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La Asamblea por una Escuela Biling�e (AEB), promotora de la acci�n judicial contra el sistema de inmersi�n ling��stica, no va a quedarse de brazos cruzados contemplando c�mo el Govern de Salvador Illa evita acatar la �ltima orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a (TSJC) favorable a que el espa�ol y el catal�n compartan la condici�n de lenguas vehiculares en las escuelas de la regi�n.
La AEB pasa al ataque para intentar forzar la ejecuci�n de la orden judicial que el Govern pretende sortear despu�s de que el alto tribunal catal�n acordara hace una semana la ejecuci�n de su sentencia del pasado mes de septiembre que anulaba parcialmente el decreto que la Generalitat aprob� tras las elecciones auton�micas de 2024, bajo la presidencia en funciones de Pere Aragon�s (ERC), para blindar el modelo monoling�e. Y, sobre todo, despu�s de que el president socialista reaccionara al fallo del pasado lunes con una comparecencia p�blica en la que quiso �dejar claro el compromiso del Govern con la defensa de la lengua y del modelo de escuela catalana�.
La entidad presidida por Ana Losada �revisar� los proyectos ling��sticos de los centros educativos de Catalu�a y requerir� a aquellos que mantengan un modelo monoling�e en catal�n que adapten sus proyectos al principio de cooficialidad, incorporen el castellano como lengua vehicular y eliminen instrucciones del uso restrictivo del castellano�. Y, �en el caso de que los centros no procedan a la revisi�n de sus proyectos ling��sticos y no adapten su programaci�n al modelo de conjunci�n ling��stica en el que las lenguas oficiales son lenguas vehiculares y de uso normal en los centros educativos, [la AEB] interpondr� los correspondientes recursos administrativos y contencioso-administrativos� contra esas escuelas.
Es decir, la AEB demandar� a los colegios que no acaten la �ltima orden del TSJC para acabar con la inmersi�n ling��stica. Esta decisi�n queda reflejada en el �Plan para la Aplicaci�n de la sentencia del TSJC que anula parcialmente el decreto 91/2024 del r�gimen ling��stico del sistema educativo no universitario de Catalu�a�. En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la entidad constitucionalista tambi�n prev� �ejercer las pertinentes acciones penales por prevaricaci�n administrativa y coacciones en los casos extremos de persecuci�n sistem�tica o de abuso de autoridad� por parte del Departamento de Educaci�n o de las direcciones de los centros que impidan �el uso del castellano en el sistema educativo catal�n�. Es decir, que la organizaci�n presidida por Losada tambi�n actuar� judicialmente contra los funcionarios de la Generalitat que, bien por decisi�n propia o bien siguiendo �rdenes del Govern de Illa, coarten a profesores que deseen dar cumplimiento a la orden del TSJC contra la inmersi�n ling��stica.
El documento de la AEB sostiene que, tras la �ltima sentencia del TSJC, �el modelo monoling�e queda provisionalmente expulsado del ordenamiento� y que, por ende, �el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular y los proyectos ling��sticos que contemplan el catal�n como �nica lengua de ense�anza carecen de base normativa�.
Tras el fallo judicial, el Departamento de Educaci�n de la Generalitat sostuvo que la decisi�n del TSJC no tiene �ninguna afectaci�n inmediata� y �no altera la actividad ordinaria en los centros� y puso a trabajar a sus servicios jur�dicos para �dar respuesta a la resoluci�n�.
En el auto publicado el pasado lunes, el TSJC desestima ordenar al Departamento de Educaci�n de la Generalitat que emita una instrucci�n general a todos los centros porque no se puede �dise�ar un sistema de control de la Generalitat a trav�s de los tribunales�. La AEB inst� al Govern a �que cumpla de forma inmediata la ejecuci�n provisional de la sentencia y dicte instrucciones claras a los centros educativos�, pero, consciente de que no lo har�, empez� a elaborar inmediatamente la estrategia judicial que pone a los centros educativos en la diana para buscar la ejecuci�n del fallo.
Hay otras dos normas auton�micas sobre las cuales la Justicia debe dar una �ltima respuesta. El Tribunal Constitucional (TC) tiene a�n pendiente resolver la constitucionalidad de las dos leyes del a�o 2022 con las que el Govern de Aragon�s esquiv� la sentencia firme del TSJC de impartir, como m�nimo, un 25% de horas lectivas en espa�ol.
Por un lado, el decreto ley de la Generalitat que vetaba la fijaci�n de cuotas en la ense�anza, validado en el Parlament por ERC, Junts y los comunes. Y, en segundo lugar, una ley parlamentaria para ratificar la vehicularidad del catal�n que cont� con el apoyo de esos tres estos partidos m�s el PSC. Este segundo texto legal se�ala que el castellano debe tener "una presencia adecuada en los curr�culos y proyectos educativos", pero sin m�s concreci�n.
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