Primero el mar se llevó parte del patio que rodeaba la casa y que había quedado suspendida en forma de terraza. Fue en el año 2024. Después horadó los cimientos y le dio un buen bocado a la duna sobre la que estaba construida la zapata de hormigón en la que se asentaba el inmueble. El riesgo se hizo entonces inasumible y la familia de Rosa Izquierdo tuvo que convencerla de que ya no era seguro seguir en la casa. «Cuando se suponía que teníamos que estar recogiendo nuestras cosas, mi madre seguía pensando en comprar los avíos para hacer un arroz, como si le costara hacerse a la idea de que nos íbamos de allí definitivamente». Fue la última paella que la familia Florán Izquierdo disfrutaría en la casa de Punta Candor, (Rota, Cádiz) donde habían pasado los últimos años, donde habían disfrutado de unos atardeceres irrepetibles, donde se refugiaron durante la pandemia. «Cuando soplaba viento, mi cama se llenaba de arena», recuerda Dora, la hija de Rosa, que recorre junto a su hermano Vicente el suelo dunar sobre el que se levantaba la casa que tenían alquilada al borde del mar.

Hoy, en este pequeño balcón de la costa gaditana tan sólo queda parte de la valla perimetral de la finca, unas losas sueltas y el resto de un enorme macetón partido en dos. Tras el tren de borrascas de enero y febrero, los propietarios del inmueble decidieron demolerlo porque el riesgo de desplome sobre la playa era ya inminente. Los intentos de proteger la vivienda habían resultado infructuosos y las administraciones no dieron los permisos para construir una nueva escollera que prorrogara la vida útil del inmueble. La casa vecina ha sobrevivido de momento, pero también muestra ya un enorme socavón que deja la zapata al aire y los bloques de piedra y hormigón que la protegen han sufrido deslizamientos.

Las construcciones que asoman sobre las dunas de Punta Candor y en la vecina playa de Peginas (unos metros al oeste en dirección a Chipiona) se levantaron hace entre 50 y 80 años a unos 70 metros de la orilla. Delante de ellas había incluso plantados algunos viñedos de tintilla, la uva que hace singulares los vinos de la comarca. Toda esa franja se la ha ido comiendo el mar. La línea de costa ha retrocedido visiblemente. Sólo en el último invierno lo ha hecho unos cinco metros, según la información facilitada por el Servicio de Playas del Ayuntamiento de Rota. Junto a la casa derruida, hay otro conjunto de chalés (calle Mar Caribe) que parecen confiados en ganarle la batalla desigual al mar a base de bloques de hormigón. Las olas combaten directamente contra las piedras y ha desaparecido la franja de arena que había delante de las edificaciones, rompiendo la continuidad de la playa.

Los temporales del invierno arrasaron todos los accesos de madera a Punta Candor y el municipio ha tenido que ponerse manos a la obra para repararlos de urgencia de cara a la temporada turística. Unos días antes de que el oleaje se llevara por delante las escaleras de bajada hasta la playa, el mar había dejado al descubierto unos restos arqueológicos en forma de piscinas y que recuerdan a las piletas en las que se conservaba el pescado en época romana. Los restos están por datar, no obstante, porque la regeneración natural de la arena los ha vuelto a cubrir. En cualquier caso, la zona se acotó y el Ayuntamiento no pudo «abrigar» debidamente con montañas de arena los accesos, como hace cuando se anuncian temporales, lo que aumentó los destrozos en las siguientes embestidas de las olas.

En los 16 kilómetros de litoral con los que cuenta el municipio de Rota hay algunas barreras con siglos de historia que minimizan el impacto del oleaje: son sus corrales de pesca, unos muros de piedra declarados «monumento natural» en 2001 que fueron construidos hace cientos de años. Hay dudas sobre si su origen es árabe, romano o fenicio, pero se sabe que se levantaron para usarlos como arte de pesca pasivo que aprovecha la alternancia de las mareas. Con la bajamar, las paredes de piedra ostionera salen al descubierto y configuran una postal singular que sus defensores quieren que la UNESCO reconozca como Patrimonio de la Humanidad, por su valor paisajístico, medioambiental y antropológico. Frente a las playas de Rota y Chipiona hay un total de ocho corrales bien conservados. «Recuperar otros ya desaparecidos podría contribuir a reducir el impacto del mar sobre este tramo del litoral», opina para EL MUNDO Andrés Barba, vicepresidente de la Asociación de Corraleros de Rota y un gran conocedor del entorno costero.

