Una treintena de primeros ediles de la isla se reúnen de urgencia para protestar y pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que paralice la polémica medida
Todos los alcaldes del PP de Mallorca, reunidos como acto de protesta.
Actualizado
Los alcaldes de Mallorca del PP -partido que controla la mayoría de consistorios de la isla- se plantan y alzan la voz contra la regularización masiva de inmigrantes decretada por el Gobierno que preside Pedro Sánchez.
En una reunión celebrada en Marratxí, el alcalde de este municipio, Jaume Llompart, ha afirmado en nombre del grupo de 29 primeros ediles que en el primer día del proceso se ha evidenciado "que esta regularización extraordinaria la aprueba el Gobierno central, pero recae sobre la espalda de los ayuntamientos y de sus trabajadores, colapsando los servicios y poniendo en riesgo la atención a los vecinos".
Los alcaldes mallorquines, que están apoyados por compañeros de partido homólogos en las otras islas, han explicado que el primer día del proceso provocó "una avalancha de personas" en las oficinas municipales de atención ciudadana y servicios sociales para solicitar el certificado de vulnerabilidad, requisito necesario para la regularización.
Esta situación se tradujo en largas colas, servicios desbordados y "una situación de caos absoluto en muchos ayuntamientos", ha afirmado.
Además, algunos consistorios llegaron a triplicar el número de llamadas en una sola jornada. Según ha denunciado Llompart, "el Gobierno de España no solo no había informado previamente a los ayuntamientos, sino que durante toda la jornada hubo una falta absoluta de instrucciones claras sobre el protocolo a seguir para emitir estos certificados".
Esta desinformación, ha lamentado, generó aún más confusión, hasta el punto de que personas se desplazaron entre municipios pensando erróneamente que podían obtener el documento en cualquier ayuntamiento.
"El resultado es que cada ayuntamiento tuvo que gestionar la situación como pudo, con los trabajadores desbordados y al límite", ha añadido el primer edil de Marratxí.
En muchos casos, ha apuntado, los consistorios solo pudieron registrar las solicitudes, aplazando la emisión de los certificados y acumulando citas para los próximos días, lo que compromete la atención a otras necesidades de los residentes.
Los alcaldes han alertado también del contexto de presión demográfica que viven las Islas, con un incremento constante de población y el impacto de la inmigración irregular.
En este sentido, han recordado que en los últimos cinco años han llegado cerca de 20.000 personas en situación irregular a las islas, y que este año la cifra ya ha aumentado un 20 por ciento respecto al anterior. La cifra contrasta con la que maneja la Delegación del Gobierno en las Islas, que la rebaja a 10.800 personas.
"Es insostenible"
Ante esta situación, Llompart ha remarcado que "lo que quedó claro ayer es que esta regularización es insostenible para los ayuntamientos, para los pueblos y para el conjunto de Baleares".
"Pedimos la paralización de esta regularización extraordinaria por su absoluta falta de previsión y planificación, por haberla descargado sobre los ayuntamientos y para evitar que se comprometa la atención a nuestros vecinos", ha afirmado.
Finalmente, han defendido un modelo migratorio basado en el orden y la capacidad de integración. "La inmigración debe ser legal, ordenada y adaptada a la realidad de nuestras islas".
Lo que debe hacer el Gobierno de España es reforzar los mecanismos ordinarios de Extranjería, porque ha quedado demostrado que esta regularización masiva es una irresponsabilidad que no podemos asumir", ha concluido Llompart.
Se trata de la primera acción colectiva de alcaldes en contra de la medida, y podría replicarse en otras regiones de España