Actualizado Jueves, 7 mayo 2026 - 00:07

El 10 de mayo de 2002, a última hora de la tarde, una vecina que había salido a pasear encontró el cuerpo de Déborah Fernández en la cuneta de una carretera de O Rosal, en Pontevedra. Llevaba diez días desaparecida. La joven, de 21 años, estaba desnuda y cuidadosamente dispuesta entre los matorrales, recostada de lado, con las extremidades en una postura de reposo y los genitales cubiertos con ramas de acacia. Durante la primera inspección ocular, los agentes hallaron un preservativo usado junto a su envoltorio, un pañuelo de papel y un cordón verde. Confirmada su identidad, el entonces delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, compareció ante los medios con la promesa de intensificar la búsqueda de los responsables. "Caerá todo el peso de la ley", afirmó.

Más de dos décadas después, entre innumerables relevos policiales, archivos judiciales y hasta una exhumación, el entorno de la víctima sigue obligado a responder cada año a las mismas preguntas de la prensa sin poder dar la única respuesta que importa: quién la mató.

"A nadie le interesa remover la mierda del pasado, pero seguimos sin haber podido cerrar ninguna de las millones de incógnitas que rodean el caso de Déborah. El Estado no sólo nos ha fallado a nosotros, sino también como sociedad; al final del día, sigue habiendo un asesino suelto", denuncia a Crónica la familia.

Con ese desgaste a cuestas, los allegados, que llegaron a pedir el archivo de la causa en 2023 por falta de confianza en la justicia, han intentado en las últimas semanas una nueva vía al solicitar que la investigación, hasta ahora en manos de la Policía Nacional, pase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juzgado de Tui lo ha rechazado por ahora, pero tras haberse recurrido la decisión, ha dado traslado del mismo a la Fiscalía y a la otra parte personada para que se pronuncien antes de una nueva resolución. Para ellos, es quizá la última bala de un proceso que ha cambiado sus vidas en muchos aspectos.

"Ya no confiamos en la Policía; los errores que nos hemos ido encontrando son tantos y tan flagrantes que nos hacen pensar lo peor"

Familia de Déborah Fernández

"Después de tantos años, prácticamente nos hemos hecho un máster en Derecho y Criminología por el camino", ironizan. Tras el cierre de la primera investigación en 2010 sin poder encontrar al culpable, decidieron echarse el sumario a la espalda y reconstruir por su cuenta los últimos pasos de la joven hasta dar con un reguero de vacíos que los agentes no se habían molestado en cubrir.

El desgaste, admiten, ha sido total. "Ya no confiamos en la Policía Nacional; los errores que nos hemos ido encontrando son tantos y tan flagrantes que nos hacen pensar lo peor". De ahí la petición de una nueva mirada y, además, de que lo asuma la autoridad que debió hacerlo desde el principio, al haberse encontrado el cuerpo en O Rosal, dentro de su demarcación. "Esto necesita una revisión a fondo. Tras tantas incongruencias, sólo hemos podido llegar a la conclusión de que hay una mano negra desde el inicio que ha impedido que se sepa quién mató a Déborah".

La frase, que a priori podría recordar a una trama intrincada de espías o a una novela de Agatha Christie, pierde cualquier aire de ficción cuando se aterriza en los hechos. Y es que se alimenta de situaciones tan atípicas como que, al revisar la investigación, descubrieron que ningún agente había mostrado interés por seguir una de las últimas pistas que había dejado Déborah: que el día en que desapareció quería alquilar una película —Amélie— en un videoclub próximo a la casa de su exnovio Pablo, principal sospechoso. "Tuvimos que ser nosotros, ya en 2017 y moviéndonos por redes sociales, quienes dimos con una empleada que nos dijo que la había atendido aquel día".

Aquel testimonio no permitió reconstruir con precisión los hechos, ya erosionados por el paso del tiempo, pero sí dejó al descubierto una sensación de abandono y negligencia que no ha hecho más que crecer con los años.

Los ejemplos más evidentes llegarían en 2019, cuando lograron que el caso volviese a los juzgados y se reabriera la revisión de las diligencias. Fue entonces cuando, al tratar de analizar el teléfono móvil de Déborah, pieza clave para reconstruir sus últimos contactos, se constató que había desaparecido. Habría que esperar hasta septiembre de 2022 para que este reapareciese "mágicamente" en las dependencias policiales de Canillas (Madrid), junto a otros legajos que también habían sido extraviados. Aun así, la reaparición del teléfono no fue motivo de consuelo, porque estaba sin la tarjeta SIM, lo que impedía acceder a los registros.

Además, el listado de llamadas de los meses previos a su desaparición presentaba lagunas: en el sumario figuran hasta 18 números en blanco.

Pero si aquel episodio ya resultaba de lo más kafkiano, la revisión de su ordenador personal, también intervenido para su análisis, añadió nuevas incógnitas. Al intentar un nuevo volcado del disco duro, el dispositivo falló y la operación no pudo completarse, por lo que se recurrió a una empresa especializada, Lazarus Technology —la misma que intervino en el caso de Diana Quer— para intentar recuperar los datos. El informe apuntó entonces a que el equipo habría estado "manipulado por un profesional" dutante el tiempo en que permaneció bajo custodia policial.

Más duro aún fue comprobar que, durante la autopsia inicial, no se habían buscado muestras de ADN bajo las uñas de Déborah, una diligencia básica en cualquier muerte violenta, lo que obligó a exhumar su cadáver en 2021 con la esperanza de encontrar algún rastro. Pero, ya sin margen para giros en un proceso que se había ido enredando de forma difícil de justificar y pese a que aparecieron pelos y fibras que parecían abrir una vía, tampoco hubo ahí una respuesta concluyente.

LA UCO, ÚLTIMO RECURSO

"Fue un auténtico desastre, con decenas de actuaciones incomprensibles. Es muy difícil entender que en un caso así se acumulen tantas irregularidades. Y cuando eso ocurre, lo razonable es que otro equipo revise lo que se ha hecho", sostienen.

Reabrir este camino ya supuso para ellos un desgaste difícil de sostener y volver a intentarlo ahora no ha sido una decisión sencilla, pero lo ven como la única vía que queda. 24 años después, sin una respuesta judicial y tras un recorrido marcado por el desastre, reclaman algo tan básico como saber qué ocurrió realmente. "Estamos hartos de que se hable de la opinión de la familia. Hemos hecho un esfuerzo enorme por ser objetivos. No queremos señalar a nadie: queremos que se investigue lo que haya que investigar y que caiga quien tenga que caer".