El TSJ catalán investiga al ex consejero y diputado Joan Ignasi Elena por adjudicaciones irregulares en la localidad
Joan Ignasi Elena a su salida del TSJCEFE
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El ex consejero de ERC, Joan Ignasi Elena, investigado por adjudicaciones irregulares en Altafulla, ha negado favores políticos, ha dicho que ni conocía al alcalde de la localidad en ese momento (el ahora diputado de los Comunes, Fèlix Alonso Cantorné) y ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de la localidad.
Así lo ha asegurado en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según fuentes jurídicas, donde ha comparecido ante el juez para dar su versión de los hechos.
El TSJC investiga al dirigente de Esquerra y ex consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y al ex líder de ICV, Joan Herrera, como cooperadores necesarios de un presunto delito de prevaricación por el que está siendo investigado también en el Supremo quien fue alcalde de Altafulla (Tarragona) y ahora diputado en el Congreso, Fèlix Alonso Cantorné. Este último es representante de los Comunes en la Cámara Baja y ex primer edil de la localidad tarraconense.
En concreto, el TSJC investiga los contratos menores que el Consistorio de la localidad acordó y firmó, entre 2017 y 2019, con Sinergia, una consultora de la que Elena era uno de sus responsables. En ese momento, Elena no ocupaba ningún cargo político: había roto el carné del PSC en 2014 y en 2021, tras un progresivo acercamiento a ERC, fue nombrado consejero del Govern de Pere Aragonès. Actualmente, es diputado de los republicanos en el Parlament.
Durante su comparecencia, que se ha prolongado más de una hora, Elena ha asegurado que siempre veló por el "cumplimiento de la legalidad" y ha sostenido que nadie le advirtió de que los contratos menores de servicios no podían renovarse de forma automática, sino que requerían la convocatoria de un concurso público. También ha negado que conociera a Alonso, alcalde en ese momento del municipio, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns en esa época.
Por otro lado, ha explicado que la contratación externa del asesoramiento jurídico se debió a la "falta de personal técnico y administrativo necesario" en el consistorio para sacar adelante diversos proyectos y consultas vinculadas al área de Urbanismo.