Imagen de una enfermera atendiendo a una paciente
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Un matrimonio catalán con Alzheimer avanzado y metástasis, respectivamente, llevaba casi dos años esperando el traslado a una residencia en Barcelona. Su hijo único, recién convertido en padre tras doce años de intentos, había solicitado el traslado siguiendo las propias indicaciones de la Consejería. La normativa lo permitía. Todos los responsables políticos implicados lo reconocían. Nadie firmó nunca nada. Ya saben: vuelva usted mañana.
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, fue informado del caso. Su jefe de gabinete, Eduard Rivas —actualmente investigado judicialmente por presuntas irregularidades en fondos destinados a personas vulnerables— acusó recibo por escrito y derivó el caso al Síndic de Greuges. Mònica Martínez Bravo, consejera de Derechos Sociales, tenía el expediente sobre la mesa. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, se reunió personalmente con la familia junto a numerosos asesores. Maria Eugènia Gay, regidora de Derechos Sociales, reconoció que tenían razón pero admitió que no haría nada que la perjudicara políticamente. Poco después fue apartada del cargo.
El resultado fue siempre el mismo: correos, llamadas, reuniones. Siempre la misma respuesta: "tenéis razón", "lo estamos trabajando". Y nunca ninguna resolución escrita. Generalitat y Ayuntamiento se fueron pasando el caso como una pelota durante casi setecientos días. Mientras, el tiempo hacía lo que la política prefería evitar. Los padres murieron esperando. Sin apenas conocer a su nieta.
La documentación existe
El caso no es una denuncia anónima ni un desahogo en una red social. Está documentado con correos cruzados entre la familia y los gabinetes del presidente Illa y del alcalde Collboni, reuniones presenciales con los máximos responsables políticos de ambas administraciones y llamadas telefónicas con sus equipos.
El 18 de marzo de 2026, Antoni Casas presentó una instancia formal en el Ayuntamiento de Barcelona —número de registro 0801930008-1-2026-0128874-1— exigiendo saber quién tenía la responsabilidad de decidir y por qué no la asumió. Ese mismo día registró una petición formal ante la Mesa del Parlament de Catalunya —número E2026000875— con la misma exigencia.
El 18 de junio de 2026 vencieron los plazos legales de tres meses para que ambas instituciones respondieran. Un ciudadano que incumple un plazo legal con la Administración recibe automáticamente un recargo del 20% y persecución sin contemplaciones. Las instituciones, en cambio, incumplen sus propios plazos sin consecuencia alguna. Como recuerda el hijo, se han olvidado de que trabajan para nosotros y de que les pagamos el sueldo.
No respondieron cuando sus padres estaban vivos. No han respondido después de su muerte. Ninguna de estas comunicaciones ha sido desmentida. Ningún responsable político ha explicado quién tenía la competencia para resolver ni por qué no se adoptó ninguna resolución.
El caso ha comenzado a tener recorrido parlamentario. Varios grupos de la oposición han registrado preguntas escritas al Gobierno sobre protocolos de traslado y competencias entre administraciones. La política llegará por fin al micrófono; la familia sigue sin una sola resolución firmada.
Lo que describe este caso no es un colapso anónimo del sistema. Es un patrón documentado: cuando un expediente llega a la mesa de un responsable político y la decisión tiene coste, nadie decide. Se deriva, se dilata, se espera. Y si el problema desaparece solo —con una muerte, en este caso dos— el expediente se cierra sin que nadie haya dado explicaciones.
Los muertos no llaman, no votan y no molestan.
El hijo sí.
Antoni Casas