Vicente Fernández faltó el pasado noviembre a la cita anual con el grupo de amigos de su época universitaria. Todos los años, por esas fechas, los antiguos compañeros del Colegio Mayor San Juan Bosco de Sevilla —una residencia para estudiantes privada y religiosa— se reúnen para pasar un fin de semana en el campo. El último encuentro al que acudió el ex presidente de la SEPI fue el de noviembre de 2024 y, muy probablemente, también faltará al de este año.

A las pocas semanas de la quedada a la que no fue, Fernández apareció en los titulares de periódicos, radios y televisiones tras ser detenido por orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional. Se le imputaba, se le imputa, formar parte de una trama presuntamente corrupta que amañaba contratos públicos para obtener mordidas al amparo de la cloaca socialista en cuya cúspide la UCO sitúa al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Fue por entonces, recuerda un antiguo compañero de residencia universitaria, cuando Fernández abandonó los grupos de WhatsApp que compartía con sus amigos de juventud. Sin dar explicaciones, sin decir ni adiós.

Su arresto, junto a la considerada la fontanera del PSOE Leire Díez (con la que mantenía una relación muy estrecha), «dejó a todos chocados» en el grupo del que no se había despedido Fernández. Incredulidad, asombro... Fue un «bombazo».

No es que el ex presidente de la SEPI —que acumuló un enorme patrimonio en los últimos años— fuese el más popular de la pandilla. Ni siquiera participaba demasiado en los grupos de WhatsApp.

El shock de quienes le conocían estuvo motivado, más bien, por la imagen que tenían de quien, según la UCO, se hizo de oro haciendo negocios sucios usando el poder que llegó a tener como presidente del conglomerado empresarial público y el manto protector que le proporcionó, luego, cuando tuvo que dimitir por su implicación en el caso Aznalcóllar, la ex vicepresidenta María Jesús Montero.

El corrupto que dibujan los investigadores de la Unidad Central Operativa no tiene nada que ver con el Vicente Fernández de los años en los que estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. O el que quedó número uno en las oposiciones al Servicio Jurídico de la Junta de Andalucía solo tres años después de terminar la carrera. O el brillante, y escrupuloso, funcionario que hizo carrera política hasta llegar a ser interventor general de la Administración autonómica.

El Croata —que era el apodo que tenía en la residencia estudiantil por los efectos del acné en su cara— era «un ratón de biblioteca». «Un machaca que lo flipas», lo define otro de sus ex compañeros de aquella época.

Correctísimo en las formas, hípereducado, discreto... Quienes le conocieron antes de su caída no ahorran los elogios hacia aquel Vicente Fernández que conocieron y en cuya inocencia creían cuando se vio envuelto, por primera vez, en una investigación judicial, la del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

A sus amigos les decía que había sido «víctima» de una especie de persecución y cuando tuvo que apartarse de la SEPI contaba que se estaba «buscando la vida» colaborando con empresas vascas.

Fernández estuvo a sueldo de la navarra Servinabar, la empresa de la que era socio secreto Santos Cerdán, y fue asesor, además, de Tubos Reunidos, en cuyo rescate con fondos públicos tuvo mucho que ver, de acuerdo a la UCO.

«Sabíamos que estaba haciendo de intermediario», dicen, pero no se imaginaban que podían ser, como apunta la investigación, en el marco de una trama corrupta a la que los presuntos implicados —Fernández, Leire y Antxon Alonso— llegaron a bautizar como «Hirurok» (los tres, en euskera) en el grupo de WhatsApp que compartían.

Tras ser un estudiante «ejemplar» y un opositor «ejemplar», también fue un empleado público «ejemplar». Recuerda un conocido que trabajó con él ocasionalmente su «pulcritud» y cuidado en el manejo del dinero público. «Nos regateó todo lo que pudo», añade.

¿Malas compañías?

Nadie, en este entorno, se explica qué pudo pasar y señalan al sospechoso habitual: las malas compañías, «las relaciones afectivas y de otro tipo» que tuvo, sobre todo, cuando empezó su andadura en la esfera política de la mano del PSOE, aunque en su juventud sus inclinaciones iban más por el PP, cuentan.

Ahí tuvo un papel fundamental la hoy secretaria general del PSOE-A. No solo fue, como ministra de Hacienda, la que le nombró presidente de la SEPI en 2018, nada más estrenarse Pedro Sánchez en el Gobierno, sino que fue su valedora desde el principio.

Fuentes del último gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía confirman a Crónica que su nombramiento como interventor general —después de ser secretario general de Industria— fue a propuesta de Montero, consejera de Hacienda, «porque tenía buena fama como técnico de nivel A», el más alto dentro de la función pública.

También fue Montero la que, tras su imputación en el caso Aznalcóllar y su dimisión forzada, le reservó casi durante dos años el puesto de presidente de las empresas públicas, defendiendo, a capa y espada, su inocencia.

Tanto él como ella han insistido en que su relación acabó con su salida de la SEPI, pero la investigación sugiere que, al menos, actuó en los años siguientes al amparo de la influencia y del nombre de la ex vicepresidenta.

Hasta el punto de que pudo seguir dirigiendo la SEPI en la sombra, una hipótesis que avalan los diarios de la propia Leire Díez.

La cloaca del PSOE que presuntamente dirigió Cerdán y ella ejecutó tenía, precisamente, como uno de sus objetivos desmontar el caso Aznalcóllar —que le dejó fuera de juego— y desacreditar a la juez Mercedes Alaya, la magistrada que impidió el archivo de la causa y le sentó en el banquillo de los acusados.

De aquel juicio salió absuelto Fernández el 5 de diciembre de 2025, pero apenas pudo celebrarlo durante días porque el día 20 de ese mismo mes era detenido por la UCO y su antigua pandilla del colegio mayor entraba en shock viendo la caída (presunta) del «ejemplar» Vicente Fernández.