Las playas de Punta Candor o la de Peginas, con edificaciones amenazadas en primera línea, son sólo dos ejemplos de lo que ocurre en muchos puntos de la costa andaluza. Los expedientes para la construcción de escolleras se acumulan en la Dirección General de Costas, que tiene que dar los permisos, previo informe de la Consejería de Medio Ambiente. Los ayuntamientos son los que finalmente conceden las licencias para la instalación de estas barreras físicas. La erosión que provoca la dinámica de las mareas, agravada por el calentamiento global, es imparable y ameneza miles de viviendas y empleos vinculados a la economía azul. Así lo creen los expertos y lo asume también el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que admite la necesidad de invertir en la regeneración artificial de las playas pero advierte de que se trata de una estrategia que sólo permite «ganar tiempo» mientras se articulan soluciones para el largo plazo. «Ganar tiempo es importante», afirma el secretario de Estado. «Pero el mar no negocia», sostiene también.

Medidas de gran impacto como el retranqueo de la primera línea de playa en los tramos más amenazados, como el de Matalascañas (Almonte, Huelva), se han puesto ya sobre la mesa. «Pero no existe un modelo único», repiten desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Mover el paseo marítimo 100 metros tierra adentro supondría eliminar más de 300 edificaciones, sostiene el alcalde de Almonte, Francisco Bella, que acusa al Ministerio de plantear medidas inviables.

La protección del litoral se ha convertido también en un asunto recurrente en la confrontación política. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para frenar la reforma del Reglamento de Costas que ha iniciado el Miteco, y que afectan a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre. El PP defiende la protección de los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, ya que considera que muchas viviendas ubicadas en estos asentamientos históricos se ven amenazadas por los nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre que está impulsando el Gobierno, pese a tratarse de «núcleos consolidados desde hace generaciones y plenamente integrados en la identidad cultural y paisajística de nuestro litoral». «Son decenas de miles de familias a lo largo de la costa española las que viven bajo la amenaza real de demolición de sus hogares o de pérdida de sus derechos de uso, pese a haber desarrollado su vida y sus proyectos vitales bajo un marco normativo que el propio Estado les ofreció como estable y fiable», sostienen. El PP denuncia también el riesgo de ampliar de forma desproporcionada el dominio público mediante criterios de deslinde basados en episodios extremos aislados de temporales, en lugar de criterios contrastados y estables, «lo que puede generar inseguridad jurídica y conflictos patrimoniales».

Mientras tanto, el Gobierno dio luz verde en marzo a la declaración de emergencia de las actuaciones para reparar los daños que el tren de borrascas de los meses de enero y febrero provocó en el litoral andaluz. Básicamente se aprobó una inversión de 12 millones de euros para reponer los arenales mermados, que se repartió de la siguiente manera: 700.000 euros para la provincia de Almería, 6,2 millones para la costa de Cádiz, 2,9 millones de euros para Granada, 916.000 euros para Huelva y 1,28 millones para Málaga. El objetivo de estas actuaciones es recuperar la capacidad de las playas para actuar como defensa natural frente al oleaje y la erosión litoral, «mediante movimientos y aportes de arena que permitan restablecer su equilibrio y funcionalidad ambiental», explicó el Ministerio. Al margen, el Estado dispone de un fondo de 2.000 millones de euros para dotar a los ayuntamientos para obras en infraestructuras dañadas.

Theocharis Plomaritis, profesor del departamento de Física Aplicada de la Universidad de Cádiz y doctor en Dinámica Costera, lamenta en conversación con EL MUNDO que la administración carezca de «observatorios de procesos costeros» para el estudio de la evolución de las playas que le permitan conocer con precisión local la dinámica litoral y estimar los riesgos para tomar decisiones a medio y largo plazo.

El investigador no cree que exista una fórmula única para hacer frente al problema pero sí insiste en la necesidad de disponer de información para aplicar soluciones a cada situación particular. «Hace falta disponer de series temporales que permitan definir los perfiles y la volumetría de cada playa. En una playa natural como Doñana, el retroceso de la línea de costa que provocaron los fenómenos meteorológicos del año 2018 tardó dos años en revertirse. Pero no sabemos si la línea regresó al mismo punto en el que estaba antes de esos episodios», anota. «El problema no sería tanto los futuros fenómenos extremos, porque no hay un incremento significativo de ellos, sino el aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global, que va a producir retrocesos en la línea de costa en todo el mundo en mayor o menor medida. La línea de costa va a retroceder. Pero no sabemos si disponemos de suficiente espacio de acomodación, porque prácticamente toda la costa española está bastante urbanizada», apunta.