La Sala Manuel Giménez Abad del Senado fue escenario hace justo una semana de un escenario de un consenso inusual entre los grupos parlamentarios. La Comisión de Sanidad llevaba a votación el informe de la Ponencia sobre salud mental y prevención del suicidio que marca una hoja de ruta para afrontar este grave problema social. Una cuestión vital para la ciudadanía que obtuvo el apoyo unánime de los distintos partidos políticos y cuyo contenido será ahora debatido en el siguiente Pleno del Senado previsto para el 9 y el 10. [LEA EL INFORME ÍNTEGRO]
"Este documento es un avance en algo que nos preocupa muchísimo a todos, hay que tratar de mejorar las cifras (de muertes) por todos los medios y eliminar cualquier tipo de arista política", subrayaba en su intervención Enrique Ruiz Escudero, portavoz del PP, grupo parlamentario que impulsó la Ponencia en septiembre de 2024.
"Cada vida que se salva justifica plenamente el esfuerzo"
El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge las conclusiones de un año y medio de trabajo, 17 sesiones y 42 comparecencias de profesionales especializados, familiares en duelo, sobrevivientes, asociaciones y administraciones públicas que han expuesto la realidad de un grave problema social que causa al menos 11 muertes cada día en España (3.953 en 2024) y deja un rastro incalculable de dolor.
"Cada vida que se salva justifica plenamente el esfuerzo. La reducción progresiva de las tasas de suicidio es un objetivo alcanzable con voluntad política, inversión suficiente y una gobernanza efectiva blindada en el marco jurídico adecuado", resume el documento
El informe aprobado en la Comisión de Sanidad de junio incide en la idea manifestada de forma reiterada en las distintas intervenciones de que el suicidio puede "prevenirse" y que su abordaje, una "obligación ética, social y política de primer orden", debe ser integral y coordinado superando la "visión exclusivamente sanitaria para extenderse a instituciones públicas, ámbitos sociales, educativos, judiciales, laborales, penitenciarios, policiales, de emergencias, mediáticos y digitales.
El documento, que ofrece recomendaciones generales para mejorar la atención a personas en riesgo, familiares y aumentar la sensibilización social, reconoce el "avance que supone el Plan de Acción para la prevención del suicidio aprobado en febrero de 2025 pero advierte de que requiere "de una mayor dotación económica [la actual es de cerca de 18 millones de euros al año], del refuerzo de recursos humanos" y de "un marco jurídico estable" como defendía uno de los ponentes, Miguel Guerrero Díaz, psicólogo clínico coordinador del Programa andaluz de Prevención de Suicidio y miembro del grupo ejecutivo que elaboró la estrategia nacional. En su intervención, recuerda el informe, el especialista "criticó que los planes autonómicos carezcan de financiación específica y auditorías de resultados y reivindicó la necesidad urgente de una ley Integral de Prevención del Suicidio para garantizar recursos y estabilidad a largo plazo". [LEA UN RESUMEN DE LAS 42 COMPARECENCIAS]
Coinciden los grupos parlamentarios en que "sin profesionales suficientes, cualquier Plan o Ley será ineficaz" por ello plantean que "es imprescindible que como acción inmediata se acelere la inversión ambiciosa dotando de un presupuesto adecuado y suficiente a las CCAA y con contrataciones de profesionales de salud mental y plazas MIR, PIR y EIR para alcanzar los estándares europeos (el doble de psiquiatras y el triple de psicólogos por 100.000 habitantes que en España).
El documento hace una extensa radiografía de este complejo fenómeno y se detiene en algunas situaciones de mayor vulnerabilidad como, por ejemplo, las que atraviesan personas que sufren exclusión social, violencia o soledad no deseada, colectivos de especial riesgo como ancianos, personas LGTBIQ+, sin hogar, reclusas, con diagnóstico de enfermedades crónicas graves y/o trastornos mentales. Subraya también la existencia de un mayor riesgo suicida entre los hombres y "un incremento especialmente preocupante de la ideación suicida, los intentos y las autolesiones en la población adolescente y joven".
También expone elementos protectores como el acceso a la atención sanitaria especializada, el apoyo familiar, la conexión social, el sentido de pertenencia o la autonomía personal y defiende que las medidas de prevención "deben incluir la reducción de desigualdades socioeconómicas vinculadas a vivienda, empleo y salarios; la prevención de la soledad no deseada; la actuación en contextos educativos de primaria, secundaria y universidad; y la disminución del trauma, la violencia, el abuso, el maltrato y el acoso, especialmente en edades tempranas".
El horizonte, subrayan los grupos parlamentarios, es avanzar hacia "un modelo social más humano, empático, cuidador, emocionalmente educativo y menos competitivo o materialista". Y que derribe "condicionantes socioculturales que identifican la vulnerabilidad con fragilidad" y limitan la expresión de la ideación suicida especialmente entre varones.
