerciendo en la direcci�n de obra en Barcelona subiendo andamios hasta las cubiertas. "Mis hijos est�n horrorizados. Soy consciente de que llegar� un d�a en el que mi cuerpo no podr� m�s. Entonces, a ver c�mo se vive con 90 euros".

De Mayoralgo lleg� a esta situaci�n debido a un marco normativo que, hace cinco d�cadas, no contemplaba la libre elecci�n de r�gimen de previsi�n social. Cuando comenz� su carrera en 1974, la incorporaci�n al R�gimen Especial de Trabajadores Aut�nomos (RETA) estaba "completamente prohibida" para aparejadores, procuradores, abogados o arquitectos; lo que la obligaba por ley a cotizar en una mutualidad para poder ejercer. Durante sus primeros a�os de ejercicio, este sistema la mantuvo al margen de la red p�blica de salud. "No ten�a derecho a la medicina de la Seguridad Social ni a los medicamentos", cuenta De Mayoralgo, por lo que tuvo que costear �ntegramente sus servicios m�dicos mientras sus impuestos ya contribu�an al sostenimiento del sistema estatal.

No fue hasta 1997 cuando el Gobierno permiti� finalmente el paso de los mutualistas a la red p�blica, pero bajo condiciones que los afectados califican de "inviables". El traspaso exig�a empezar de cero la vida laboral y supon�a la p�rdida del capital acumulado en la mutualidad hasta la fecha. Ante la imposibilidad t�cnica de trasladar sus 23 a�os de antig�edad en ese entonces, De Mayoralgo se vio forzada a permanecer en un sistema privado que a�os m�s tarde enfrentar�a graves problemas de solvencia. "Nos quedamos prisioneros. Luego hubo una crisis en la mutua y nos quit� del fondo un 5%. Con la crisis de 2018, cuando no se visaban proyectos, nos volvieron a quitar un 60% y finalmente quebraron porque ten�an el dinero de los mutualistas en fondos y hab�an ido muy mal", recuerda. "Nos absorbi� otra mutua, pero nos volvieron a quitar un 5% del fondo".

As� fue como De Mayoralgo termin� con una pensi�n total de 1.104 euros al a�o con 12 pagas -sin paga extra- y sin revalorizaci�n del IPC. Como ella, es una situaci�n que afecta a miles de profesionales entre aparejadores, procuradores, abogados y arquitectos. La arquitecta t�cnica denuncia que "los Colegios Profesionales, afortunadamente no todos, en lugar de velar por la situaci�n de sus Colegiados, miran para otro lado, no informan, ni colaboran". S�lo la Mutualidad de la Abogac�a cuenta con cerca de 64.000 miembros, mientras que organizaciones como la Asociaci�n Nacional de Mutualistas Arquitectos (Anmarq) -con m�s de 1.300 socios entre arquitectos y aparejadores- denuncian que el 70% cobra o prev� cobrar pensiones inferiores a 700 euros y m�s del 50% est� por debajo de la pensi�n m�nima no contributiva. Unas cifras que contrastan con la pensi�n media de jubilaci�n de los aut�nomos espa�oles que supera los 1.000 euros mensuales, seg�n datos de la Seguridad Social. Uno de estos casos es Jos� Luis Pecker (69 a�os), un arquitecto en Madrid al que le ofrecieron una pensi�n vitalicia de 300 euros mensuales tras m�s de 30 a�os de aportaciones a la Hermandad Nacional de Arquitectos. "Se lo digo a la gente y no se lo cree", asegura.

Ante la imposibilidad de subsistir con esa cifra, Pecker se vio obligado a optar por una estrategia de "compresi�n": cobrar 650 euros al mes durante una d�cada a cambio de agotar prematuramente todo su capital acumulado. "Llevo casi tres a�os cobrando, lo que significa que en siete a�os me quedo a cero", explica. En 1997, cuando se abri� la posibilidad de cambio, Pecker ya sumaba 17 a�os de cotizaci�n obligatoria: "Era perderlo todo, no hab�a opci�n de pasar". Ahora, a pesar de haber trabajado otros siete a�os como arquitecto municipal cotizando a la Seguridad Social, ese tiempo no le sirve para generar una pensi�n p�blica al no alcanzar el m�nimo de a�os de cotizaci�n exigido por el Estado. Eso s�, recuerda que los mutualistas han sido "pagadores dobles", mientras sus impuestos nutr�an los Presupuestos Generales del Estado para financiar la sanidad y las pensiones de otros ciudadanos, ellos deb�an costearse aparte seguros de incapacidad, vida o bajas por maternidad que el sistema p�blico ya inclu�a para los aut�nomos del RETA. "Llevamos pagando toda una vida para que mucha gente tenga cosas que a ti no te permiten disfrutar", denuncia.

