El Gobierno carece de autoridad moral para seguir administrando el deterioro. La cuestión de confianza que plantea Ayuso es una exigencia democrática
Isabel Díaz Ayuso, ayer en 'La España vertebrada'.
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La intervención de Isabel Díaz Ayuso en el foro La España vertebrada de EL MUNDO tuvo ayer un valor político capital. En un momento de profunda crisis política y moral por la acumulación de causas de corrupción, y mientras desde algunas esferas se plantea la hipótesis de que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura, la presidenta madrileña fijó una posición nítida: cuestión de confianza y, en última instancia, elecciones. La responsabilidad compete en primer término a Pedro Sánchez y, de forma inseparable, a sus socios: acorralado, en minoría y con aliados como el PNV pidiendo -aunque sea retóricamente -un adelanto electoral, el presidente está obligado a poner a prueba si cuenta con el elemento clave del sistema parlamentario: el apoyo mayoritario de la representación popular al Gobierno.
Tras las elecciones andaluzas, Ayuso es junto con Alfonso Rueda y Gonzalo Capellán la única presidenta del PP con mayoría absoluta. Desde esa posición reivindica su modelo de oposición frontal a Sánchez en defensa de la igualdad entre españoles y en favor de una alternativa de Gobierno cuyos desafíos son enormes. El PP no sólo debe gestionar con la cabeza fría la negación de la alternancia misma: también deberá acertar en la gestión del postsanchismo, abordando una regeneración profunda de las instituciones. Un «reinicio», en palabras de Ayuso, que incluya el desmantelamiento del entramado sectario que ha convertido al Estado en un botín y en una maquinaria de intervención partidista.
La imputación de Zapatero, el juicio al hermano del presidente, el sumario contra su esposa, la condena del fiscal general, las distintas causas en torno a Ábalos, Koldo y Cerdán, y ahora la investigación sobre Leire Díez dibujan un patrón político devastador. Sánchez no está en la periferia de estos escándalos, sino en su epicentro: todos ellos afectan a su entorno más próximo.
Especial gravedad reviste el auto sobre las cloacas del PSOE. Según la Audiencia Nacional, una trama liderada y pagada por el partido manejó más de medio millón de euros para desactivar causas judiciales que comprometían al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente. La relación personal entre Leire Díez y el ex presidente de la Sepi, los pagos desde Ferraz y los intentos de desacreditar a la UCO, jueces y fiscales revelan una presunta operación de obstrucción a la justicia de una gravedad extraordinaria. A ello se suma el papel de la directora de la Guardia Civil como eslabón necesario en un contexto en el que el poder político aparece volcado en protegerse de quienes le investigan.
Cada nuevo dato estrecha el cerco político sobre un presidente que se aferra al cargo mientras se degrada la confianza en las instituciones. Por muchísimo menos, España tendría que haber ido ya a elecciones. El Gobierno carece de autoridad moral para seguir administrando el deterioro. La cuestión de confianza que plantea Ayuso es una exigencia democrática. Si Sánchez cree conservar respaldo suficiente, debe demostrarlo. Y si no, permitir decidir a los españoles.