Vivienda
El encargo a trav�s de un contrato menor con un presupuesto base de 14.490 euros y le permite al ministerio de Vivienda elegir a qui�n se lo adjudica
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodr�guez, en la visita a dos promociones de pisos de protecci�n oficial en Girona.EFE
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"Ni un euro p�blico para la especulaci�n", promet�a Isabel Rodr�guez a finales de abril con la aprobaci�n del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que a nivel de financiaci�n plantea blindar la vivienda protegida para evitar su privatizaci�n. A nivel legislativo, su ministerio se acerca cada vez m�s a las propuestas de la Generalitat de Catalu�a para frenar la compra especulativa de viviendas, es decir, las que no tengan como finalidad el uso residencial, y lo hace encargando esta semana un estudio jur�dico para evaluar la viabilidad de establecer l�mites a la adquisici�n de bienes inmuebles, tal como lo hizo el Govern a finales del a�o pasado.
El ministerio que dirige Rodr�guez dej� el documento en manos de Pablo Feu Fontai�a, profesor asociado en la Universidad de Barcelona y el mismo jurista que hizo el estudio para el Plan Estrat�gico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y en el que la Generalitat se apoya para plantear las medidas que prohiben la compra especulativa. En concreto, el primer informe que Feu Fontai�a hizo para Catalu�a concluy� que "es viable restringir la adquisici�n de inmuebles para uso especulativo", una pr�ctica que puede ser limitada ante "la situaci�n excepcional de riesgo de p�rdida del derecho de acceso a la vivienda".
El ministerio de Vivienda hizo el encargo a Feu Fontai�a a trav�s de un contrato menor, seg�n consta en la plataforma de Contrataci�n del sector p�blico. La ventaja de este tipo de acuerdos es su agilidad y simplificaci�n administrativa, lo que les permite a las administraciones cubrir necesidades urgentes o puntuales con un bajo importe sin la complejidad de una licitaci�n formal. Es decir, en este caso Vivienda pod�a elegir a dedo a qui�n encargaba el asesoramiento jur�dico para medidas de intervenci�n del mercado inmobiliario y eligi� al experto que ya hab�a validado la prohibici�n en Catalu�a.
Los contratos menores tambi�n tienen la particularidad de que su valor econ�mico es reducido. La Ley de Contratos del Sector P�blico (LCSP) establece un valor inferior de 15.000 euros para el concepto de servicios o suministros, como es el caso del nuevo estudio, aunque el presupuesto base de la licitaci�n a Feu Fontai�a se hizo rozando este l�mite, hasta los 14.490 euros sin impuestos y debe ejecutarse en el plazo de un mes. Con esto, la Administraci�n est� obligada a publicar trimestralmente la informaci�n relativa a estos contratos menores.
Y es que las conclusiones del primer estudio -adem�s de otros tres que encarg� el Govern- son clave para que las intenciones de Catalu�a de prohibir la compra especulativa se formalizaran. Tras su publicaci�n, Salvador Illa, president de la Generalitat, encarg� a la conselleria de Territorio, Vivienda y Transici�n Ecol�gica, a cargo de S�lvia Paneque, analizar la posibilidad de estas limitaciones en el territorio. Finalmente, en febrero el Govern y Comuns llegaron a un acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat que contemplan prohibir la venta especulativa de viviendas no habituales, en lo que convertir�a a Catalu�a en la primera comunidad con esta medida.
De hecho, la prohibici�n en Catalu�a est� pensada para los grandes tenedores, -quienes tienen m�s de cinco pisos en zonas de alta demanda- y s�lo podr�n comprar si ser� su vivienda habitual o edificios enteros para alquiler con el l�mite de renta de las zonas tensionadas. Una excepci�n que el informe jur�dico de Feu Fontai�a contemplaba ya. "La medida de la intervenci�n en el mercado inmobiliario es una forma de intervenci�n administrativa plenamente v�lida y amparada expresamente por el ordenamiento urban�stico", reza el estudio en la web del PEMB.
Todo esto mereci� el aplauso de Rodr�guez, que calific� las pol�ticas de la Generalitat de "inspiradoras". Sin embargo, el seguir los pasos de Catalu�a y aplicarlos a un nivel m�s amplio tambi�n implica enfrentarse a las reacciones del sector que no quedaron contentas a inicios de a�o con la ley catalana y la intervenci�n en el mercado, al que han acusado de "ir en contra de la Constituci�n", sobre todo con el derecho a la propiedad privada que permite limitaciones, pero con criterios de proporcionalidad y justificaci�n de inter�s general. Mientras tanto, el estudio jur�dico encargado por Vivienda a Feu Fontai�a evaluar� la posilidad de restringir la compra de vivienda "en funci�n del territorio y el adquiriente". El objetivo es analizar los l�mites jur�dicos que tienen para aplicar estas restricciones y definir el futuro de la pol�tica inmobiliaria del Gobierno, por lo que eval�an las limitaciones territoriales con las zonas declaradas tensionadas. Sin embargo, las medidas intervencionistas ya han recibido la negativa del sector varios a�os.
En cualquier caso, la ministra de Vivienda ya hab�a planteado recientemente una iniciativa similar a las instituciones europeas. Rodr�guez pidi� "combatir, a trav�s de la regulaci�n, toda clase de especulaci�n para preservar la funci�n social de la vivienda" en una reuni�n informal de ministros y ministras competentes en vivienda de la Uni�n Europea presidida por el comisario de Energ�a y Vivienda, Dan J�rgensen. En diciembre de 2025, la Comisi�n Europea present� su primer Plan Europeo de Vivienda Asequible en el que incluye medidas para detectar comportamientos especulativos y aumentar la transparencia del mercado.