Pasarela al RETA

El reclamo de Pecker, junto con el resto de los mutualistas, es un traspaso "universal y voluntario" al sistema p�blico que ponga fin a d�cadas de desigualdad. Esta "pasarela al RETA", que se debatir� en la Comisi�n de Trabajo, Econom�a Social, Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados esta semana, busca que los a�os trabajados bajo el r�gimen de las mutualidades se reconozcan finalmente como tiempo de cotizaci�n efectiva en la Seguridad Social. La propuesta que el Gobierno mantiene actualmente sobre la mesa plantea un coeficiente de conversi�n del 0,77 para traspasar el capital acumulado, es decir, 10 a�os de trabajo y aportaciones a la mutualidad se convertir�an en apenas siete a�os y medio de cotizaci�n en el sistema RETA. Adem�s, excluye a los jubilados, como De Mayoralgo.

La falta de reconocimiento de la antig�edad real es lo que mantiene tambi�n a la abogada Gema Garreta (69 a�os) todav�a con la toga puesta en Jaca (Huesca). En 2006, cuando el sistema cambi� totalmente a la capitalizaci�n individual, ya acumulaba 26 a�os de carrera y la �nica v�a legal para acceder a la Seguridad Social segu�a siendo empezar su vida laboral desde cero.

Mutualidad -una de las entidades con m�s profesionales en esta situaci�n- explica que el paso de un modelo de reparto a uno de capitalizaci�n individual en 2005 "fue un mandato normativo" y sostienen que este cambio, junto con sus implicaciones, "fue comunicado de forma continuada mediante asambleas y reportes peri�dicos". Seg�n la entidad, se han impulsado iniciativas de asesoramiento para "alertar de que aportaciones m�nimas durante largos periodos tendr�an como consecuencia pensiones m�s reducidas". Sin embargo, los afectados denuncian que no en todos los casos fue as�. A pesar de haber realizado aportaciones extraordinarias siguiendo una publicidad de la Mutualidad de la Abogac�a que hoy califica de "falacia", la pensi�n estimada de Garreta es de 620 euros mensuales. "Hice el esfuerzo de cotizar m�s, pero es que eso no se ha reflejado para nada", lamenta. "Tenemos al enemigo en casa, lo hemos tenido siempre y seguimos prisioneros".

Con esta cifra, Garreta se ve obligada a seguir en activo y a cobrar, de momento, solo los intereses de su fondo para intentar que su capital acumulado no se agote antes de tiempo. "Cualquier soluci�n que no pase por reconocernos cada a�o cotizado en la mutualidad como a�o cotizado en la Seguridad Social es injusta". Por esto, las asociaciones de afectados (Anmarq, Anama y Amco) defienden en una "Propuesta de Consenso" una equivalencia de uno por uno en tiempo, de modo que cada a�o trabajado cuente �ntegramente para el porcentaje de la pensi�n.

Adem�s, tambi�n busca desmontar el "prejuicio social" que dibuja a arquitectos, aparejadores y abogados como una �lite privilegiada. Garreta subraya que el 70% o el 80% del colectivo son profesionales individuales, muchos de ellos de provincias con ingresos limitados y que est�n muy lejos de la facturaci�n de los grandes bufetes o estudios internacionales. "No somos la clase pudiente de la sociedad ni mucho menos", recalca. Desde las asociaciones destacan que la idea del profesional liberal "rico" es un "prejuicio social inaceptable y falso", ya que la gran mayor�a son hoy trabajadores por cuenta propia con ingresos similares o inferiores a los de otros aut�nomos.

La propuesta de las asociaciones plantea una reducci�n creciente de la aportaci�n necesaria para entrar al sistema p�blico en funci�n de la edad del jubilado y su menor esperanza de vida. Por ejemplo, un profesional que se incorpore a la pasarela con 65 a�os deber�a aportar el capital necesario para cubrir una expectativa de percepci�n de 20 a�os, el ciclo est�ndar sobre el que se calculan estas prestaciones. En cambio, para alguien de 80 a�os, cuya esperanza de vida se estima en apenas cinco a�os m�s, la aportaci�n requerida se reducir�a dr�sticamente hasta representar solo un 25% de ese fondo inicial.

"No va a ser un tema gravoso para las arcas del Estado, porque tenemos unos fondos que traspasar", defienden, ya que aportar�an el capital acumulado en sus mutuas a la Seguridad Social. Sin embargo, fuentes de Anmarq confirman que ya han entregado la propuesta en Moncloa, espec�ficamente al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Su�rez, sin obtener una respuesta.