El Pleno del Senado aprobó ayer con un claro consenso el informe final de la Ponencia de Estudio sobre Salud Mental y Prevención del Suicidio. Y quiero empezar reconociendo algo que considero justo. La creación de esta ponencia fue una buena noticia. Durante demasiado tiempo el suicidio fue un tema incómodo para las instituciones, invisible para buena parte de la política y relegado a los márgenes del debate público. Que el Senado haya dedicado dos años de trabajo a escuchar a supervivientes, familias, asociaciones, profesionales y responsables institucionales merece ser valorado positivamente. También merece reconocimiento el entendimiento entre grupos políticos muy diferentes en un contexto de creciente polarización.

Pero precisamente porque hablamos de miles de vidas perdidas, de familias devastadas y de una de las mayores tragedias de salud pública de nuestro país, creo que debemos ser honestos. Y la realidad es que la ponencia no ha estado a la altura de las expectativas que generó.

Y no lo ha hecho no porque el informe sea técnicamente incorrecto. No porque falten buenas intenciones ni porque no recoja conocimientos útiles. El problema es otro mucho más profundo y mucho más decepcionante. Después de dos años de trabajo, el resultado final se parece demasiado a un manual técnico sobre prevención del suicidio y demasiado poco a una propuesta política capaz de cambiar realmente las cosas

Sabemos que el suicidio se puede prevenir. Sabemos que detrás hay factores sociales, sanitarios, económicos, educativos y comunitarios. Sabemos que hace falta coordinación y que hacen falta recursos humanos, técnicos y económicos. Sabemos que hay que formar mejor a los profesionales y que debemos sensibilizar a la población y combatir el estigma social. Sabíamos ya todo esto.

Llevamos años repitiéndolo. Nada de eso era nuevo cuando comenzó esta ponencia. La pregunta que muchos esperábamos responder no era qué sabemos sobre el suicidio. La pregunta era qué está dispuesta a hacer la política con todo lo que ya sabemos.

Lo digo con respeto institucional, pero también con la libertad que me da haber participado en ella y haber escuchado durante muchos años a quienes conviven con esta realidad cada día.

La prevención del suicidio no debería convertirse en una especie de escaparate de buenas intenciones institucionales

Las preguntas eran otras. ¿Qué decisiones políticas concretas se derivan de todo ello? ¿Dónde están los mecanismos obligatorios de implementación? ¿Dónde está la financiación garantizada? ¿Dónde están los indicadores vinculantes? ¿Dónde está la rendición pública de resultados? ¿Dónde está el compromiso jurídico que sobreviva a los cambios de gobierno? ¿Dónde están las garantías de que una persona en crisis reciba la misma atención urgente viva en la comunidad autónoma que viva?

La principal oportunidad histórica de esta ponencia era transformar el conocimiento en obligación política. Y esa oportunidad, me temo, se ha perdido.

Durante meses escuchamos a asociaciones de supervivientes, familias rotas por el suicidio y entidades que llevan años sosteniendo en muchas ocasiones, con escasos recursos, una parte importante de la respuesta social al problema. Escuchamos testimonios de sufrimiento, de abandono institucional y de desigualdad territorial. Escuchamos reclamaciones reiteradas de coordinación, evaluación y continuidad. Mientras los supervivientes se sentaban allí a abrir en canal su dolor compartiendo historias de abandono, la respuesta institucional posterior se blindó en un frío PowerPoint de cifras y estrategias donde parecía que todo iba bien. Me parece una falta de respeto cambiar relatos de vida por estadísticas de gestión

Necesitamos una estructura estable. Un compromiso de Estado. Un marco que obligue. Muchos profesionales defendimos algo similar. España necesita una arquitectura estable de prevención del suicidio, no una colección de recomendaciones, una declaración de intenciones y mucho menos un documento que dependa de la voluntad política del momento.

Sin embargo, cuando intervinieron muchos responsables institucionales, el tono del debate cambió por completo. Las explicaciones se llenaron de cifras, programas y estrategias que, en conjunto, daban la sensación de que todo estaba razonablemente bien en cada territorio. Cada comunidad expuso sus logros, cada administración puso en valor sus iniciativas. Pero en muy pocas ocasiones apareció la pregunta clave, la que realmente importa: ¿qué resultados están teniendo todas esas acciones? ¿Cómo se están evaluando? ¿Qué indicadores nos dicen si realmente están salvando vidas? ¿Podemos comparar lo que ocurre entre territorios? ¿Dónde está la transparencia sobre esos resultados?

Necesitamos una estructura estable. Un compromiso de Estado. Un marco que obligue

Porque la prevención del suicidio no debería convertirse en una especie de escaparate de buenas intenciones institucionales. La ciudadanía no necesita solo relatos o planes sobre el papel. Necesita evidencias claras. Necesita saber qué intervenciones funcionan y cuáles no. Necesita entender dónde se invierte el dinero público y qué impacto real tiene. Y, sobre todo, necesita sistemas que obliguen a rendir cuentas de forma honesta y comparable en todos los territorios.

