Da carpetazo a la causa contra la residencia de ancianos Fiella de Tremp por presunto homicidio imprudente y también por un delito contra el derecho de los trabajadores
La residencia de TrempEFE
Actualizado
La Audiencia de Lleida ha archivado definitivamente la investigación contra un geriátrico de Tremp en el que murieron más de la mitad de sus residentes por un brote de covid en apenas un mes, entre noviembre y diciembre de 2020. En concreto, fallecieron 64 de los 142 ancianos que vivían en el complejo y se contagiaron 42 trabajadores.
Tras una denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de homicidio imprudente, fueron investigadas la ex directora del centro, la responsable higiénico-sanitariay tres miembros del Patronato de la Fundación Sant Hospital de Tremp. Sin embargo, el juzgado de instrucción de Tremp consideró en 2025 que no existía ningún delito contra el derecho de los trabajadores por el personal contagiado, ni se habría cometido homicidios imprudentes de los residentes, y archivó ambos procedimientos. Entonces, parte de los familiares afectados recurrieron ante la Audiencia de Lleida y ahora el tribunal ha rechazado el recurso y ha dado carpetazo definitivo al caso.
"La Sala no puede sino compartir las conclusiones de la Juez Instructora, no apreciando que los tristes acontecimientos acaecidos sean imputables a persona alguna, en el sentido que no observamos que se haya producido una inobservancia de un deber objetivo de cuidado que merezca reproche penal alguno, ni una omisión penalmente relevante que pueda estimarse causa de los contagios y posteriores fallecimiento de los ancianos residentes en aquella", señala en la resolución en la que confirma el archivo del caso.
Además, la Audiencia estima necesario destacar el contexto en el que se produjeron los hechos, caracterizado por la "falta de conocimiento sobre el nuevo coronavirus" y la precariedad y falta de recursos humanos para su abordaje.
Por otra parte, constata que la residencia disponía de un plan de contingencia que incluía el conjunto de medidas a adoptar en materia de protección y actuaciones frente a la sospecha o confirmación de un caso de covid-19.
También concluye el tribunal que las "dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente" de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria "por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral", en el procedimiento por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores también archivado.