La dificultad para que el alza del PIB derive en una mayor prosperidad muestra la fractura entre el relato triunfalista del Gobierno y la realidad que ven los ciudadanos en tareas cotidianas como llenar la cesta de la compra
EUROPA PRESS
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Las tasas elevadas de crecimiento que sigue registrando nuestro país no se están traduciendo en una mejora del bienestar social, lo que ahonda en el castigo a las clases medias. La dificultad para que el alza del PIB derive en una mayor prosperidad muestra la fractura entre el relato triunfalista del Gobierno, sustentado en una recaudación fiscal récord y en un elevado gasto público, y la realidad que ven los ciudadanos en tareas cotidianas como llenar la cesta de la compra, una coyuntura agravada por la escalada del precio de los combustibles como consecuencia de las tensiones geopolíticas. Que las condiciones de vida sean cada vez peores para millones de españoles no es una percepción, sino un hecho cierto que no puede desvincularse de la parálisis de un mandato agotado.
Tras afirmar que el salario medio en España creció un 23% entre 2018 y 2024, por encima de la inflación, Pedro Sánchez afirmó ayer en X:«Frente al ruido mediático, la realidad de este país». Ciertamente, los salarios han avanzado, pero no lo suficiente para compensar el alza de los precios y de la presión fiscal, lo que se añade al empeño del Gobierno en negarse a deflactar el IRPF, es decir, a ajustar los tramos de este impuesto al incremento del IPC. El presidente, quien blande la estabilidad como subterfugio para prolongar esta legislatura, se aferra a los datos económicos para sobrevivir en medio de un alud de corrupción. Pero este atrincheramiento no puede hacerse a costa de retorcer las cifras. La realidad que le cuesta admitir a Moncloa es que los salarios netos reales no han subido, agravando la pérdida de poder adquisitivo de las familias. De ahí la necesidad de atender el aviso de las patronales y los sindicatos que integran el Consejo Económico y Social (CES), que han advertido de que «el puente entre crecimiento y bienestar social se ha roto». La vivienda y el coste de la vida se comen la mejora de los salarios y del empleo. La merma de poder adquisitivo entraña un reto de largo alcance que exige iniciativas compatibles con la disciplina fiscal y dirigidas a los sectores más expuestos, aunque el CES también ha puesto el foco sobre el retraso en la emancipación de los jóvenes y unas anómalas tasas de pobreza infantil.
El Ejecutivo no puede seguir mirando para otro lado ante este preciso diagnóstico. Como tampoco puede desoír la llamada de la AIReF a poner fin al agujero de las pensiones. En un demoledor informe, la Autoridad Fiscal señala que las medidas puestas en marcha para insuflar ingresos evitan tener que aplicar más ajustes, pero en sí mismas no garantizan la sostenibilidad del sistema. De hecho, el Ejecutivo tendrá que desviar 50.000 millones a este capítulo.
La pesada carga de la inflación y el riesgo que planea sobre las pensiones muestran la urgente necesidad de contar con un Gobierno sólido y capaz de afrontar las reformas pendientes.