Desde el inicio de la legislatura, el primer nivel asistencial ha recibido más de 1.000 millones de euros a través de esta cantidad anual contemplada en Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria y el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria una inversión extraordinaria de 493,8 millones de euros

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa convocada tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, este martesEFE
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución territorial de 172.425.000 euros destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026.
La medida permitirá continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.
Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde el primer nivel asistencial, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.
El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.
Los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como superficie, dispersión e insularidad. El acceso al 100 % de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de compromisos en recursos humanos y estabilidad docente; y, tras verificar que las CCAA de régimen común y el INGESA cumplen con los 4 requisitos, todas han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio.
Con este paso, se superan los 1.000 millones de inversión en el primer nivel asistencial desde el inicio de la legislatura. Junto a las partidas anuales de 172 millones contempladas en el MAPyC, de forma extraordinaria el Ministerio de Sanidad destinó al Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) una inversión de 493,8 millones de euros.
Un sistema para evaluar tecnologías sanitarias
Por otro lado, también se ha aprobado el Real Decreto que regula la evaluación de tecnologías sanitarias. Esta norma establecerá por primera vez en nuestro país un marco reglamentario completo, transparente y coordinado para analizar medicamentos, productos sanitarios y otras herramientas empeladas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El propósito de la norma es regular cómo se van a evaluar las tecnologías sanitarias cuando estos análisis -que tendrán carácter preceptivo, pero no vinculante- sirvan para apoyar decisiones públicas sobre financiación, precio, incorporación a la cartera de servicios, modificación de las condiciones de uso o retirada de tecnologías sanitarias.
Esta regulación adapta el sistema español al reglamento europeo. Una coordinación que busca la eficiencia del proceso al prohibir expresamente la duplicidad de evaluaciones clínicas —aquellas centradas en la eficacia y seguridad— que ya se hayan realizado a nivel comunitario, permitiendo centrar los esfuerzos nacionales en determinar el valor añadido y analizar los aspectos no clínicos, como el impacto económico, organizativo, social, ético y ambiental, específicos del contexto español.
Las tecnologías que se someterán a evaluación son medicamentos y productos sanitarios; pruebas diagnósticas —por ejemplo, PCR, test rápidos, pruebas genéticas o herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar tumores en radiografías—; procedimientos clínicos —como técnicas quirúrgicas, intervenciones mínimamente invasivas o nuevos métodos de rehabilitación—; terapias digitales —como aplicaciones móviles para controlar la diabetes—; y nuevas formas de organizar la atención sanitaria, como programas de seguimiento remoto de pacientes o sistemas de atención domiciliaria.




























