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El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, una reforma integral que busca actualizar una normativa con más de dos décadas de antigüedad para adaptarla a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el texto nace marcado por la discordia, enfrentándose al rechazo de más de 177.000 médicos que mantienen su postura de "guerra" tras meses de movilizaciones. La ministra portavoz, Elma Saiz, defendió la tramitación asegurando que el Gobierno "ha hecho su parte" y recordó que las competencias sobre salarios, plantillas y organización recaen directamente en las comunidades autónomas.
La reforma se estructura en tres ejes clave: los procesos de inserción laboral, la regulación de las jornadas y la clasificación del personal. Entre las medidas más destacadas, el texto limita la jornada máxima semanal a 45 horas y establece un descanso diario mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas. Además, para combatir la temporalidad, se fija que los nombramientos en plazas vacantes tengan una duración máxima de tres años, con la obligación de convocar procesos selectivos al menos con carácter bienal.
A pesar de estos avances, el Comité de Huelga, que agrupa a sindicatos como CESM, AMYTS y Metges de Catalunya, ha confirmado que mantendrá la protesta nacional convocada del 15 al 19 de junio. El punto de mayor fricción radica en las guardias de 24 horas; los profesionales denuncian que, aunque se establece un límite de 17 horas de trabajo efectivo, el texto permite excepcionalmente alcanzar las 24 horas en puestos de difícil cobertura o festivos, lo que a su juicio perpetúa el modelo actual.
Desde el ámbito autonómico, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha calificado la norma de "lesiva y regresiva", criticando que se haya realizado sin consenso y sin una memoria económica clara. Por su parte, la Organización Médica Colegial lamenta la aprobación de un estatuto sin acuerdo y confía en que la tramitación parlamentaria permita rectificar un texto que, según los sindicatos, representa "un tiro en el pie" para la sanidad pública.