Editorial
Un cartel de Se alquila en un piso de Madrid.Europa Press
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Exigir a miles de propietarios que tributen por rentas de alquiler que no han cobrado es una anomal�a que, aun siendo legal, resulta cada vez menos defendible. La doctrina de la Agencia Tributaria se apoya en un principio formal -que la renta es �exigible� desde que nace el derecho a cobrarla por contrato-, pero ignora un entorno disociado de la capacidad efectiva de cobro.
Buena parte del parque espa�ol en alquiler descansa en manos de peque�os arrendadores. En ese marco, la obligaci�n de declarar ingresos meramente te�ricos introduce un coste fiscal adicional justo cuando el riesgo de impago se ha intensificado. Los datos apuntan a un endurecimiento de la morosidad y, en paralelo, los delitos vinculados a la ocupaci�n ilegal han aumentado (adem�s de volverse m�s costosos en tiempo e incertidumbre para el propietario). El resultado es un mercado donde la probabilidad de no cobrar no es algo excepcional.
En ese contexto, obligar a tributar por lo no percibido act�a como recargo sobre el riesgo. Puede defenderse que el sistema ofrece correcciones, como la posibilidad de dejar de imputar rentas si se acredita la v�a judicial en casos de ocupaci�n. Pero esas v�as exigen iniciar procedimientos y asumir costes adicionales. Entre tanto, el contribuyente financia al fisco con ingresos inexistentes. La consecuencia es que la seguridad jur�dica se erosiona por dos v�as: la dificultad de hacer efectivo el derecho de cobro y la exigencia de tributar como si ese derecho fuera equivalente a liquidez. As� se acaba desincentivando la oferta, lo que, en un mercado ya tensionado por la escasez, a�ade presi�n alcista. Algunos propietarios reaccionan elevando precios para cubrir contingencias. Otros optan por retirar la vivienda del alquiler o venderla, incluso con problemas sin resolver, como prueba el aumento de anuncios de viviendas ocupadas en venta.
Corregir esta distorsi�n, que penaliza a quien ofrece vivienda en alquiler, pasa por vincular la tributaci�n a la efectiva percepci�n de la renta y por acelerar los mecanismos de resoluci�n de conflictos para reducir el componente de incertidumbre que hoy encarece a�n m�s los precios.