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Desde el inicio de la legislatura, tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como la consejera portavoz, Sílvia Paneque, han empleado en incontables ocasiones la expresión «honrar los pactos de investidura» al referirse a la determinación del Govern a la hora de cumplir los compromisos que el PSC firmó con ERC en agosto de 2024, refrendados a su vez por la ejecutiva federal del PSOE.
El flamante acuerdo presupuestario al que han llegado ambos partidos insufla oxígeno al Ejecutivo catalán, que durante la primera mitad del mandato ha funcionado con las cuentas prorrogadas del ejercicio 2023, completadas con cuatro suplementos de crédito [tres el año pasado y uno este]. A la vez, Esquerra consigue exhibir algunas cesiones que hace dos meses, en el intento inicial fallido de Illa de aprobar los Presupuestos, no estaban sobre la mesa y provocaron que el líder republicano, Oriol Junqueras, forzara a los socialistas a aplazar todo el proceso. «Hace 50 años que el Estado no construye ningún kilómetro de vía en Cataluña», presumen los independentistas al hablar de la inversión estatal comprometida para construir la línea orbital ferroviaria, una infraestructura presentada como la clave que ha permitido llegar a un acuerdo.
No obstante, una vez estrechadas las manos y cerrado ya el ciclo de elecciones autonómicas iniciado en diciembre [Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía], da comienzo desde ya un nuevo ciclo negociador en el que los republicanos exigirán, ahora sí, un acelerón al Gobierno de Pedro Sánchez en distintas materias, como la financiación autonómica, la cesión del IRPF, la participación en la gestión del aeropuerto de El Prat o el traspaso de la R1 de Rodalies, la primera línea que debe ser transferida este año. Un cuerpo a cuerpo en el que reclamarán al Govern de Illa que vaya de su mano y alce también la voz.
Las cuatro citas regionales con las urnas celebradas en solo medio año habían paralizado las cuestiones más espinosas acordadas por socialistas y republicanos, especialmente las que concernían a la ex vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, candidata en Andalucía. Tanto es así que el nuevo sistema de financiación autonómica pactado a principios de año por Sánchez y Junqueras aún no ha sido derivado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ni tiene fecha prevista de entrada en el Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa. A la descontada oposición de los Ejecutivos regionales del PP en el CPFF se le suma la temida falta de consenso sobre el modelo propuesto por el PSOE y ERC entre las heterogéneas fuerzas políticas que permitieron la investidura del presidente en noviembre de 2023. Los republicanos prevén que a finales de este mes comience la tramitación para la condonación del FLA.
Los Presupuestos catalanes tienen muchos números de ser los únicos que se aprueben en esta legislatura, ya que el próximo año habrá elecciones municipales y, salvo adelanto, también generales. Una eterna precampaña que tomará fuerza tras el verano y la que después seguirá para las catalanas de 2028 hacen prácticamente imposible una nueva foto de entente entre el Govern y Esquerra.
Tras ganar el órdago en marzo, cuando Illa se vio obligado a retirar el proyecto de ley de Presupuestos del Parlament, los republicanos eran conscientes de que ya no tenían apenas nada que ganar con un nuevo pulso que dejara a Cataluña sin cuentas públicas actualizadas. Máxime cuando confluyen en la calle diversas protestas, como la de los docentes, el personal de las escuelas infantiles, los médicos o la convocatoria de tres días de huelga que ayer hicieron los sindicatos del Cuerpo de Agentes Rurales para la próxima semana (26, 27 y 28 de mayo).
Cumplido el pacto tácito de facilitar su aprobación antes de que finalice el periodo de sesiones parlamentarias, ERC se siente ya con las manos libres para aumentar la presión sobre Sánchez y no dar alas al discurso de Junts de que el grupo que lidera Gabriel Rufián en el Congreso ejerce de simple muleta del Gobierno.
Más allá de seguir musculando la Agencia Tributaria de Cataluña, como con la dotación conocida ayer de 527 millones de euros hasta 2029, los republicanos son conscientes de las dificultades para materializar el punto estrella del pacto de investidura y razón que esgrimieron para levantarse de la mesa en marzo: la cesión del 100% del IRPF.
Respecto a El Prat, Illa avanzó hace un mes en el Parlament «un acuerdo inmediato» para que la Generalitat participe en su gestión. «Cataluña tendrá las mismas competencias que el País Vasco», había asegurado la portavoz Paneque, unos días antes, respecto al órgano bilateral aeroportuario acordado entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales.
Por otra parte, el pacto de investidura de 2024 contempla el fomento de la lengua catalana y su blindaje en la enseñanza, y otros acuerdos aún en fase muy preliminar, como la Oficina de promoción de las selecciones deportivas catalanas, o la no desarrollada Convención nacional para la resolución del conflicto político.
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