¿Qué se puede comprar por una libra esterlina en Londres? No se me ocurre nada que pueda obtenerse por ese precio. Ni siquiera un café. Mucho menos un billete de metro. No obstante, durante unos días de marzo pareció que podía ser el precio de algún tipo de justicia para las víctimas del IRA, la banda terrorista más letal de Europa, con más de 1.700 asesinatos.

Jonathan Ganesh, Barry Laycock y John Clark habían llevado a Gerry Adams, ex líder del Sinn Féin, ante los tribunales ingleses. Le reclamaban una simbólica libra en concepto de daños. Estas tres víctimas le acusaban de haber formado parte de la dirección del IRA y, por tanto, de ser el responsable último de los atentados que les habían ocasionado lesiones físicas y psicológicas.

Ganesh trabajaba en South Quay Docklands, Londres, cuando una explosión lo lanzó por los aires en febrero de 1996. Dos de sus amigos murieron en el atentado y él sufre un trastorno de estrés postraumático grave. Con el juicio, señaló, buscaba «algún tipo de justicia» para sí mismo y para otras víctimas del IRA.

Laycock resultó herido en el atentado contra una zona comercial de Mánchester en junio de 1996. Una bomba de 1.500 kilos, la segunda más grande de la historia británica, dejó a más de 200 personas heridas. La rápida actuación de la policía al evacuar el área permitió que no hubiese que lamentar fallecidos. Laycock sufrió lesiones en la espalda y las piernas. También padece un trastorno de estrés postraumático. Ante el juez declaró que su objetivo era que «se estableciera la verdad».

Clark fue víctima del ataque contra el Old Bailey, el Juzgado Central de lo Penal de Londres, el 8 de marzo de 1973. Ese día el IRA hizo explotar seis artefactos en Belfast, cinco en Londonderry y dos en Londres. Una persona falleció y 265 resultaron heridas. Aquello fue un punto de inflexión para el movimiento republicano: con la repercusión pública que tuvo el atentado en la capital, la banda aprendió que «una bomba en Londres valía por una docena en Belfast». El aciago descubrimiento marcó el inicio de su campaña inglesa, que duró 25 años y causó 115 víctimas mortales y 2.134 heridos.

Con el proceso judicial de estos días, Ganesh, Laycock y Clark pretendían demostrar que Gerry Adams no solo había sido un político del Sinn Féin, sino también una figura clave del IRA. Una hipótesis que ha sido sostenida durante mucho tiempo por historiadores y periodistas de investigación. Es el caso de Ed Moloney o de Patrick Radden Keefe, más conocido en España tras la publicación de su obra No digas nada (2018). En el mismo sentido han apuntado algunos ex miembros de la banda. Por ejemplo, en 2019, Des Long, quien formó parte de la dirección militar del IRA durante 17 años, afirmó que Gerry Adams la presidía.

Adams siempre ha negado ser miembro del IRA. En 1978 fue acusado de pertenecer a la organización, pero el caso fue archivado por falta de pruebas. Dos condenas por sendos intentos de fuga mientras se encontraba en prisión preventiva -las únicas dictadas contra él en relación con los Troubles- fueron anuladas en 2020. El Tribunal Supremo británico dictaminó que su detención había sido ilegal. Más tarde, en 2025, Adams ganó un juicio por difamación contra la BBC, que tuvo que abonarle 100.000 euros por afirmar que él había autorizado un asesinato en 2006. Los periodistas rehusaron revelar sus fuentes.

Gracias a la última demanda, el Tribunal Supremo del Reino Unido tenía la oportunidad de dirimir la responsabilidad de Adams en los terribles daños causados por el IRA. A lo largo de las diez jornadas de juicio, ex integrantes de la banda, miembros de la policía y del ejército y periodistas prestaron sus testimonios. Algunos de ellos son muy reveladores.

Shane O'Doherty, quien se unió al IRA con 15 años y se desvinculó de esta mientras cumplía condena por una campaña de atentados con cartas-bomba, declaró que Adams era una figura destacada del grupo terrorista.

