La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.EFE
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El principal problema de la vivienda en España sigue siendo una escasez de oferta que no solo afecta a las grandes áreas metropolitanas, sino también a buena parte de la España rural. Las cifras que desgranamos hoy en nuestras páginas de Actualidad Económica contradicen la idea de que basta con alejarse de las grandes ciudades para encontrar casa con facilidad: más de la mitad de aquellos que buscaron una vivienda de alquiler en municipios de menos de 1.000 habitantes en 2020 acabaron desistiendo al no hallar ninguna opción. Sólo el 36,6% logró alquilar y un 8% terminó comprando ante la imposibilidad de acceder al mercado del arrendamiento. Los datos se refieren, además, a territorios donde existe una enorme cantidad de inmuebles vacíos. Según el INE, en los municipios de menos de 1.000 habitantes casi una de cada tres viviendas permanece desocupada o se usa sólo de manera esporádica.
En este contexto adquiere especial relevancia la advertencia del Banco de España en su Informe Anual de 2025. El supervisor estima que España arrastra un déficit de 750.000 viviendas y sostiene que las políticas aplicadas en los últimos años han actuado principalmente sobre la demanda mientras el problema sigue localizado en la oferta. La observación supone una crítica implícita a la estrategia del Gobierno. Los topes al alquiler, los bonos para jóvenes o los avales públicos pueden responder a objetivos sociales legítimos, pero difícilmente resolverán una escasez de semejante magnitud. Ninguna de esas medidas incrementa por sí misma el número de viviendas disponibles. Y algunas, según advierte el Banco de España, pueden terminar reduciendo los incentivos para invertir, rehabilitar o poner inmuebles en alquiler.
España necesita una política de vivienda menos centrada en los efectos y más orientada a corregir las causas. Eso implica acelerar el desarrollo de suelo, reducir burocracia y facilitar la construcción. Pero también abordar un fenómeno visible en la España rural: la cantidad de viviendas vacías fuera del mercado por razones jurídicas, fiscales o de deterioro físico.