La pauta se repite: advertencias previas, señales que no se traducen en decisiones y un Gobierno que sólo reacciona cuando el daño ya es irreparable
Manifestación en la estación de trenes de Huelva por las víctimas del descarrilamiento de tren en Adamuz.Araba
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Las últimas revelaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz agravan la responsabilidad de Adif y del Gobierno. Ya no se trata sólo de que la vía estuviera rota 22 horas antes del choque que costó 46 vidas, sino de que existía una señal técnica compatible con esa rotura que no llegó a ser transmitida como un aviso de la situación. El sistema SAM registró a las 21.46 del 17 de enero una alteración eléctrica anómala. Pero no generó ninguna alerta automática porque no estaba configurado para ello. Había un indicio, con suficiente tiempo de antelación, pero faltó un sistema eficaz.
Esta revelación desmonta la tesis con la que el Gobierno ha intentado protegerse. Durante semanas se sugirió que no había forma de anticipar el fallo, que la rotura pertenecía al terreno de lo súbito o lo inevitable. Ahora sabemos lo contrario: existía la posibilidad técnica de detectar el problema, pero Adif no exigió un diseño que permitiera hacerlo con fiabilidad. Y también sabemos que el presidente de Adif, tan prolijo en sus comparecencias, ha ocultado este extremo mientras el ministro Óscar Puente recurría a todos los medios a su alcance para desviar su responsabilidad.
El informe de la Guardia Civil añade además dudas sobre la capacitación de los técnicos que hicieron la auscultación ultrasónica y sobre la ausencia de inspectores durante trabajos de soldadura hoy bajo sospecha. Todo apunta a un sistema de control que falla por demasiados sitios a la vez. Los trenes auscultadores no detectan a tiempo, el sistema de mantenimiento registra anomalías pero no alerta y la red sigue funcionando hasta que sobreviene la tragedia.
No es la primera vez que ocurre. También antes del gran apagón de 2025 hubo técnicos que alertaron de que el sistema estaba al límite. La pauta se repite: advertencias previas, señales que no se traducen en decisiones y un Gobierno que sólo reacciona cuando el daño ya es irreparable.
Las víctimas piden verdad y responsabilidades. Tienen derecho a ambas. Porque Adamuz no fue sólo una desgracia, sino también el fracaso de unos controles que debían haber evitado lo evitable.