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El pasado año se realizaron 565 prestaciones de ayuda para morir, el 0,13% de los fallecimientos totales registrados en el país, lo que equivale a un caso por cada 750 decesos. El Ministerio de Sanidad ha comunicado las cifras provisionales de la prestación de la eutanasia, a finales de año se publicará el informe definitivo. Esto supone un 32,63% más que en 2024.
En de la jornada "Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: avanzando en derechos", Natalia Pérez Arango, de la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio, ha desgranado la radiografía de la prestación en 2025 a través de la presentación Informe anual 2025 sobre la prestación de ayuda para morir. Desde la entrada en vigor de la ley, 1.668 personas han ejercido este derecho en España. El balance provisional refleja un aumento sostenido de las solicitudes: 1.284 de ellas en 2025, un 44% del total desde 2021.
Así, desde la entrada en vigor en España de la LORE y hasta el 31 de diciembre de 2025 se han registrado 3.716 solicitudes de prestación de ayuda para morir: 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en el año 2024. Y se han efectuado 1.668 en total: 75 en 2021, 288 en 2022, 334 en 2023, 426 en 2024 y 565 en 2025.
Hay que diferenciar entre las enfermedades que motivan las solicitudes iniciales y las asociadas a las prestaciones finalmente realizadas. Mientras que las patologías oncológicas concentran más solicitudes iniciales (37%), las enfermedades neurológicas son la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46% del total.
En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, es decir, solicitudes cuyo desenlace se produjo durante el año, con independencia de la fecha en la que se hubieran iniciado. Del total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7%, dos puntos más que en 2024.
En las prestaciones, como ha expuesto Pérez Arango, un 48,5% son hombres y un 51,5% son mujeres. Ocho de cada diez tienen más de 60 años y un tercio más de 80 años. Solo se han dado ocho en menores de 39 años y tres en menores de 30 años.
El 31,5% del total de solicitantes, 374 personas, falleció durante el proceso de la tramitación, 33,15% el año anterio. En estos casos, el 61% sufría patologías oncológicas. La mayoría de estas muertes, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud. El plazo máximo establecido por la ley está entre los 30 y 40 días naturales.
Los 97 fallecimientos restantes ocurrieron tras la emisión del informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que se hiciera efectiva. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días.
Por otro lado, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados (15,18 en 2024). La mayoría de ellas, el 77%, se produjo al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, lo que representa el 8% del total (5,81, en 2024).
La distribución territorial de las solicitudes muestra diferencias entre comunidades autónomas. Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61. Tras Cataluña, las tasas más altas se registraron en Navarra, con 5,41 y en el País Vasco, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66.
La prestación en España se mantiene en niveles inferiores a los de otros países con marcos legales similares. Mientras que en España la tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13%, en Países Bajos alcanza el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica el 4%. Esa diferencia también se refleja en el volumen de prestaciones: 565 en España en 2025, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos.
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