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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este martes una declaración institucional como reacción a los ataques a la actividad judicial que se han producido en los últimos días a raíz de las investigaciones en torno al PSOE, como los casos de las cloacas de Ferraz o la que afecta al ex presidente Zapatero.
"El Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. Contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho", indica la resolución respaldada por siete vocales y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló.
Los integrantes de la Permanente de los jueces subrayan "la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial", algo que "no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano".
El breve comunicado -que menciona el "derecho de defensa" junto a la independencia judicial como pilar del Estado de derecho- ha sido considerado demasiado tibio por tres asociaciones judiciales y dos de fiscales, entre ellas las más representativas. Y resaltan la gravedad de las informaciones sobre las espionaje a la juez de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno.
"Causa especial desazón la falta de contundencia de nuestro órgano de gobierno el silencio del CGPJ ante estas informaciones, por eso esperábamos que en este caso el CGPJ hubiera estado a la altura en su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial", afirman las asociaciones.
"Lamentamos asimismo la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial" añaden en referencia a la fiscal general, Teresa Peramato.
El comunicado lo firman, del lado judicial, las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), así como Foro Judicial Independiente (FJI). Del lado del Ministerio Público, la Asociación de Fiscales (AF) -la más representativa- y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif).
Se recuerda que hace justo un año todas las asociaciones judiciales -en esa ocasión incluyendo a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- suscribieron un comunicado conjunto de apoyo a la magistrada de Badajoz. "Lo publicado ahora vendría a ratificar lo que por aquel entonces se venía apuntando. Es necesario partir de la defensa a ultranza al derecho a la presunción de inocencia [...] Sin embargo, con las informaciones difundidas hasta la fecha, causa una profunda inquietud la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no sólo a una compañera concreta sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura".
Y añaden las asociaciones hoy firmantes del comunicado de este martes que se mantendrán "expectantes" a la evolución de las investigaciones y que "adoptarán las medidas que estimen oportunas en el ámbito estatal y europeo" en interés de la independencia judicial.
La declaración del CGPJ no menciona ningún episodio específico de los varios que han tenido lugar a raíz de la causa en la que se investigan las supuestas cloacas socialistas para frenar causas penales. El más aparatoso ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, según el cual se está intentando "derribar al Gobierno" con "métodos no democráticos". "Hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada" para tratar de poner fin a la legislatura de manera anticipada, dijo, añadiendo que eso "daña seriamente la imagen de la Justicia" y la "presunción de imparcialidad" que tienen que tener los responsables de estos procesos, en alusión a los jueces.
Otro ministro, Óscar López, reclamó la semana pasada una Justicia que trate por igual a todos porque "si no, no es justicia". Según el responsable de Transformación Digital, actualmente "se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria".
Por su parte, el president de Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, afirmó tras conocerse que la Audiencia Nacional había pedido documentación sobre su última campaña: "Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad"
Además, la portavoz del PSOE, Monste Mínguez, afirmó ayer, tras la Ejecutiva Federal del partido, que se estaba asistiendo a un "linchamiento hacia el que tiene un carnet socialista". Destacó lo "rapidísimo" de las investigaciones judiciales que les afectan a ellos, en contraste con las relacionadas con el PP. "¿Es casualidad o es causalidad? Esto daña seriamente a las instituciones y proyecta serias dudas de la imparcialidad sobre algunos de los procesos", afirmó.
También desde Sumar las primeras reacciones a la operación de la UCO y la Audiencia Nacional que incluyó el requerimiento de datos en Ferraz apuntaron a que se trataba de un episodio de lawfare.
El comunicado de la Comisión Permanente indica que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho" y que "un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial".
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