Durante los últimos días e incluso semanas hay unas palabras que se repiten de manera recurrente en los pasillos y salas de la Comisión Europea. "Normas", "control","transmitir seguridad" e, incluso, "evitar incidentes". Y todas ellas, por supuesto, vinculadas a la inmigración y al proceso de endurecimiento que Bruselas ha comenzado en las políticas que aplica en este ámbito. El primer paso ha sido el Pacto de Migración y Asilo, que entró en vigor el viernes y que, entre otros aspectos, conllevará un mayor control de fronteras y más rapidez en la expulsión.

El siguiente serán los centros de retorno, que beben directamente de los que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, puso en marcha. Esto es, lo que comenzó siendo una solución extremista se va a convertir en una norma por petición de los propios países. No hay mejor ejemplo para visualizar el notable giro que se ha producido en las políticas comunitarias, y en el que las formaciones radicales han tenido un papel muy relevante. Y, de alguna manera, con todo este proceso la UE va a elevar la prioridad nacional que Vox defiende en España a una suerte de prioridad europea.

O incluso sin el "de alguna manera", porque en el Ejecutivo europeo y en la inmensa mayoría de capitales comunitarias es lo que buena parte de los ciudadanos europeos han pedido con su voto: que se les priorice, que haya más seguridad en las calles ante lo que consideran que es una amenaza en forma de inmigrantes, y que no se les prive de derechos o se les obligue a hacer esfuerzos en favor de los que vienen de fuera, que en muchos casos, además, no quieren integrarse. Y también, por supuesto, que se preserven unos valores, una forma de vida y una forma de relacionarse dentro de la propia sociedad.

Esta situación, y más allá de lo que defiende Vox, es en realidad mucho más palpable en casi cualquier otro país europeo que en España. Porque la inmigración que recibe el país es, en muchos casos, de Latinoamérica, por lo que las conexiones lingüísticas, culturales y religiosas son evidentes. La voluntad de integración es mucho mayor.

"La situación es diferente en España porque el 80% de esas personas proceden en realidad de América Latina", certificaba el comisario de Asuntos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en el encuentro con diferentes medios, incluido EL MUNDO, que llevó a cabo el pasado jueves. Pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en algunos lugares de Francia muy vinculados a la inmigración islámica.

"En Bélgica se han afianzado estructuras mafiosas"

En Países Bajos la Mocro Maffia, compuesta principalmente por ciudadanos de origen marroquí, supone una grave amenaza para la seguridad del país y ha llegado a atentar contra políticos, y en Bruselas también existe un problema de inseguridad y de falta de integración. Molenbeek ya no es el mismo barrio que en 2016, cuando daba cobijo a terroristas islámicos que atentaron en la Sala Bataclan de París y en la propia ciudad, pero en el centro de la ciudad todavía se producen episodios esporádicos de tiroteos o incluso hay individuos que se pasean con fusiles kalashnikov. A tan sólo unos kilómetros de las instituciones europeas y con un grado de impunidad difícil de creer. Y por encima de todo ello está el riesgo de que el país se convierta en un narcoestado, que es algo de lo que han alertado varios jueces.

"En Bélgica se han afianzado amplias estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la Policía, sino también al poder judicial", avisó una magistrada de Amberes ya el pasado otoño. "Afrontamos una amenaza organizada que mina nuestras instituciones", añadió. Las similitudes con Países Bajos son evidentes y, también, el papel de la inmigración es vital.

Alemania, por su parte, constituye uno de los ejemplos más reveladores de cómo la inmigración ha dejado de ser una cuestión exclusivamente humanitaria para convertirse en una cuestión de gobernabilidad. Durante la guerra de Ucrania, Berlín concedió a los refugiados ucranianos un acceso excepcional al Bürgergeld, el principal sistema de protección social alemán. La medida respondía a una lógica política y humanitaria evidente. Alemania ha acogido a más de 1,2 millones de ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. El país alberga además a más de tres millones de personas bajo distintas formas de protección internacional, entre ellas alrededor de un millón de sirios y más de un millón de ucranianos, lo que ha convertido la inmigración en una cuestión estructural.

