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La combinación de los archivos oficiales de Moncloa con las libretas de Leire Díez convierte el 6 de julio de 2021 en un simbólico día para lo que ha sido la doble cara que han ofrecido en estos años miembros del PSOE, el partido en el poder. Por un lado, esa mañana la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba, con su entusiasmo habitual, las medidas aprobadas por el Gobierno, a cual más popular. La más lucida ese día es la que el PSOE presenta siempre como una de las que justifican el paso de Pedro Sánchez por Moncloa: la subida de pensiones con el IPC.
"El Consejo de Ministros, previa felicitación al ministro Escrivá, ha dado luz verde a este importantísimo proyecto normativo, el anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que recoge medidas clave para el colectivo de pensionistas, básicamente para su tranquilidad, en términos de que se va a actualizar el poder adquisitivo de las pensiones cada año, según el IPC del año anterior, una reivindicación justa, largamente esperada en el tiempo por el colectivo de pensionistas", dijo Montero.
El anteproyecto no preveía que se iba a disparar la inflación con la guerra de Ucrania que ya entonces preparaba Vladimir Putin. Según la gran mayoría de expertos nacionales e internacionales, no resuelve la viabilidad futura del sistema, pero aquel día eran todo parabienes.
También Montero presentó con fuerza otra medida popular: "Se trata del decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (...) busca simplemente acabar con la temporalidad en el ámbito del sector público, tal y como hemos pactado con la Unión Europea, con el objetivo de que la tasa de temporalidad de este sector se sitúe por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas".
Aún años después, la UE considera incumplida esa promesa y no se ha resuelto el problema, pero irónicamente, una persona muy próxima a la propia Montero estaba a esa misma hora reunida con Leire Díez en Pamplona intentando resolver su propio problema de "temporalidad en el sector público". Se trataba de Vicente Fernández, el ex presidente de la Sepi al que Montero había intentado guardar el puesto todo lo que había podido, año y medio, por si le absolvían ya del llamado caso Aznalcóllar. No fue el caso -aún le llevaría cuatro años más- y Fernández quería, mientras, algo más que volver a su plaza de letrado en Andalucía y recuperar e incluso mejorar ampliamente los ingresos que recibía como presidente de la Sepi, uno de los mejor pagados en la Administración, por encima de los 200.000 euros.
Según las libretas de Leire Díez, entonces responsable de comunicación de Enusa, ambos se citaron en la sede de Servinabar con Antxón Alonso, el socio del dirigente del PSOE, Santos Cerdán, para analizar hasta 29 oportunidades de negocio en el sector público. Fue una cita para generar 'mordidas' aprovechando la información privilegiada que conseguían en la Sepi, empresas públicas y el Gobierno en general. Se repartieron las gestiones y, según la UCO, varias de las oportunidades que comentaron aquel día, como el caso del controvertido rescate del grupo vasco Tubos Reunidos, terminaron en botín para Mediaciones Martínez, el nombre de tebeo de su sociedad instrumental, o para la propia Servinabar.
Así que mientras la jefa de Fernández -y creciente entonces dirigente del PSOE- Montero presentaba medidas sociales, la trama de otro directivo al alza del partido, Santos Cerdán, se reunía para dar pelotazos a costa de los contribuyentes. Todo en el mismo y muy simbólico día. En el anterior Gobierno del PP hubo también jornadas simultáneas con consejo de ministros por un lado y andanzas de su tesorero, por otro, pero el actual partido en el poder prometió regeneración.
No deja de ser alegórico también el final de aquella rueda de prensa de Montero. La entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño, recordó con un susurro a la titular de Hacienda que aún no había comentado nada sobre la ley contra el fraude que estaba a punto de aprobarse en el Parlamento. Montero recogió con energía el guante: "Es una ley complementaria absolutamente a todo el impulso fiscal (...) nos va a permitir que afloren en este momento prácticas o políticas, arquitectura, ingeniería fiscal, que no se correspondería con ese concepto de progresividad y de justicia que queremos impulsar desde el Ejecutivo". Ya, pero, al mismo tiempo, se celebraba la oscura reunión en Servinabar.
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