En mi opinión, un error de partida fue fusionar bajo un mismo paraguas conceptual la salud mental y la prevención del suicidio. Ambos fenómenos están relacionados, pero no son equivalentes. La salud mental es un campo inmenso, heterogéneo y extraordinariamente complejo. El suicidio también lo es.

Reducir uno al otro genera confusión conceptual y favorece simplificaciones que la evidencia científica lleva años cuestionando. No toda conducta suicida puede explicarse desde la enfermedad mental. No todo sufrimiento humano es un trastorno psiquiátrico.

No toda prevención del suicidio pasa exclusivamente por los servicios de salud mental. La conducta suicida exige un abordaje propio, específico, transversal y multidimensional. Precisamente por eso necesita políticas específicas.

Existe además una circunstancia difícil de ignorar. Cuando esta ponencia fue creada, España aún carecía de un Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Precisamente por eso muchos interpretamos que el Senado estaba llamado a liderar una reflexión política de largo alcance sobre el modelo de país que necesitábamos construir frente a esta tragedia.

Sin embargo, mientras todavía comparecían expertos, supervivientes y representantes institucionales en la Cámara, el Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental, presentó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027. Aquella iniciativa, positiva en sí misma, pareció alterar el sentido original de la ponencia. A partir de ese momento, dio la impresión de que el debate político quedó parcialmente desactivado, como si la mera existencia de un plan administrativo hubiese agotado la necesidad de una respuesta legislativa más ambiciosa.

Pero un plan no es una ley. Un plan puede modificarse, diluirse, infrafinanciarse o desaparecer con un cambio en las prioridades políticas. Precisamente por eso muchos esperábamos que la ponencia diera un paso más allá, que aprovechara el trabajo realizado para plantear mecanismos jurídicos de garantía, evaluación y rendición de cuentas. Lejos de eso, el resultado final transmite la sensación de que una oportunidad histórica para elevar la prevención del suicidio al rango de política de Estado ha quedado reducida a un ejercicio de sistematización de conocimientos y recomendaciones que, siendo valiosas, carecen de capacidad transformadora por sí mismas.

Lo verdaderamente decepcionante no es lo que contiene el informe sino lo que no contiene. No contiene un debate serio sobre una Ley Integral de Prevención del Suicidio. No contiene propuestas para blindar jurídicamente un Plan de Acción ni mecanismos de financiación obligatoria. No contiene obligaciones de evaluación externa ni tampoco exigencias de rendición de cuentas a la ciudadanía (la famosa transparencia). No hay garantías de equidad territorial y mucho menos consecuencias para quien incumpla con sus obligaciones políticas, éticas y asistenciales.

Y esa era precisamente la misión política de esta ponencia. Porque los expertos no fuimos convocados para explicar lo que ya sabemos. Fuimos convocados para ayudar a construir decisiones políticas. Y las decisiones políticas brillan por su ausencia.

Lo verdaderamente decepcionante no es lo que contiene el informe sino lo que no contiene. No contiene un debate sobre una Ley Integral de Prevención del Suicidio.

El riesgo es claro. Convertir la prevención del suicidio en una causa estéticamente correcta. Una causa que genera consenso, que encaja bien en los discursos, que se traduce en declaraciones institucionales y en fotografías. Una causa que todos dicen apoyar. Pero, al mismo tiempo, una causa que no consigue transformar de forma real las condiciones estructurales que permiten que estas muertes sigan ocurriendo.

Las personas que fallecen por suicidio no necesitan unanimidades parlamentarias. Necesitan políticas eficaces. Las familias no necesitan solemnidades institucionales, necesitan recursos reales y accesibles. Los supervivientes no necesitan discursos bien construidos, necesitan acompañamiento sostenido. Y la ciudadanía no necesita documentos que describan el problema una vez más, necesitamos instituciones capaces de intervenir sobre él, con decisión, solvencia y efectividad.

Por eso, la aprobación de este informe no debería entenderse como un punto final. Debería ser, en todo caso, el inicio de una exigencia social mucho más ambiciosa. La prevención del suicidio no puede seguir dependiendo de la sensibilidad variable de cada gobierno, de cada consejería o de cada legislatura.

La protección de la vida requiere otra cosa. Requiere estabilidad. Requiere estructura. Requiere compromiso sostenido en el tiempo. Requiere una ley. Y si después de dos años de trabajo parlamentario seguimos sin abrir con seriedad ese debate, quizá la pregunta ya no sea qué sabemos sobre prevención del suicidio.

La pregunta es otra. Si estamos realmente dispuestos a hacer lo que ya sabemos que hay que hacer. Porque si la respuesta es que no, entonces conviene asumirlo con honestidad. El problema deja de ser técnico y se convierte en político.