"Cada mañana me levanto pensando en cuántos animales voy a encontrar muertos", lamenta el ganadero Daniel Fraguas desde su explotación en Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra. Mientras la mayoría se despereza entre cafés y previsiones meteorológicas, él enciende el móvil antes de que amanezca y revisa, uno a uno, los más de 500 puntos que localizan a sus caballos en la aplicación que usa para seguir su rastro. Cada vez con más frecuencia, dice, el recuento arranca con una baja. "En los últimos meses he perdido a un centenar de yeguas y potros por el lobo. Es una presión que no te deja vivir".

El resto de la jornada tampoco da tregua. Toca salir al monte a contrarreloj para localizar el animal muerto antes de que otros lo devoren y avisar a los agentes medioambientales para certificar el ataque, único requisito para aspirar a una compensación que, según denuncia, se queda corta. "Aun cuando conseguimos justificarlo, la compensación no cubre el daño real. Nadie te paga el estrés que queda en el resto del ganado. Dejan de comer, no se mueven igual, no crían... En las zonas donde más ataques hemos sufrido, ninguna de las yeguas se ha quedado preñada. No creo que sea casualidad".

Su municipio es, además, uno de los que más ha notado este incremento, junto a Ferrol y Curtis. Una situación que llevó al Gobierno gallego a reunirse con los ayuntamientos implicados para recabar datos y tratar de justificar controles puntuales de la especie que dieran cierto margen al sector. Pero ni siquiera ese respaldo institucional ha bastado para sortear la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), que la semana pasada rechazó la propuesta al considerar que el aumento de daños no estaba suficientemente acreditado desde el punto de vista técnico, dejando de nuevo el conflicto en punto muerto.

La decisión, admite Fraguas, ha caído como un jarro de agua fría entre los ganaderos. "El lobo estaba antes que nosotros y tiene que seguir estando, pero cuando los ataques se vuelven continuos y descontrolados hay que buscar una solución, y aquí no la están dando. Todo el paripé que nos cuentan de la prevención de incendios o la recuperación del monte es mentira. La realidad es otra. No quieren a los ganaderos ni al ganado en el monte. Si de verdad lo hicieran, no nos someterían a esta situación", denuncia.

Ese malestar se extiende entre las organizaciones agrarias. El presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello, califica la resolución de "inconcebible" y denuncia el agravio comparativo con otros territorios, donde sí se están autorizando controles al amparo de la reforma aprobada en marzo en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que abrió la puerta a actuar en zonas con daños acreditados.

Galicia se ha convertido, de hecho, en la única comunidad donde esas medidas siguen bloqueadas por la vía judicial tras los recursos de organizaciones ecologistas, con el TSJG como único tribunal autonómico que mantiene paralizada la aplicación de controles puntuales del lobo. "No entendemos por qué aquí, pese a ese nuevo marco y a que el aumento de daños es evidente, la Justicia frena cualquier actuación mientras en otras comunidades ya se están aplicando medidas de gestión. Es muy perjudicial", lamenta.

En su caso, Fraguas calcula pérdidas de entre 20.000 y 30.000 euros anuales y un desgaste que empieza a ser insostenible: "¿Quién es capaz de aguantar eso? Al final nos están obligando a abandonar. Es como ver que entra un ladrón en casa todas las noches y no poder hacer nada. Lo ves, sabes lo que está pasando y al día siguiente lo único que puedes hacer es llamar para que certifiquen lo que falta".

Más de 2.000 ataques al año

Según las cifras de la Consellería de Medio Ambiente consultadas por este periódico, los avisos anuales por ataques de lobo en Galicia superan ya los 2.000, —un 72% más que en 2021, cuando la especie fue incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe)—, mientras que las reses afectadas rebasan las 3.000 de media. A ello se suma un patrón que inquieta especialmente al sector, con más del 80% de los incidentes produciéndose a menos de 300 metros de viviendas y, en muchos casos, afectando también a animales de compañía.

En ese sentido, la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, trasladó la semana pasada el conflicto a Bruselas en una reunión con la comisaria europea Jessika Roswall, donde denunció la "falta de apoyo" del Gobierno central, al que acusa de haber desviado los 20 millones previstos para prevenir y compensar daños del lobo hacia ayudas al coche eléctrico y de adeudar a Galicia otros 12 millones correspondientes a los ejercicios de 2022, 2023 y 2025.

Frente a esa lectura, las organizaciones ecologistas se alinean con el criterio del tribunal y rechazan que se den las condiciones para autorizar batidas. El secretario general de la asociación sin ánimo de lucro Grupo Lobo Galicia, Jesús Criado, sostiene que, tal y como recoge la resolución dictada por el TSJG, "las batidas no pueden convertirse en una herramienta ordinaria de gestión", ya que "no se ha acreditado de forma suficiente que la medida letal sea necesaria, que no existan alternativas satisfactorias ni que estemos ante una intervención verdaderamente selectiva y proporcionada".

Advierte, además, de que el estado de conservación del lobo no puede evaluarse con una mirada local, sino atendiendo a la población ibérica en su conjunto, y alerta de riesgos como la pérdida de diversidad genética. "Lo procedente es priorizar la prevención, extremar la cautela y aplicar un criterio de conservación riguroso, porque la excepcionalidad no puede presumirse y porque la protección de la especie debe abordarse con base científica, jurídica y territorial suficiente", defiende.

En la misma línea se pronunció la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega), que, tras conocer la resolución, difundió un comunicado en el que alertaba de la "grave irresponsabilidad" de la Xunta y urgía a reorientar su política sobre el lobo hacia la prevención y la aplicación de medidas que ofrezcan "soluciones efectivas e inmediatas a las explotaciones ganaderas".

Pero mientras el pulso se mantiene en los tribunales, el desgaste se acumula sobre el terreno. Fraguas habla de indemnizaciones que se retrasan durante meses, de trámites que se eternizan y de una sensación de abandono que se ha instalado en el día a día. "Yo ya no puedo marcharme, llevo toda una vida en esto, pero ya le he dicho a mi hijo, que tiene 18 años, que no quiero que se dedique a ello. Para vivir así, no. Son muchos años viendo a gente abandonar y la sensación que tengo es que los ganaderos estorbamos, que no se nos escucha, aun cuando vivimos los ataques del lobo cada día".

El conflicto del lobo sigue así encallado entre dos planos que no terminan de encontrarse; la protección de la especie y la realidad de quienes conviven con ella cada día. Entre ambos, el bloqueo persiste. En lugares como Cerdedo-Cotobade, Ferrol o Curtis, la rutina apenas cambia. Cada mañana comienza igual, con una revisión del terreno y una pregunta que ya forma parte del oficio: qué falta hoy.