Los grupos parlamentarios reclaman también una "atención más humana" en una situación de crisis y que la "intervención ante un suicidio en curso mejore mediante respuestas especializadas que dispongan de más tiempo, espacio y recursos" en el Sistema Nacional de Salud. Ofrecen como ejemplo "los equipos móviles, la hospitalización domiciliaria y las unidades especiales de intervención y seguimiento (similares a las que ya existen en Galicia o Málaga, con atención en 72 horas ). Ofrecer esa atención especializada y rápida a personas que atraviesan un intenso sufrimiento y desesperanza pasa también, subraya el documento, por "reforzar la atención primaria, la coordinación entre recursos sociales y asistencia sanitaria e implementar el "Código Riesgo Suicidio" en toda España". Extender esta herramienta, que facilita la detección e intervención temprana, supondría, según sus estimaciones, reducir la tasa de suicidios un 15 %. Recuerda la Comisión de Sanidad en el documento la necesidad, especialmente vital en este caso, de que España alcance el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.4, que establece una disminución del 33 % de la tasa de suicidios en 2030.
Se hace una alusión concreta en el texto a la necesidad de mejorar las condiciones de acceso en "poblaciones dispersas" para lo que se propone construir "equipos itinerantes multiprofesionales, coordinados con la justicia, agentes policiales y médicos forenses". Para la detección precoz del riesgo se llama también a "realizar cribados en atención primaria de síntomas psicopatológicos, especialmente depresivos", sumar a las farmacias en esta labor de identificación del sufrimiento y a articular redes comunitarias.
Los grupos parlamentarios dirigen también su mirada hacia los familiares de una persona que ha fallecido por su suicidio y en aquellos que han superado una crisis suicida y reclama que su dolor sea mejor atendido. En este sentido, subraya la importancia de potenciar los "programas de posvención tanto institucionales como en colaboración con asociaciones" e insta a realizar conciertos con el tercer sector en lugar de ofrecer subvenciones para que puedan seguir realizando esta labor comunitaria. En la actualidad las asociaciones apenas reciben fondos públicos a pesar de que desde hace una década son el principal soporte emocional de los supervivientes a través de los grupos de ayuda mutua, "espacios insustituibles". También se reclama que la voz de supervivientes y sobrevivientes sea escuchada e incluida en órganos como "el Observatorio para la Prevención del Suicidio, Grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad para la prevención del suicidio y los comités dependientes de la Estrategia de Salud Mental".
Plan de Acción
Aboga el texto por declarar "la formación de especialistas en salud mental como prioridad estratégica nacional" y mientras se alcanzan las ratios necesarias,"paliar el déficit mediante medidas atractivas de fidelización de profesionales sanitarios al finalizar su formación especializada, como se ha hecho en Castilla y León; mediante políticas de captación, como las intentadas en Galicia; e incluso mediante la contratación de psiquiatras y psicólogos extranjeros con titulaciones homologadas". También se plantea la posibilidad de habilitar temporalmente a Psicólogos Generales Sanitarios para funciones preventivas. Se ve necesario también aumentar la plantilla en trabajo social, educación social, nutricionistas (TCA) y terapia ocupacional.
El Senado llama a adoptar "perspectivas de edad, género, estado civil y territorio, prestando atención prioritaria a las zonas de mayor prevalencia —Asturias, Galicia, norte de Castilla y León, Andalucía y Canarias—, a utilizar los "Institutos de Medicina Legal para superar el déficit de información y la infraestimación del comportamiento suicida" y a impulsar la formación sobre autopsias psicológicas. El texto señala que es necesario crear "sistemas sólidos de información y vigilancia epidemiológica" mejorando "la recogida y clasificación de datos en urgencias, institutos anatómicoforenses y sistemas sanitarios".
Se llama asimismo a potenciar la investigación y "emplear algoritmos de análisis de Big Data y la Inteligencia Artificial para abrir nuevas posibilidades en la predicción de la conducta suicida, especialmente en el uso de las redes sociales".
Desde la óptica de la prevención universal, se recomienda potenciar la sensibilización a través de campañas y formación a la ciudadanía en la detección de señales de alarma y acompañamiento, "garantizar los derechos humanos, crear entornos seguros, promover la salud y el bienestar físico" a nivel comunitario, una mayor divulgación de los recursos de ayuda, la limitación y restricción del acceso a medios letales y la elaboración de mapas de hotspots o lugares de riesgo.
Se hace hincapié a la importancia de "fomentar una comunicación responsable y preventiva ofreciendo formación continuada a periodistas" y la consolidación de una red de referentes en las redacciones, inspirada en la figura del gatekeeper, y ya creada en el marco del Plan de Acción. La implicación "ética y empática" de los medios de comunicación aparece como un pilar contra el estigma y una herramienta clave para concienciar a la sociedad de que los "vínculos" y la "conexión" constituyen el "mejor factor protector" frente al suicidio.
La aprobación de este informe y su elaboración se desarrolló bajo un inusual ´"espíritu de consenso" que destacaron todos los grupos parlamentarios y resumió el portavoz socialista, Kilian Sánchez San Juan: "Es un día importante para la comisión. Aprobamos un documento que enriquece a las Cortes Generales y a la población en general. Hemos llegado a un consenso necesario, un consenso que nos pide la sociedad, en una problemática que nos atañe a todos y todas".
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