Vivienda
El Congreso decidir� el martes el futuro de esta medida que, en principio, contar�a tambi�n con el voto en contra de Vox
Vista del escaparate de una oficina inmobiliaria de BarcelonaEFE
El Mundo
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A cuatro d�as de una votaci�n clave en el Congreso, la presi�n social escala sobre la futura pr�rroga de los alquileres. Los sindicatos de inquilinos han enviado m�s de 50.000 cartas al Partido Popular y Junts para evitar que ambos partidos tumben el Real Decreto-ley. Adem�s, ma�ana domingo est� convocada una manifestaci�n ciudadana frente a la sede nacional de los populares en Madrid a las 12 de la ma�ana.
La norma, promovida por Sumar, socio minoritario del Gobierno, plantea congelar durante dos a�os los contratos de alquiler que expiren en 2026 y 2027. En concreto, establece una pr�rroga extraordinaria de hasta dos a�os para los arrendamientos que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, adem�s de fijar un l�mite del 2 % a la revalorizaci�n de las rentas. Una medida introducida por el partido de Yolanda D�az dentro de un paquete para intentar paliar las consecuencias economicas de la guerra de Ir�n y aprobado en un bronco Consejo de Ministros marcado por el plant�n de los socios al Gobierno. "Somos conscientes que no existe a�n una mayor�a parlamentaria para poder convalidarlo, pero no por ello vamos a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadan�a espa�ola", se�al� en su momento Pedro S�nchez.
Tanto PP, Vox y Junts expresaron su posici�n en contra del decreto-ley. El portavoz popular, Miguel Tellado, asegur� el 20 de marzo que su partido se preparaba para dar el visto bueno al decreto que inclu�a buena parte de las medidas que su partido -junto a Junts y PNV- reclamaban, pero no as� "el de izquierdas", el que plantea las medidas relacionadas con la vivienda.
El pasado mi�rcoles, el ministro Bustinduy intent� presionar por medio de una carta a los de N��ez Feij�o en la que le recordaba que la pr�rroga de los alquileres que vencen antes de diciembre de 2027 afecta a m�s de dos millones y medio de personas. "En las condiciones actuales de mercado, la renovaci�n de esos contratos supondr�a para muchos de ellos tener que afrontar subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres. Para cientos de miles de familias, eso equivaldr�a a tener que abandonar su vivienda, con el profundo trastorno que implicar�a para sus vidas", asegura en la misiva.
Adem�s, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 remiti� una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversi�n que gestionan o concentran 50 o m�s propiedades cada una para informarles de que deben cumplir con la norma en vigor desde finales del pasado marzo. En ella, subrayan de "obligado cumplimiento" para todos los contratos de vivienda habitual que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, hasta que se decida el futuro de este decreto-ley el pr�ximo martes.