ANDALUC�A
El dictamen considera que no es competente para pronunciarse pues no habr�a comprometidos en esta causa fondos europeos
Manuel Chaves, Jos� Antonio Gri��n y Javier Guerrero (en la fila de atr�s), durante el juicio de los ERE.POOL
Actualizado
La Comisi�n Europea ha emitido un informe contrario a que el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) se pronuncie sobre la sentencia de los ERE, respondiendo as� a la cuesti�n prejudicial que hab�a planteado la Audiencia de Sevilla. El Gobierno de la UE habr�a considerado que el TJUE no puede convertirse en un "tribunal de supercasaci�n" y, adem�s, en este caso ni siquiera habr�a fondos europeos comprometidos.
Seg�n el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO y que fue adelantado este lunes por Diario de Sevilla, la Comisici�n considera que el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea "es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia Provincial de Sevilla mediante auto de 17 de julio de 2025". El autor del informe afima que no se pueden incluir en el �mbito de aplicaci�n del Derecho de la Uni�n "situaciones de hecho que no tienen ning�n v�nculo con �l". "De otro modo, el Tribunal de Justicia podr�a pronunciarse sobre la pr�ctica totalidad de las resoluciones de los �rganos jurisdiccionales nacionales, erigi�ndose en una instancia de �supercasaci�n� europea, si se permite esta expresi�n".
Como se recordar�, la Audiencia de Sevilla solicit� la intervenci�n del TJUE a trav�s de una cuesti�n prejudicial para que aclarara si el Tribunal Constitucional de Espa�a, que anul� buena parte de las sentencias, se extralimit� en sus funciones invadiendo competencias de los jueces y magistrados que condenaron el desv�o sistem�tico de fondos a trav�s de un mecanismo fraudulento de reparto de ayudas.
Esa extralimitaci�n y las citadas anulaciones de condenas pondr�an generar un "riesgo sist�mico de impunidad" contrario a los intereses financieros de la Uni�n Europea, seg�n aleg� en ese recurso la Audiencia de Sevilla.
La presentaci�n de este recurso ante el TJUE supuso la paralizaci�n de la revisi�n de las condenas impuestas desde la Audiencia de Sevilla y ratificadas por el Tribunal Supremo. Ambas instancias hab�an considerado probado que una veintena de altos cargos de la Junta de Andaluc�a, entre ellos los ex presidentes Jos� Antonio Gri��n y Manuel Chaves, cometieron delitos de prevaricaci�n y/o malversaci�n en el reparto de 679.412.179,09 euros a lo largo de una d�cada sin ning�n tipo de control y mediante la habilitaci�n de un mecanismo extraordinario, el controvertido "procedimiento espec�fico", que permt�a eludir las garant�as de la administraci�n. Sin embargo, el TC resolvi� posteriormente que ese procedimiento era "legal" porque fue recogido en las leyes de presupuestos que se aprobaban cada a�o.
La Audiencia de Sevilla consider�, sin embargo, que el TC podr�a haber usurpado sus funciones ya que no se limit� a evaluar las garant�as del proceso sino que entr� en una valoraci�n de las pruebas, algo que no es su competencia. "El Tribunal Constitucional, �rgano ajeno al Poder Judicial, habr�a incurrido en una extralimitaci�n en la funci�n de control de las garant�as constitucionales que le corresponde" y en una invasi�n de �mbitos reservados a la jurisdicci�n de los jueces y tribunales mediante la citada interpretaci�n alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricaci�n y de malversaci�n de caudales p�blicos, y la consecuci�n ulterior de una valoraci�n probatoria y un juicio de subsunci�n contrarios a los realizados por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo", indica la resoluci�n.
En un auto fechado el pasado 14 de julio, la Audiencia justific� la presentaci�n de esta cuesti�n prejudicial para "evitar que se produzca un riesgo sist�mico de impunidad futura en escenarios similares" y para "salvaguardar los intereses financieros de la UE".
La Audiencia de Sevilla aleg� que las sentencias dictada por el �rgano de garant�as podr�an resultar "contrarias al Derecho de la Uni�n y los Tratados y a la interpretaci�n que de ellos ha realizado el TJUE" recordando la sala la "primac�a" de la legislaci�n comunitaria. En concreto, apuntan a que el borrado de los ERE por parte del TC contradice lo establecido por el Tribunal Europeo en sentencias como la dictada el 21 de diciembre de 2021 (caso Euro Box) y que, igualmente, podr�a atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva.
El informe de la Comisi�n Europea subraya que no existe financiaci�n de la UE en los fondos malversados. La Audiencia de Sevilla hab�a alegado que "habida cuenta de la estrecha relaci�n que existe entre el presupuesto de la Uni�n y los presupuestos de los Estados miembros, la apropiaci�n indebida de fondos p�blicos de un Estado miembro puede afectar potencialmente o indirectamente a los intereses financieros de la Uni�n, cuando menos a trav�s del �mensaje� enviado por una jurisprudencia nacional indulgente en relaci�n con la falta de sanciones penales o sanciones penales m�s bajas para tales conductas". Sin embargo, la Comisi�n considera que "a falta de un v�nculo suficientemente directo con el presupuesto de la Uni�n en el asunto principal", la relaci�n "resulta puramente hipot�tica". "Como la fuente de financiaci�n parece ser el presupuesto de la Comunidad Aut�noma y no existe financiaci�n con cargo al presupuesto de la Uni�n, el asunto principal no entra en el �mbito de aplicaci�n material del art�culo 325 TFUE ni en el de las disposiciones de Derecho derivado relativas a la protecci�n de los intereses financieros de la Uni�n mencionadas en las cuestiones prejudiciales. Por ello, esas disposiciones son simplemente inaplicables".