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El Mundo
elmundo.es · 2026-06-20 · via Opinión

El nuevo proyecto establece criterios centrados de manera exclusiva en aspectos clínicos

Los más vulnerables necesitan certezas, no inquietud

Actualizado

La reforma que prepara el Gobierno de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) ha generado un gran temor entre las 18.000 familias que reciben esta vital ayuda pública, diseñada para quienes reducen su jornada laboral con el fin de cuidar a estos niños y adolescentes. El nuevo decreto que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, complica innecesariamente los trámites para mantener algunas de estas prestaciones. Si bien incorpora avances positivos -amplía su duración y el listado de enfermedades-, el endurecimiento de algunos requisitos dificulta mucho los trámites burocráticos e incluso podría dejar fuera a familias que dependen de esta asistencia.

El aspecto más polémico, según denuncia la asociación que representa a estas familias, es que el nuevo proyecto establece criterios centrados de manera exclusiva en aspectos clínicos, sin valorar la realidad cotidiana de muchos niños que precisan cuidados constantes a causa de enfermedades neurológicas y psiquiátricas o trastornos de la conducta. Además, deriva la evaluación a médicos especialistas, fuera del cauce de la Atención Primaria, cuyos profesionales mantienen un contacto más cercano con las familias.

Varios de los casos que retratamos hoy en nuestras páginas son muy complejos. Se trata de padres cuyos hijos padecen varias dolencias, como parálisis cerebral, autismo severo o discapacidades graves. Familias para las cuales esta ayuda resulta absolutamente indispensable.

El borrador, cuyo objetivo declarado es ampliar la protección a los beneficiarios, está aún abierto, por lo que todavía puede corregirse. El control de las prestaciones públicas es imperativo: el Gobierno está obligado a poner los medios para que éstas lleguen a quienes realmente las necesitan con el menor fraude posible. Sin embargo, cuando se trata de hogares especialmente dependientes, las instituciones deben extremar el cuidado. Son familias que necesitan el apoyo de toda la sociedad, empezando por un sistema confiable.