La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del denominado caso Sepi ha salpicado a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, una política malagueña sobre la que instructor ve indicios de su complicidad en la operación puesta en marcha presuntamente desde Ferraz para boicotear las investigaciones judiciales abiertas contra cargos del partido y del Gobierno de Pedro Sánchez. En el requerimiento emitido por el juez se apunta a Fuentes como investigada en un posible delito de falsedad en documento mercantil por "la emisión de facturas mendaces".
Fuentes es una de las personas con más poder en el PSOE desde que fue nombrada gerente el 19 de octubre de 2021, ya que es la encargada de validar y supervisar todos los ingresos y gastos de la organización. Llegó al partido de la mano de Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo, y fue parte de la dirección interina que nombró el PSOE cuando tuvo que hacer frente a la imputación del ex secretario de Organización hace ahora casi un año. Fuentes llegó a Ferraz en 2018 para ponerse al frente de la Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE, supervisando que se cumplían los códigos éticos y la normativa interna en el funcionamiento del partido.
En el auto fechado el 26 de mayo y al que ha tenido acceso EL MUNDO, el juez hace referencia a dos actuaciones de Ana María Fuentes Pacheco que la vinculan a la trama. Concretamente se refiere a que la gerente falseó presuntamente una "nota de encargo" para abonarle al gabinete jurídico de la sociedad Ismael Oliver y Partners un importe de 27.225 euros, que estaban destinados al pago de los servicios de la imputada Leire Díez Castro (la investigadora situada en el centro de la trama) que los cobró de una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL, precisamente para "romper la trazabilidad de los fondos".
El juez también cree que el papel de Ana María Fuentes fue imprescindible para abona otro de los servicios prestados por la trama: "Los pagos a otro de los implicados en la trama, Jacobo Teijelo, no habrían sido posibles sin la confección de una nota de encargo que es tramitada por Leire a través de Santos Cerdán y rubricada en última instancia por Ana María Feuntes Pacheco, en calidad de directora gerente federal del PSOE".
El nombre de Ana María Fuentes ya había figurado antes en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por su aparición en los mensajes intercambiados entre Koldo García y quien fuera director general de Carreteras en la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, Javier Herrero. En esos mensajes se hacía referencia a que la gerencia del PSOE (al frente de la cual estaba ya Ana María Fuentes) estaba interesada en contactar con Javier Herrero para supuestamente reclamarle un dinero tras la adjudicación de una obra. "Creo que te van a pedir el impuesto", decía Koldo en una de esas comunicaciones. "Se infiere que desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica", concluyeron en ese atestado los investigadores de la UCO. El PSOE, sin embargo, explicó en aquel momento que el "impuesto" mencionado por Koldo García tenía que ver con las aportaciones que realizan los afiliados y cargos públicos al partido, unas donaciones que están reguladas y "cumplen con la legalidad".
La gerente del PSOE llegó a comparecer también durante más de dos horas ante la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado para aclarar los abonos en metálico que realizaba la organización. Respondía de esta forma a las sospechas contenidas en otro informe de la UCO en el que se apuntaba a que desde Ferraz se habrían hecho pagos al ex ministro José Luis Ábalos sin justificación o consignación documental. Fuentes explicó entonces a preguntas de los senadores que todos los pagos que realiza el partido están "perfectamente regulados" y, aunque admitió que se realizaban abonos en efectivo, siempre inferiores a 1.000 euros, todos estaban "documentados".
Ana María Fuentes es licenciada en Derecho y ha ocupado diversos cargos institucionales en la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas antes de dar el salto a Ferraz. Fue directora del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga entre 1998 y 2000. Ese mismo año fue elegida diputada en el Parlamento andaluz. Posteriormente ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados por Málaga durante dos legislaturas consecutivas, entre 2004 y 2011. En ese tiempo también llegó a ser candidata a la Alcaldía de Ronda en las elecciones de 2007.
Además, Ana María Fuentes se vio salpicada hace unos años por el escándalo de las subvenciones para cursos de Formación para el Empleo que la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, repartió entre cientos de empresas e instituciones, y que fueron también investigadas por la Guardia Civil ante la sospecha de fraude masivo.
Así, según publicó en su día EL MUNDO, la autoescuela (Las Palmeras, de Ronda, Málaga) de su marido, Pedro Luis Guerrero, recibió en 2006 y 2007 dos ayudas por un valor total de 209.339 euros, incluidas dentro de los programas de Formación Profesional Ocupacional, lo que podía constituir una de las incompatibilidades fijadas en el artículo 159 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral para diputados y senadores, ya que ella, en ese momento, era diputada en el Parlamento andaluz.
En el momento de recibir la primera subvención, en el objeto social de la autoescuela Las Palmeras no figuraba ninguna actividad relacionada con la formación para el empleo, salvo la propia de una academia de conducción de vehículos a motor.
Sin embargo, antes de recibir la segunda subvención, según datos recogidos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, con fecha de 30 de enero de 2007, la empresa modificó sus estatutos para incluir como actividad la formación en diversas áreas, desde la albañilería a la hostelería o el asesoramiento integral de empresas.
También se supo entonces que Fuentes había participado en un concurso público convocado por la Sociedad Estatal de Correos, a quien quiso venderle un local de su propiedad, pese a que el pliego de condiciones prohibía taxativamente la concurrencia de cargos electos. La diputada socialista explicó en aquel momento a EL MUNDO que había renunciado a la operación cuando tuvo conocimiento de la posible incompatibilidad.
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