El Gobierno alemán aprobó esta semana las líneas maestras de un nuevo concepto de protección civil que prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros hasta 2029 para reforzar la preparación del país ante escenarios de crisis y Defensa, incluido un posible ataque de Rusia. El plan contempla la adaptación parcial de búnkeres e infraestructuras subterráneas existentes, sistemas de alerta digital y una mayor coordinación entre protección civil y las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr).

Lo que sobre el papel parece un refuerzo más de la protección civil es también una consecuencia del giro que Alemania ya había iniciado en materia de seguridad y Defensa. Aplicada a la población civil, esa lógica desplaza el centro de gravedad de la protección: menos capacidad de refugio garantizado y más capacidad de reacción, más resiliencia y una mayor implicación del ciudadano en su propia protección.

De los cerca de 2.000 refugios públicos que Alemania llegó a mantener durante la Guerra Fría, hoy conserva apenas 579, con alrededor de 478.000 plazas teóricas para una población de más de 84 millones de habitantes. La Oficina Federal alemana para la Protección de la Población y Ayuda en Catástrofes (BBK) admite además que ninguno se encuentra plenamente operativo y que recuperar una capacidad de protección comparable exigiría inversiones astronómicas.

Por eso, el nuevo concepto aprobado por el gabinete apuesta por otra lógica: autoprotección en el hogar y protección rápida en espacios ya existentes. Garajes subterráneos, túneles o estaciones de metro pasan a entenderse como infraestructuras potenciales de emergencia que deberán ser cartografiadas e incorporadas a sistemas de alerta capaces de dirigir allí a la población en caso de crisis.

El giro es también conceptual. "Hay que liberarse del concepto de los años 80", defendió el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, al presentar el plan. Las amenazas actuales, argumentó, ofrecen tiempos de reacción mucho menores y exigen otro enfoque. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, apeló directamente a la experiencia ucraniana: una alerta dirige a los ciudadanos hacia el sótano o el espacio protegido más cercano. "La aspiración nunca puede ser tener una plaza de protección para 80 millones de alemanes", resumió.

El llamado Pacto para la Protección Civil no plantea reconstruir una gran red nacional de refugios. Se concentra sobre todo en reforzar el THW (la agencia federal de ayuda técnica y protección civil), desplegar nuevos sistemas de alerta, adquirir 110.000 camas de campaña y 1.000 vehículos especiales, crear capacidad federal de intervención médica para emergencias con numerosos heridos en 50 puntos del país y establecer un mando de defensa civil para coordinar la respuesta con la Bundeswehr.

La dimensión material del plan resulta difícil de ignorar. Las 110.000 camas de campaña previstas funcionan casi como una metáfora del cambio: más que una infraestructura pensada para permanecer, representan una lógica de preparación, movilidad y capacidad de respuesta.

La guerra ya no es solo una posibilidad

La pregunta de fondo sigue abierta: si el riesgo de una agresión de Rusia es lo bastante serio como para justificar un cambio de paradigma en la política de seguridad alemana, ¿por qué la respuesta no pasa por reconstruir una infraestructura de protección civil comparable a la que mantienen Finlandia o Suiza? La respuesta tiene una dimensión material.

Recuperar una red de refugios semejante exigiría no solo inversiones astronómicas, sino una infraestructura subterránea que muchas ciudades simplemente ya no tienen. La protección bajo tierra pertenece en gran medida a otra geografía urbana y a otra época. Pero implicaría además asumir públicamente algo que durante décadas la política alemana evitó verbalizar: que la guerra ha dejado de percibirse como una posibilidad.

Ese desplazamiento no empezó con el actual Gobierno. Durante décadas, el refugio dejó de entenderse como una infraestructura estratégica para convertirse en el vestigio de una amenaza que se creía superada superada. Pero en 2022, tras la invasión de Ucrania, la entonces ministra del Interior, Nancy Faeser, anunció el fin del desmantelamiento. El Gobierno volvió a hablar de recuperar capacidad de refugio y, posteriormente, bajo el mandato de Olaf Scholz, se planteó un plan nacional adaptado al nuevo entorno de seguridad.

Dos años después siguen abiertas cuestiones esenciales sobre financiación, reparto de competencias y capacidad real de ejecución. Porque si las plazas disponibles siguen siendo limitadas, alguien tendrá que establecer prioridades. Y ahí aparece la pregunta más incómoda del debate: no cuántos refugios necesita Alemania, sino a quién estaría realmente en condiciones de proteger.

Este dilema no es nuevo. Incluso durante la Guerra Fría, cuando Alemania mantenía miles de refugios públicos, la cobertura real seguía alcanzando solo a una parte reducida de la población. El refugio funcionaba también como una construcción política de seguridad: no solo prometía protección física, sino la idea de que el Estado seguiría existiendo y siendo capaz de proteger incluso bajo amenaza. La diferencia hoy es que esa limitación deja de ocultarse detrás del símbolo del refugio y empieza a formularse de manera mucho más explícita.

