"No tengo dinero para marcharme a ningún lado", confiesa resignado Darío Gey, de 65 años. Su caso ilustra el abismo al que se asoman miles de inquilinos en España por el daño colateral tras decaer la prórroga de los alquileres. Este habitante de Valsequillo, una localidad de Gran Canaria, convive con su mujer de 67 años, quien tiene una discapacidad.

En su hogar entran únicamente 480 euros al mes, de los cuales 300 se esfuman para pagar la mensualidad del piso. El pasado 20 de abril creyó encontrar un salvavidas en el decreto gubernamental que extendía los contratos por dos años, una medida impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún siendo "consciente" de que acabaría rechazada en el Congreso. Pese a todo, Darío envió el burofax como último recurso para intentar aferrarse a su hogar. Esto le costó 32 euros, importe que tuvo que pedir prestado dada su "malísima" situación económica a merced de unos propietarios que desean echarle.

Este decreto que entró en vigor en marzo y fue rechazado en el Congreso por el PP y Vox, y los aliados de Gobierno: Junts y la abstención del PNV, establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que finalizarán antes del 31 de diciembre de 2027, así como un límite del 2% en la actualización anual del alquiler. Al ser rechazada, la norma sólo estuvo vigente apenas 30 días.

El caso de Darío no es aislado sino que deja sin red, según estimaciones de Oxfam Intermón, a 1,2 millones de contratos que expiran en los próximos dos años, de los cuales 630.000 lo hacen este mismo 2026. A su vez, disparará el sobreesfuerzo financiero de los inquilinos del 35% al 62%, una brecha casi imposible de asumir si se considera que los precios del alquiler han escalado un 52% desde 2021 mientras los ingresos apenas han subido un 23%. Pese a todo, los ministros como Yolanda Díaz, hacían llamamientos a solicitar la prórroga: "En 30 días salvaremos a muchos seres humanos".

Ante esto, César Sanjuán (55 años), un habitante en peligro de perder su vivienda Carabanchel (Madrid) , se pronuncia: "Nos han dado una esperanza a los inquilinos que ahora está en manos de los jueces". El fracaso de la medida amenaza con empujarle a una mudanza forzosa junto a su mujer y sus dos hijos. Aunque no ha fallado "ni un mes" en su cuota, las exigencias económicas le colocan en una situación de vulnerabilidad

Tras 20 años en su piso, hoy en manos de grandes fondos como Blackstone y Brookfield, César debe entregar las llaves el próximo 30 de julio. Intentó aferrarse a la moratoria gubernamental, cuyo rechazo parlamentario presenció en directo como "un planchazo". Ahora, acorralado por un mercado madrileño que considera "imposible" al exigir sueldos de 3.000 euros para costear alquileres de 1.000, su único camino es la vía judicial para ganar tiempo y forzar una negociación con los propietarios.

A una hora caminando está el piso que Teresa Maciá, de 38 años, comparte con una persona hace más de una década. Para ella, la irrupción de la moratoria gubernamental no fue una simple ilusión, sino "un descanso brutal" tras dos largos años devorada por la ansiedad ante la amenaza de expulsión. Teresa destina casi la mitad de su sueldo a abonar cerca de 1.200 euros mensuales a sus caseros, una familia que posee múltiples inmuebles en la capital y es considerada gran tenedora. Apoyada por el Sindicato de Inquilinas, solicitó la prórroga amparándose en que la ley exige contratos de siete años, y no de cinco, para este tipo de propietarios.

Consciente de que los requisitos del mercado madrileño la expulsan de la ciudad, ilustra su alternativa sin paños calientes: "Me veo en la puta calle, básicamente". Por ello, el reciente rechazo parlamentario de la norma no ha logrado doblegarla. "Ya le he dejado demasiado terreno a la ansiedad", afirma con aplomo, decidida a seguir pagando sus recibos y a forzar el pleito. "Me van a tener que sacar de mi casa porque no tengo otra opción". Dispuesta a agotar la vía de los tribunales, Teresa no ahorra críticas hacia una medida que tilda de "manipulación un tanto fea" de parte del Gobierno.

Asimismo, Gemma Tramullas se encuentra en una situación parecida, pero en otra de las zonas más tensionadas a nivel nacional: el Distrito del Ensanche, Barcelona. Su problema tampoco es la incapacidad para pagar, sino que un fondo de inversión quiere echarla de su piso alquilado, en el que lleva viviendo desde hace 26 años, para después venderlo por más del doble de su valor original, como ha ocurrido con el resto de sus vecinos que han tenido que abandonar su casa por este motivo: "Es una finca de once viviendas en la cual quedamos seis vecinos. Nos van echando uno a uno en cuanto se terminan nuestros contratos. El resto de pisos los fondos lo compraron por 300 mil y ahora los venden por 700 mil, sin reformar", explica en conversación con EL MUNDO.

Además, Tramullas ha añadido que desde julio de 2024 ha tenido tres propietarios distintos, la mayoría de ellos son fondos que compran pisos para especular: "La finca era de un solo propietario. Cuando falleció, sus herederos la vendieron en julio del 2024. El mismo día que lo vendieron, el 25 de julio, lo compró un fondo. Y el mismo día que lo compró, lo revendió a otras cuatro sociedades de inversión inmobiliaria".

Al contrato de Tramullas le queda menos de un año para expirar y, aunque la empresa inmobiliaria le ofreció 15.000 euros por abandonar su casa, ella rechazó la oferta por su familia, ya que su madre vive por la zona y necesita asistencia: "Lo más seguro es que me tendría que ir a 150 kilómetros de aquí si me echan, ¿cómo cuido yo a mi madre si eso ocurre?".

Los casos de Darío, César, Teresa y Gema, escenifican la incertidumbre que inunda la vida de muchos inquilinos tras el rechazo del Congreso a la prórroga de los alquileres. Según los expertos consultados por este medio, esta situación hace prever un repunte de la litigiosidad, especialmente entre aquellos inquilinos que, siguiendo las directrices del Gobierno, ya habían solicitado formalmente la extensión de sus contratos. Este aluvión de causas judiciales para dirimir bajo que normativa, según la fecha, se rige la prórroga o no, requerirá posiblemente de una definición del Tribunal Supremo. Sin embargo, los arrendatarios preferirán acudir a estas causas judiciales para extender lo más posible su alquiler.

Por su parte, la abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, Arantxa Goenaga, aporta un matiz importante sobre la situación de los arrendatarios. Aunque coincide en que "el riesgo en un procedimiento judicial siempre es el de la imposición de costas", advierte que "con lo que duran actualmente los procedimientos judiciales y lo difícil que está el mercado inmobiliario, el inquilino puede llegar a considerar que le sale económicamente a cuenta porque si tiene que buscar otro piso deberá pagar más de renta y por supuesto la dificultad de encontrarlo".