Aquella decisión acabó convirtiéndose en uno de los asuntos más sensibles del debate migratorio. La controversia no se limitaba a los 563 euros mensuales que recibe un adulto solo beneficiario del Bürgergeld o a los 506 euros por miembro de una pareja. La prestación incluye además vivienda, calefacción, seguro médico, escolarización e integración. En la práctica, una madre con dos hijos podía recibir más de 1.300 euros mensuales en prestaciones directas, además del alquiler. Una pareja con dos hijos podía superar los 1.800 euros sin contar la vivienda.

La protección social de los refugiados ucranianos

Fue esa imagen del paquete completo de ayudas la que alimentó el debate político. Muchos ciudadanos no entendían por qué personas recién llegadas podían acceder de forma inmediata al mismo sistema de protección social que un desempleado alemán o que un trabajador que había pasado años contribuyendo al país antes de necesitar apoyo público.

La anomalía era doble. Los ucranianos no solo accedían al mismo sistema que los beneficiarios alemanes del Bürgergeld. También recibían un trato más favorable que otros refugiados. Mientras un sirio, un afgano o un iraquí quedaban sujetos al régimen ordinario de solicitantes de asilo, los ucranianos podían incorporarse directamente al núcleo del Estado de bienestar gracias al mecanismo europeo de protección temporal. La consecuencia fue una jerarquía difícil de justificar políticamente: refugiados distintos recibían tratamientos distintos.

La decisión del Gobierno alemán de retirar ese acceso directo a los nuevos refugiados ucranianos llegados desde abril de 2025 busca cerrar esa doble excepción. No responde únicamente a razones presupuestarias. También pretende recuperar una percepción de control sobre el acceso al Estado social.

La entrada en vigor del nuevo pacto migratorio europeo refuerza además esa tendencia. Más que limitar la capacidad de actuación de los Estados, crea un marco común dentro del cual políticas nacionales más restrictivas resultan políticamente más defendibles. Bruselas lo presenta como una respuesta europea a un desafío compartido. Pero para gobiernos como el alemán también supone una forma de recuperar margen de actuación y demostrar a sus ciudadanos que la inmigración vuelve a estar bajo control.

Austria ofrece quizá el ejemplo más explícito. El Gobierno suspendió temporalmente la reunificación familiar para refugiados alegando haber alcanzado los límites de su capacidad de integración. La justificación oficial fue la presión sobre escuelas, vivienda y servicios públicos. El canciller Christian Stocker habló abiertamente de evitar una "sobrecarga" del sistema.

Dinamarca vincula desde hace años determinadas prestaciones a la residencia efectiva, el empleo y la integración. Los Países Bajos endurecen las condiciones de acogida y reducen excepciones. Ninguno habla oficialmente de preferencia nacional. Pero todos avanzan hacia una misma idea: el acceso al núcleo más generoso del Estado de bienestar debe depender cada vez más del arraigo, la integración y la contribución al país, y cada vez menos de la mera condición de recién llegado.

Capacidad de absorción

La cuestión de fondo no es únicamente económica. Existe también un problema real de capacidad de absorción. Vivienda, escuelas, transporte, sanidad y ayudas sociales son recursos limitados. Cuanto mayor es la presión migratoria, mayor es la dificultad para integrarla sin tensiones sociales ni deterioro de los servicios públicos.

Ese debate aparece este domingo en Suiza bajo una forma aún más explícita. Los ciudadanos votan un referéndum promovido por el Partido Popular Suizo (SVP) para impedir que la población supere los 10 millones de habitantes antes de 2050. Si alcanza los 9,5 millones, el Gobierno estaría obligado a adoptar medidas, especialmente en asilo y reunificación familiar. Si llegara a los 10 millones, Suiza podría verse obligada incluso a cuestionar la libre circulación de personas con la Unión Europea.

Actualmente Suiza cuenta con unos 9,1 millones de habitantes y cerca del 27% de su población es extranjera, una de las proporciones más elevadas de Europa occidental. Los promotores del referéndum denuncian la presión sobre la vivienda, los alquileres, las infraestructuras y los servicios públicos. Sus detractores denuncian un proyecto impulsado por la derecha nacional-conservadora que amenaza la prosperidad económica del país y sus relaciones con la Unión Europea. Pero, más allá de la batalla política, la pregunta es la misma que en Berlín o Viena: cuánta inmigración puede absorber una sociedad sin alterar su equilibrio económico y social.