La geografía subterránea de Berlín

Dentro de esa geografía subterránea, Berlín ocupa un lugar singular. Capital del Tercer Reich, ciudad devastada por los bombardeos aliados y posteriormente dividida durante la Guerra Fría, conserva todavía una extensa red de túneles, refugios, estaciones adaptadas y estructuras defensivas levantadas para distintos escenarios bélicos. Bajo la ciudad sobreviven refugios antiaéreos, búnkeres ferroviarios, estaciones concebidas como refugio civil y grandes estructuras de hormigón que durante décadas quedaron abandonadas o fueron reutilizadas como archivos, almacenes o espacios culturales.

La asociación Berliner Unterwelten lleva años documentando esa ciudad subterránea. Durante mucho tiempo esos espacios fueron observados como piezas de arqueología histórica: restos incómodos de un tiempo que muchos europeos pensaban definitivamente superado.

En el barrio berlinés de Wedding, apenas unos escalones separan la superficie de uno de los espacios donde Alemania intenta hoy responder a una pregunta incómoda: cómo proteger cuando ya no puede refugiar a todos. Allí, entre paredes de hormigón, literas metálicas, fluorescentes y puertas blindadas, Dietmar Arnold y Reiner Janick recorren uno de los refugios que Berliner Unterwelten quiere volver a hacer parcialmente operativo para usos de protección civil.

"Aquí no habría que tener miedo aunque arriba hubiera impactos o explosiones", explica Arnold. El refugio no resistiría necesariamente ataques de gran intensidad, admite, pero sí podría ofrecer protección frente a escenarios que recuerdan más a la experiencia ucraniana reciente: ataques con drones, bombardeos convencionales o daños localizados sobre áreas urbanas.

La propia asociación ha empezado a adquirir material básico para acondicionar algunas instalaciones y convertir dos refugios berlineses en prototipos funcionales. Arnold y Janick defienden un enfoque mucho más pragmático. "Hace falta aire, luz y algún lugar donde sentarse", resume Janick. "Hace falta atención médica básica y, sobre todo, agua".

Después de años recorriendo y estudiando estas infraestructuras, ambos observan con frustración el ritmo al que avanza el debate político alemán sobre protección civil. Arnold lo resume con crudeza: "Probablemente Ucrania ya no existiría si se hubiese comportado como nosotros en Alemania". Y ahí aparece quizá la cuestión más delicada de toda la planificación: quién tendría acceso a esos refugios, cómo llegaría hasta ellos la población más vulnerable y quién decidiría las prioridades.

¿Quién tendría acceso?

La lógica del búnker introduce una cuestión políticamente incómoda que el lenguaje burocrático alemán evita formular abiertamente: qué significa realmente proteger a la población cuando el propio Estado sabe que no puede hacerlo de manera universal. Porque el problema no es solo cuántas plazas existen, sino quién tendría acceso real a ellas, cuánto tiempo habría para llegar y qué ocurriría con quienes no pudieran hacerlo.

Ralph Tiesler, presidente de la BBK, resume ese desplazamiento con una frase que se repite cada vez más en el debate alemán sobre protección civil: "Tenemos que prepararnos para poder actuar en caso de un ataque contra nosotros o nuestros aliados, y proteger los fundamentos de nuestra sociedad libre y democrática". La prioridad ya no sería garantizar refugio para toda la población, sino preservar la capacidad de respuesta del país.

Durante décadas, Alemania se acostumbró a pensar que la guerra quedaba fuera de sus ciudades, fuera de sus estaciones y fuera de la experiencia cotidiana de la población. La invasión rusa de Ucrania rompió de forma abrupta esa percepción.

El catastro de los refugios alemanes cuenta esa historia. Las infraestructuras subterráneas no están distribuidas de forma homogénea: siguen la geografía estratégica de la Alemania industrial -ciudades densas, puertos, nodos ferroviarios y capacidad productiva-. La red que sobrevive hoy protege menos a la Alemania actual que el recuerdo de sus amenazas anteriores.

La comparación internacional vuelve ese contraste todavía más visible. Finlandia conserva unos 50.500 refugios con capacidad para 4,8 millones de personas. Suiza dispone incluso de más plazas de refugio que habitantes. Alemania eligió otro camino.

Pero el detalle más revelador del plan no es una nueva infraestructura, sino una aplicación en el teléfono móvil. Ahí se aprecia el cambio de lógica: el Estado alerta, coordina y convierte al ciudadano en parte de la respuesta. El símbolo del nuevo sistema de protección civil ya no es el refugio: es una notificación por móvil.