Richard Kemp, ex coronel del ejército británico que tuvo acceso a documentación detallada sobre las actividades de Adams en el IRA, afirmó que el formaba parte de la dirección militar del grupo cuando ésta aprobó los atentados en suelo inglés. Kemp relató que los informes de inteligencia «dejaban muy claro que Gerry Adams fue comandante del IRA desde la década de 1970, sin duda hasta la firma del acuerdo de paz» y hasta el momento del desarme (2005). El militar aseguró que era «inconcebible» que Adams no hubiera participado en la autorización de los ataques: «Era tan culpable por los atentados como aquellos que colocaron las bombas».

Otro agente, un coronel del ejército de Belfast que había ayudado a recopilar datos sobre miembros del IRA entre 1972 y 1974, y que participó en el juicio como Testigo A, «creía de buena fe que [Adams] era un miembro activo de la organización. Explicó que, cuando hay motivos para creer que la información de inteligencia no es precisa, ésta se retira, pero que no recordaba ningún caso en el que se hubiera apartado alguna información sobre Adams. El oficial consideraba que su papel en el Sinn Féin habría sido imposible sin estar en la dirección del IRA: «Una convicción forjada a lo largo de muchos años por los servicios de inteligencia de que la dirección militar ejerce una influencia abrumadora».

El periodista John Ware, autor de un documental sobre Adams en 1983, afirmó que había entrevistado a miembros y ex miembros del IRA que criticaron el «negacionismo» del político republicano: «A muchos de ellos les molestaba que, cuando Adams decía que apoyaba firmemente la lucha armada, su negación de ser miembro del IRA le permitiera eludir la responsabilidad por sus acciones». Lo consideraban «insufriblemente hipócrita».

El último en hablar fue el propio Adams, quien ofreció el único testimonio a su favor ante el tribunal. No aportó ningún testigo y negó su pertenencia a la organización, pero matizó: «No me distancio del IRA, aunque tengo muy muy claro que se cometieron actos cobardes que nunca deberían haberse cometido». Cuáles de los actos del IRA considera condenables y cuáles no es una incógnita.

El día en que el asunto debía quedar visto para sentencia, los abogados de las víctimas retiraron la demanda. Los letrados justificaron la medida por la decisión del juez de examinar la posibilidad de que hubiese existido un «abuso del proceso legal», lo que abría la puerta a que los demandantes tuvieran que asumir la totalidad de los costes legales del demandado. Hasta ese momento, las víctimas habían sido titulares de una protección que evitaría que eso ocurriese incluso si el tribunal exoneraba a Adams. El cambio de criterio suponía un riesgo para su economía que no dejaba «otra opción realista» que la de apartarse. Los tres se mostraron devastados. Desaparecía así la oportunidad de que un tribunal se pronunciase sobre la responsabilidad personal de Adams. Quizá la última.

La primera acción de Adams tras el abrupto fin del proceso fue dar una rueda de prensa frente al mural de Bobby Sands, arquetípico mártir del IRA. Si bien alegó haber acudido al juicio por respeto a las víctimas, las acusó de calumnias y se mostró como el verdadero damnificado.

Resulta inevitable tratar de trazar paralelismos entre el caso del terrorismo británico y el español, aunque también son evidentes las divergencias. Aquí no existe ninguna duda de la pertenencia de Arnaldo Otegi a ETA. Como queda patente en obras como Héroes, heterodoxos y traidores (Tecnos, 2013), Otegi se integró en ETA político-militar en 1977 y no fue detenido, ya como miembro de ETA militar, hasta 1987: durante una década fue un terrorista en activo. Y fue condenado por ello. Ahora bien, no todas sus responsabilidades han sido esclarecidas por la Justicia. Forman parte de los casos sin resolver o solo parcialmente resueltos. También resta mucho por conocer sobre los dobles perfiles de quienes conformaban las distintas fachadas electorales de ETA.

Tanto en Reino Unido como en España las víctimas del terrorismo buscan justicia y verdad. Quienes han alentado o cometido violencia no solo tienen una responsabilidad penal o civil, sino también moral. La reparación ha de mostrarse con hechos, no con palabras. Y la mejor prueba sería tener el valor de esclarecer lo ocurrido. Sólo así, en aquellos casos en los que el sistema judicial no logra llegar al fondo, las víctimas podrán optar a algún tipo de justicia.