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El Síndic de Greuges encontró "dificultades" y "resistencia" por parte del Govern de Salvador Illa cuando empezó a investigar pagos irregulares en el servicio de atención a menores y ex tutelados de la Generalitat, el denominado caso DGAIA.
En un documento interno, el organismo autonómico equivalente al Defensor del Pueblo constata que no fue hasta la destitución de los dos máximos responsables de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), en marzo de 2025, cuando pudo "revisar una muestra de expedientes" y "recibir diligentemente los datos solicitados".
El Ejecutivo catalán intentó, hace poco más de un año, que el cese de la directora y el subdirector, Isabel Carrasco y Joan Mayoral, hiciera el menor ruido posible. La estrategia comunicativa contribuyó, en cambio, a todo lo contrario. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, argumentó que el cese de la cúpula nombrada por ella misma seis meses antes, con su llegada al cargo, respondía únicamente a "la búsqueda de la excelencia".
Hubo que esperar dos meses para que la consellera ofreciera algún dato adicional sobre el relevo de estos dos altos cargos de la Administración, de quienes dijo que no estaban "alineados con una voluntad de cambio profundo". Cabe decir que Carrasco estaba vinculada a esta dirección general autonómica desde 1998, mientras que Mayoral ya había sido subdirector entre 2007 y 2018.
Una comunicación interna del Síndic de Greuges, consultada por EL MUNDO, pone negro sobre blanco en los problemas de falta de transparencia detectados en la breve etapa del anterior equipo directivo a la hora de facilitar información de años anteriores. "Días después del nombramiento de un nuevo director de la DGAIA, este organismo envió copia del expediente informativo y, días más tarde, el anexo documental", constata el ente encabezado desde 2022 por la síndica Esther Giménez-Salinas. "Desde entonces, su colaboración ha sido positiva", añade.
El Síndic de Greuges abrió en 2024 un expediente informativo al detectar "indicios de posibles irregularidades" en la gestión de prestaciones a jóvenes ex tutelados tras la denuncia de un trabajador de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, una de las entidades a las que la Administración externaliza el servicio. El Defensor del Pueblo catalán reprocha las "dificultades iniciales para la investigación de los hechos denunciados, con la correspondiente dilación del procedimiento".
En concreto, en marzo de 2025, el Síndic se dirigió de nuevo por escrito a la DGAIA para recordar que, desde junio de 2024 [dos meses antes del cambio del Govern de ERC al PSC], no había recibido "la información completa requerida formalmente en las peticiones hechas ni en las diferentes comunicaciones y reuniones sobre este asunto".
La investigación abierta en paralelo por la Oficina Antifraude de Cataluña, a raíz de la denuncia del educador social de la UTE al que dio consideración de alertador protegido, junto al caso de una niña de 12 años que había sido violada varias veces mientras estaba bajo tutela de la Generalitat, destapó la caja de los truenos y obligó a reaccionar al Govern. La consellera Martínez Bravo hizo un lavado de cara a la dirección general, a la que incluso cambió el nombre por el de DGPPIA (Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia).
En un informe presentado hace justo un año, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña detectó 4,7 millones de euros en pagos indebidos por parte de la DGAIA entre 2019 y 2022, lo que se sumaba a otro documento anterior que detectaba irregularidades en el periodo 2016-2020.
Por otra parte, el documento del Síndic, al analizar las denuncias internas que había hecho el trabajador previamente, considera que hubo "falta de escucha y que "el sistema de protección no fue lo suficientemente permeable".
El alertador protegido por la Oficina Antifraude de Cataluña compareció en mayo, a puerta cerrada, en la comisión parlamentaria que investiga el caso DGAIA. "Me intentaron convencer de que parte de mis funciones sería falsear documentación de forma sistemática", aseguró el educador sobre su etapa en la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis.
"No ha habido control de la Generalitat sobre las entidades concesionarias", declaró ante los diputados en una sesión sin difusión para proteger su anonimato. "Si quieres denunciar, te coaccionan, te intimidan y te intentan eliminar", aseveró el denunciante al ofrecer su testimonio en la Cámara.
"Queda muy claro que había una estructura B, me negué a validar los informes con firma digital porque era una medida de coacción", dijo quien se encargaba de revisar el cumplimiento de las condiciones necesarias para recibir las prestaciones públicas.
"¿Qué creen que aprendían aquellos jóvenes viendo todas esas martingalas?", expresó como reflexión durante su comparecencia.
"He sacrificado mi carrera profesional, pero, al menos, yo tengo la conciencia tranquila", finalizó el alertador con condición de protegido por Antifraude.
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