Editorial
El Gobierno reincide en el descr�dito hacia el Poder Judicial, como si los tribunales impusieran custodias compartidas contra el bienestar de los hijos
Sira Rego, ayer, en Moncloa.EFE
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El anteproyecto para reformar la Ley de Protecci�n Integral a la Infancia presentado por la ministra Sira Rego es un documento de marcado cariz ideol�gico que introduce una preocupante cl�usula Juana Rivas en las disputas por la custodia de los hijos. El Gobierno pretende limitar la custodia compartida cuando existan �indicios� de que puede afectar a la salud f�sica, ps�quica o emocional de los ni�os. El prop�sito declarado es protegerlos. El riesgo real es abrir una v�a ambigua para favorecer estrategias de parte, adem�s de difundir el mensaje de que los jueces est�n dictando sentencias da�inas para los menores.
La custodia compartida no es un capricho, sino la expresi�n de una evoluci�n social positiva: la corresponsabilidad de padres y madres en la crianza. Su crecimiento hasta superar a la custodia materna exclusiva refleja que la sociedad ha avanzado hacia un reparto m�s equilibrado de cuidados y obligaciones. Resulta parad�jico que un Gobierno que dice defender la igualdad plantee una reforma que dificulta ese equilibrio.
El problema no est� en escuchar m�s a los menores ni en impedir que ning�n ni�o conviva con un agresor. Eso ya forma parte del deber y la pr�ctica diaria de los jueces, que valoran caso por caso y adoptan medidas de protecci�n cuando existen motivos fundados. Lo cuestionable es el descr�dito del Poder Judicial en el que reincide el Gobierno, como si los tribunales impusieran custodias compartidas contra el bienestar de los hijos.
Igualmente grave es la vaguedad del da�o emocional cuando se vincula a simples indicios. En conflictos familiares, un progenitor puede manipular de forma insidiosa al hijo contra el otro. Negar de plano esa realidad, prohibiendo cualquier menci�n al llamado �s�ndrome de alienaci�n parental� -no reconocido por los psic�logos-, no protege necesariamente al menor, sino que puede dejarlo m�s expuesto al uso instrumental del conflicto. La protecci�n de la infancia y de la mujer exige pol�ticas firmes, no batallas ideol�gicas ni pretendidas reformas legales que dif�cilmente prosperar�n en el Congreso.