CATALU�A
La C�mara se declara dispuesto a depositar una garant�a econ�mica a cambio de no aplicar la medida dictada por el TSJC hasta que se resuelva su recurso contra la orden judicial
Instalaci�n de la 'senyera' gigante ante el Parlament en la Diada.ARABA
Actualizado
El Parlament ofrece al Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a (TSJC) una fianza econ�mica para no tener que exhibir ya, y deforma permanente, la bandera espa�ola junto a la catalana en el exterior de la C�mara, como le orden� el alto tribunal el 20 de marzo tras estimar la reclamaci�n judicial de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano.
La instituci�n presidida por el dirigente de Junts, Josep Rull, present� un recurso contra la decisi�n del TSJC el pasado 7 de abril en la que ofrece al tribunal �prestar cauci�n sustitutoria� en caso de que no se adopte la suspensi�n de la medida. Esto es, el Parlament se declara dispuesto a depositar una garant�a econ�mica a cambio de no aplicar la medida cautelar dictada -la exhibici�n inmediata de la bandera espa�ola- mientras se resuelve su recurso. Dicho de otro modo, ofrece ese pago a cambio de neutralizar provisionalmente los efectos de la orden judicial hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Seg�n el recurso del Parlament, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la C�mara ofrece esta salida como �ltima opci�n, pues anteriormente reclama la revocaci�n de la medida cautelar o la suspensi�n de su ejecuci�n. A efectos pr�cticos, lo que el Parlament est� sosteniendo ante el TSJC es: si no estimas ninguna de mis dos principales peticiones, al menos perm�teme pagar una fianza en lugar de tener que colgar la bandera espa�ola en la fachada mientras dure el litigio.
El recurso ha sido presentado y firmado por el letrado del Parlament, Joan Ridao, otrora secretario general de ERC. La no exhibici�n de la bandera espa�ola en el acceso al Parlament se ha convertido en una cuesti�n pol�tica de primer orden para su presidente, el neoconvergente Rull, puesto que la C�mara catalana es la principal instituci�n dirigida por Junts y por el independentismo en la actualidad.
Fuentes del Parlament alegan que los servicios jur�dicos de la C�mara �han decidido usar todas las f�rmulas que prev� la ley para defender los intereses de la C�mara y no dejar ning�n flanco al descubierto� y consideran la �cauci�n sustitutoria� �una medida rutinaria prevista en el ordenamiento�.
Pepe Domingo, el ex presidente Impulso Ciudadano y actual presidente de la Fundaci�n Impulso y Cooperacaci�n, rebate que la cauci�n en este tipo de procedimientos �es excepcional�sima� y critica �que se pretenda comprometer dinero p�blico para no poner la bandera de Espa�a�. Oferta que tilda de, �cuanto menos, exc�ntrica�.
�La cauci�n no puede convertirse en una v�a para eludir el cumplimiento de obligaciones legales especialmente cuando derivan directamente de la Constituci�n o de normas imperativas, como la ley de banderas. La obligaci�n de colocar la bandera es personal�sima (la tiene que hacer el Parlament), tiene contenido institucional y no puede compensarse con dinero porque no existe equivalencia econ�mica posible. Es decir, el art. 746 Ley de Enjuiciamiento Civil [que regula la cauci�n sustitutoria] es aplicable en lo contencioso-administrativo, pero s�lo a medidas de contenido econ�mico o patrimonial, nunca a obligaciones p�blicas de cumplimiento necesario�, a�ade Domingo, al tiempo que presagia que el TSJC no aceptar� el ofrecimiento del Parlament.
Rafael Arenas, presidente de Impulso Ciudadano, a�a que la decisi�n del Parlament "es, adem�s, una muestra del car�cter excluyente del nacionalismo". "El rechazo a un s�mbolo que representa a todos los espa�oles supone una exclusi�n tambi�n de todos los que nos sentimos representados por �l. Con esta decisi�n, el Parlamento se presenta como representante solo de una parte de los catalanes, pero no del "pueblo de Catalu�a", considera.
Impulso Ciudadano reclam� colocar la bandera espa�ola ante el Parlament despu�s de que la C�mara izara en la Diada una senyera gigante de 54 metros cuadrados sobre un m�stil de 25 metros de altura. El coste de su instalaci�n fue de 93.000 euros. La entidad constitucionalista reclam� entonces que, en cumplimiento de la ley de banderas, ondee tambi�n la rojigualda. Y el TSJC le dio la raz�n y orden� al Parlament colocar una bandera espa�ola de las mismas dimensiones que la catalana, y hacerlo de forma permanente.