Barcelona y la Generalitat llevan tiempo gastando dinero público, energía institucional y capacidad de influencia en construir un relato contra los pisos turísticos como si la prohibición de conceder licencias, prevista para 2028, fuera ya inevitable. Pero no lo es.

Antes de que se convierta en realidad, nos espera una sucesión de potenciales litigios, dudas europeas, reclamaciones patrimoniales, problemas de proporcionalidad y efectos económicos todavía no medidos, que sin duda impactarán negativamente en la actividad económica, el empleo y la recaudación municipal.

Los pisos turísticos siguen siendo hoy una actividad legal. Sin embargo, en Barcelona se les presenta como los culpables, casi únicos, de una crisis de vivienda que tiene causas mucho más profundas: falta de oferta, lentitud urbanística, inseguridad jurídica del alquiler, presión fiscal, escasez de vivienda asequible y años de mala planificación.

Pero la propaganda oficial ha decidido convertir los pisos turísticos en el enemigo a batir. Antes que dedicarse a construir nuevas viviendas e incentivar la puesta en el mercado de alquiler las que se han retirado desde la intervención, han centrado su ofensiva en los pisos turísticos.

Y para ello dedican su esfuerzo y dinero público, dinero de todos. Según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, en 2025 se dedicaron más de 9 millones de euros de publicidad institucional entre medios, redes sociales y publicidad exterior. Casi nada. Basta ver algunas de las recientes campañas municipales desplegadas en Barcelona contra los pisos turísticos a través de lonas, marquesinas y otros soportes de calle, para comprobar hasta qué punto la Administración también utiliza la comunicación institucional para instalar un relato político sobre la vivienda y señalar a su falso culpable. Y ojo, porque una supuesta medida a implementar después de las elecciones.

Por supuesto no todo ese importe está destinado al gran enemigo, pero refleja claramente que el Ayuntamiento dispone de una maquinaria pública muy eficaz para fijar marcos, difundir mensajes y envolver decisiones políticas con la apariencia de interés general. Y en materia de vivienda, demasiadas veces ese relato suena más a campaña de partido que a política de ciudad.

Mientras tanto, la realidad no mejora. Según datos recientes del Observatorio del Alquiler, las zonas declaradas tensionadas han perdido cerca de 60.000 viviendas de alquiler residencial en los últimos tres años. Solo Barcelona concentra una caída de 48.637 y este año perdería previsiblemente otras 4.166 unidades adicionales.

Los datos desmontan la promesa central del intervencionismo: proteger al inquilino, que cada vez tiene menos opciones porque la oferta disminuye. En Barcelona ciudad ya hay 453 interesados compitiendo por cada vivienda de alquiler en los diez primeros días de publicación, frente a los 80 registrados en el primer trimestre de 2024.

Un fracaso: las campañas de comunicación no generan viviendas, la realidad se impone, cada vez hay menos pisos disponibles.

La ofensiva contra los alquileres de corta duración acumula demasiados avisos como para seguir actuando con tanta contundencia. El Consejo de Estado ya advirtió de los problemas del Registro Único, de la posible duplicidad con los registros autonómicos y de la invasión de competencias. Y el Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único estatal al considerar que el Estado carece de competencias para imponer una regulación exhaustiva superpuesta

a los registros autonómicos. Desde Bruselas también llegan señales claras: Europa permite regular, pero exige criterios objetivos, proporcionalidad, transparencia y seguridad jurídica.

No son detalles técnicos. Son reveses de fondo. Demuestran que no todo vale por invocar la vivienda. Se puede regular, exigir datos y perseguir la ilegalidad, pero no construir una carrera de obstáculos administrativa ni convertir una actividad legal en culpable político permanente.

La contradicción es grande, porque Barcelona sigue queriendo comportarse como una capital global de eventos. La ciudad no renuncia a conciertos, festivales, congresos, turismo cultural, grandes citas internacionales y operaciones de proyección exterior. Quiere visitantes cuando compran entradas, llenan restaurantes, usan taxis, visitan museos y pagan la tasa turística; pero evita responder a una pregunta básica: ¿dónde van a dormir? Basta con leer estos días la prensa en Barcelona para encontrarse con una campaña de Apartur y comprobar de primera mano esta contradicción.

Lo anterior induce a reflexión: mientras la Administración lleva años utilizando recursos públicos para colocar un relato contra los pisos turísticos, el sector se ha visto obligado a responder con las mismas armas: la comunicación. Con una diferencia importante: no lo hace con dinero público, sino con sus propios recursos, para defender una actividad que sigue siendo legal y regulada.

Reducir las posibilidades de alojamiento no significa aumentar automáticamente la oferta de vivienda a precio asequible, Al contrario, convertirá la ciudad de Barcelona en un destino más caro, más elitista: el visitante de alto poder adquisitivo encontrará alojamiento, se quedarán fuera los jóvenes que viene a un festival, los estudiantes, el grupo que comparte gastos o el profesional que viaja con presupuesto limitado.

El impacto no se limita a propietarios o plataformas: si el alojamiento se encarece, el visitante no aumenta su presupuesto: gasta menos en restaurantes, comercios, transporte, cultura y ocio. La escasez y encarecimiento de alojamiento la paga la economía local. Y con riesgo de que el visitante decida irse a otro destino.

Demonizar una actividad legal y gastar dinero público en fabricar un culpable no es política de vivienda ni interés real para el ciudadano. La propaganda no construye pisos, no agiliza licencias, no moviliza suelo. No da seguridad jurídica. No genera automáticamente alquiler asequible. Simplificar un problema complejo y colocar una diana a los pisos turísticos no es la solución.

Probablemente llegaremos a 2028 y Barcelona descubrirá que no tiene menos problemas, sino menos opciones. Y que, después de tanto gastar en relato, la vivienda sigue sin aparecer.

Julián Salcedo Gómez, doctor en Economía y experto sector inmobiliario