Empresa con empleados discapacitados
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La nueva Formación Profesional está transformando profundamente el sistema educativo y laboral español. Y probablemente uno de sus grandes aciertos es haber ampliado radicalmente la mirada sobre a quién debe servir la formación profesional.
La Ley 3/2022 ya no piensa únicamente en adolescentes que estudian un ciclo formativo. Habla de formación a lo largo de la vida, de acreditación de competencias, de nuevas oportunidades, de personas trabajadoras que necesitan recalificarse, de población penitenciaria, de escuelas de adultos y de itinerarios flexibles capaces de adaptarse a trayectorias vitales muy diversas.
Es un cambio de paradigma de enorme magnitud. Por primera vez, el sistema reconoce que el talento profesional no nace únicamente dentro del itinerario educativo tradicional. También aparece en trayectorias discontinuas, en experiencias laborales informales, en personas que abandonaron prematuramente los estudios o en colectivos históricamente alejados de las políticas de cualificación.
Sin embargo, existe todavía una gran asignatura pendiente: la discapacidad. Y resulta en especial llamativo porque, probablemente, las entidades sociales son hoy algunos de los actores que mejor han entendido el potencial transformador de la nueva formación profesional.
Muchas organizaciones vinculadas a la discapacidad llevan años trabajando conceptos que ahora aparecen en el corazón de la reforma: acompañamiento personalizado, orientación integral, aprendizaje práctico, trabajo por competencias, inserción laboral, colaboración con empresas o construcción de itinerarios flexibles. De hecho, algunas entidades sociales han entendido antes que nadie que la formación profesional puede convertirse en una verdadera palanca de autonomía, reconocimiento y participación laboral.
Por eso no es casual que muchos de los proyectos más innovadores estén apareciendo precisamente desde el trabajo en red entre centros formativos, entidades sociales y empresas, especialmente en el marco de los nuevos Centros de Formación Profesional Integrada (CFPI).
Los CFPI representan seguramente una de las herramientas más interesantes del nuevo modelo. Porque permiten integrar formación, orientación, acreditación de competencias, relación con las empresas e intermediación laboral dentro de un mismo ecosistema. Y porque facilitan algo imprescindible en el ámbito de la discapacidad: la cooperación entre actores distintos.
La discapacidad necesita precisamente eso: sistemas integrados y no compartimentos estancos. Durante demasiado tiempo hemos abordado la inclusión laboral desde una lógica excesivamente paralela. Centros especiales, programas específicos, itinerarios diferenciados. En muchos casos necesarios. Pero insuficientes para construir una verdadera inclusión estructural dentro del sistema de cualificación profesional del país.
La nueva formación profesional ofrece una oportunidad para superar parcialmente esta lógica. Pero para ello hace falta dar un paso más. Hace falta que la discapacidad deje de ocupar un espacio periférico o exclusivamente asistencial dentro de las políticas de formación y empleo. Hace falta incorporarla plenamente a la estrategia de talento del país. Porque la verdadera inclusión no consiste únicamente en proteger. Consiste en generar oportunidades reales de cualificación, especialización y desarrollo profesional. Y eso obliga también a transformar la mirada de las empresas, de las administraciones y del propio sistema educativo.
La gran revolución pendiente no es tecnológica. Es cultural. La nueva Formación Profesional ha empezado a entender que las trayectorias vitales son diversas. Ahora debe asumir también que las capacidades profesionales también lo son. Y quizá ahí la discapacidad no sea solamente una cuestión pendiente de integrar, sino una de las claves que pueden ayudar a construir un Sistema de Formación Profesional más moderno, más flexible y humano para todos.
Fabian Mohedano, promotor de talento profesional